• La omisión y falta de atención efectiva del Gobierno del Estado agudiza el conflicto entre las comunidades de Chuxnaban y San Miguel Quetzaltepec, en la región Mixe.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
A LA JUNTA DE CONCILIACION AGRARIA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
A LA REGION MIXE
A LA SOCIEDAD CIVIL

En las últimas horas nos hemos enterado de la situación tensa que prevalece entre las comunidades de San Juan Bosco Chuxnaban y San Miguel Quetzaltepec, en la región mixe, donde se registró un enfrentamiento, por lo que hacemos un llamado URGENTE al Gobierno del Estado de Oaxaca para que intervenga de manera efectiva e inmediata para evitar pérdidas de vidas humanas ante la agudización del conflicto.

Así mismo denunciamos que el día domingo 29 de julio del presente año, a las 4. 00 p.m. se suscitó una emboscada en el camino que conduce a la comunidad de Santa Cruz Condoy, donde perdió la vida el ciudadano RAMBERTO ROMERO MARTINEZ, quien fungía como tesorero municipal de San Juan Bosco Chuxnaban, cuando se dirigía a dejar sus bestias mulares al campo.

La falta de una respuesta efectiva por parte del Gobierno del Estado, para garantizar la seguridad de la zona se ha traducido en un nuevo enfrentamiento con consecuencias fatales. Las pérdidas humanas y el enfrentamiento entre ambas comunidades derivan del conflicto de la distribución de las participaciones municipales, trascendiendo a profundizar el conflicto agrario que vienen sosteniendo desde hace varios años ambas comunidades.

Ante esta lamentable situación, que en lo que va del año ha cobrado ya 3 vidas, hacemos un llamado urgente al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa para su:

• Intervención inmediata y efectiva para la resolución de conflicto entre ambas comunidades.
• Investigación exhaustiva de los crímenes cometidos con debida diligencia con los más altos estándares internacionales en Derechos Humanos.
• Condenamos y rechazamos enérgicamente los actos de violencia entre las comunidades y la falta de atención adecuada del estado para poner fin al conflicto entre estas dos comunidades.

Así mismo hacemos un llamado a las comunidades involucradas a evitar el uso de la violencia y privilegiar el diálogo, como medida para resolver los conflictos.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 02 de agosto del 2018.

Atentamente.
Organizaciones Integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: SERVICIOS DEL PUEBLO MIXE A.C, Tequio Jurídico A.C., Servicio para una Educación Alternativa A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez S.C, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

COMUNICADO-QUETZAL CHUXNABAN

Este verso es un tesoro, y pronunciarlo sí se debe, el agua vale más que el oro, porque el oro no se bebe…

Reunidas en San Antonino Castillo Velasco, en el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, 30 comunidades indígenas y campesinas que conformamos los Valles de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, y 25 organizaciones hemos decidido rechazar categóricamente cualquier proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, nuestros sistemas productivos, nuestro tejido social, medio ambiente, nuestros sistemas normativos y territorios.

Denunciamos que desde hace más de diez años, nuestros territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin nuestro consentimiento, hasta el momento 160 mil hectáreas de los Valles Centrales se encuentran en peligro, principalmente por la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.

Dichas empresas han impulsado a Oaxaca como el octavo estado de la república en explotación de oro y plata, sin embargo para nuestras comunidades su operación se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones físicas, daños irreversibles a nuestro medio ambiente, rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos.

Durante más de diez años hemos denunciado ante las instancias federales y estatales, la violencia desmesurada con la cual operan dichas empresas en nuestros territorios, sin embargo no hemos recibido ninguna respuesta de las mismas, por lo que en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, las comunidades zapotecas de los Valles Centrales, declaramos nuestros territorios como “prohibidos para cualquier actividad de prospección, exploración y explotación minera”.

Los pueblos y comunidades de los Valles Centrales, hemos decidido por la vida, la paz y el desarrollo comunitario desde nuestras propias  cosmovisiones y en respeto profundo de nuestra madre tierra; manifestamos que la minería no representa ninguna opción de desarrollo para nuestros pueblos y sus habitantes.

Ante la negligencia y contubernio de las autoridades y la opacidad y violencia de las empresas mineras, hemos tomado la decisión de constituirnos en la Asamblea de los Valles Centrales Frente la Minería, por lo que nos declaramos en alerta máxima ante la imposición de diversas concesiones y proyectos mineros en nuestros territorios. En este sentido hacemos los siguientes ACUERDOS:

1. Manifestamos nuestro compromiso en seguir defendiendo a nuestra Madre Tierra, cuidar y defender el agua que nos da la vida, así como todos los bienes comunes presentes en nuestros territorios.
2. Nuestros ejidos y comunidades son territorio prohibido para la minería, dicha prohibición incluye toda actividad que tenga por objeto modificar o extraer los bienes comunes de nuestro territorio.
3. No firmaremos ni autorizaremos ningún tipo de permiso, convenio, contrato, documento o instrumento legal, que tenga por objeto extraer nuestros bienes comunes.
4. No autorizaremos el cambio de uso de suelo para realizar actividades mineras en los territorios municipales.
5. Nos reconocemos como parte del Pueblo Zapoteco, por lo que asumimos el compromiso de defender nuestros territorios desde nuestras asambleas, de manera organizada, pacífica y por todos los medios legales.
6. Rechazamos el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR) que pone en riesgo nuestra propiedad social.
7. Convocamos al Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca con el objetivo de hacer frente al modelo extractivo, visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros. Dicho Juicio se realizará los días 11 y 12 de octubre de 2018 en la Ciudad de Oaxaca.

A los gobiernos federal y estatal, a las autoridades electas del poder ejecutivo y legislativo, y a las autoridades municipales planteamos las siguientes EXIGENCIAS:

1. Cancelación inmediata del Corredor Industrial Minero que pretenden imponer en los Valles Centrales, particularmente exigimos la cancelación de los proyectos mineros “San José”, “Trinidad Norte” y “El Águila”, operados por las compañías Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, en los municipios de San José del Progreso y San Pedro Totolapan.
2. Exigimos justicia para Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez asesinados en 2012 por su trabajo de defensa de los territorios en San José del Progreso.
3. Cancelación de las concesiones mineras que han sido impuestas en los Valles de Ocotlán, Zimatlán, Tlacolula, Ejutla y Miahuatlán. Reiteramos que no cuentan con nuestro aval, ni consentimiento para realizar ningún trabajo en nuestros territorios.
4. Exigimos se detenga la criminalización y agresiones hacia las y los defensores, movimientos y medios de comunicación en defensa de los territorios.
5. Expresamos nuestra condena a los actos violentos, las recientes masacres y asesinatos ocurridos en las regiones de la Sierra Sur, Costa, Sierra Norte, Istmo y Valles Centrales.
6. Nos pronunciamos en contra de los asesinatos como medio para dirimir los conflictos internos por la tierra, principalmente entre San Lucas Ixcotepec y Santa María Ecatepec. La violencia desmedida no se trata de situaciones aisladas, tal como lo ha colocado el Gobernador del Estado de Oaxaca, estas acciones responden a intereses particulares, por lo que no existe una efectiva atención del Estado en estos hechos. Exigimos al Estado garantice la paz entre comunidades.
7. Nos solidarizamos con las comunidades y movimientos que se han visto afectados por la escalada de violencia en el estado, principalmente con las compañeras y compañeros de CODEDI, quienes han sufrido asesinatos y detenciones en los últimos meses, así como compañeras y compañeros de San Miguel Cajonos donde fueron desaparecidas 3 personas desde el 27 de diciembre de 2017 en el marco de la imposición de un proyecto minero y un conflicto agrario intercomunitario, por lo que exigimos justicia y castigo a los responsables de estos hechos.
8. Responsabilizamos a las autoridades por cualquier agresión, criminalización o amenazas que se susciten en el marco de nuestra defensa del territorio, exigimos se garantice el derecho a la información, libre expresión y manifestación, derechos reconocidos constitucionalmente.
9. A las autoridades electas les expresamos que no permitiremos ningún proyecto minero en nuestra región bajo ninguna circunstancia, exigimos el respeto a nuestra determinación: ¡ni una concesión o proyecto minero más en nuestros territorios! ¡cancelación de las concesiones mineras otorgadas desde hace diez años!

¡Sí a la Vida, No a la Minería!

¡Ni Oro Ni Plata, la Minería Mata!

¡De la Sierra hasta el Desierto, Ni en Túnel, Ni a Cielo Abierto!

¡No queremos Anillo de Oro Ver, Queremos Tlayuda para Comer!

ASAMBLEA DE LOS VALLES CENTRALES CONTRA LA MINERÍA

 Comunidades: Barda Paso de Piedra, San Antonino Castillo Velasco, San Juan Chilateca, San Felipe Apóstol, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, El Vergel y su Anexo los Ocotes, San Nicolás Yaxe, Santiago Apóstol, San Pablo Güilá, San Míguel Panixtlahuaca, Santa Catarina Minas, San Miguel Ejutla, San Miguel Cajonos, Magdalena Teitipac, San Felipe Apóstol, Ocotlán de Morelos, Tejas de Morelos, San Pedro Mártir, San Martín Tilcajete, San Matías Chilazoa, San Isidro Zegache, San Jacinto Ocotlán, San Sebastián Ocotlán, Santiago Apóstol, La Guadalupe, La P, San Matías Chilazoa, La Noria de Ortíz, San José del Progreso, Miahuatlán.

Organizaciones y Colectivos: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Tequio Jurídico A.C., Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca-UNOSJO S.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., Coordinadora de los Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA), Oxfam México,  Comisión Diocesana Pastoral Social de la Fé, Comité de Desaparecidos San Miguel Cajonos, Colectivo Espacio Kruz, Centro de Estudios de la Región Cuicateca-CEREC, SURCO A.C., Maderas del Pueblo del Sureste, Red de Defensores y Defensoras de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM), CFAFMD Miahuatlán de Porfirio Díaz, Grupo de Investigación-Acción Autónoma, Colectivo Orión, Estudio Mantis, Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán COPUVO, INSO A.C., Taller de Difusión Zapoteca, F.P.R. Asamblea Estudiantil y Popular de Radio Universidad de Oaxaca.

Dado en el Auditorio de la Escuela “Esteban Vásquez”, San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, México. A 22 días del mes de julio de 2018.

El día 6 de junio del presente año, el Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto, firmó un Decreto Presidencial para levantar más de diez Vedas y crear zonas de reservas de aguas nacionales que corresponden al 40 por ciento de las cuencas del país, las cuales contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.

Levantar las Vedas para crear Zonas de Reserva Parcial, más allá de ser una protección jurídica sobre las aguas superficiales para garantizarlas a las futuras generaciones y preservar el equilibrio ecológico, como lo pretenden hacer ver la CONAGUA, SEMARNAT tiene efectos jurídicos totalmente contrarios, ya que flexibilizan el uso y aprovechamiento del agua a las empresas transnacionales y empresas privadas interesadas.

Cabe destacar que la organización WWF (activa promotora del establecimiento de las Zonas de reserva Parcial) se atribuye una representación que nadie le ha dado, pues el proceso de emisión de estos decretos no contó con la participación de la ciudadanía, por lo que desconocemos los intereses internacionales a los cuales dicha organización está sujeta.

La Ley de Aguas Nacionales, dispone que en una zona vedada no se autoriza ningún aprovechamiento de agua, adicional a los establecidos previamente a su promulgación, en cambio, en una Zona de Reserva se puede realizar aunque con algunas limitaciones, la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa de restauración, conservación o preservación o cuando el Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública.

La creación de Zona de Reserva Parciales es el instrumento más flexible que encontraron para en efecto garantizar un volumen para el uso público urbano y ambiental, liberar el resto para la explotación, el uso y aprovechamiento del agua para cualquier uso, incluyendo el sector industrial, si las autoridades lo consideran de utilidad pública. Además los decretos establecidos no tienen una mirada holística de las cuencas, ya que en ellos no se establecen directrices sobre el uso, protección y cuidado de las aguas subterráneas.

El levantamiento de las Vedas, que protegían la extracción y aprovechamiento del agua, violentan gravemente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas como el derecho a la libre determinación y autonomía, para que decidan libremente sus aspiraciones sobre sus bienes naturales, y rompen la relación incluso espiritual que los pueblos guardan con el agua, así como el derecho a la consulta, libre, previa e informada.

Entre las comunidades afectadas se encuentran las  asentadas en los estados de Guerrero, Veracruz y Oaxaca, donde podría haber serios impactos en los territorios de las comunidades indígenas, quienes son las que resguardan el agua  y que han quedado fuera de la discusión y la decisión sobre el uso y manejo de este bien natural.

Estos Decretos instrumentan el camino para otorgar la certeza jurídica sobre el agua al sector privado, por lo que a la salida del actual gobierno priista entrega a la inversión privada no solo de los hidrocarburos y minerales sino ahora también con la entrega del agua.

En Oaxaca, las zonas de reserva se han dado en dos de las principales cuencas del estado: Atoyac y Papaloapam, bajo el argumento de que el agua existente en ellas se desperdicia, sin embargo la región donde se estableció la reserva parcial correspondiente a las subregiones Río Papaloapan y Papaloapan A, de la Región Hidrológica número 28 Papaloapan, es una zona donde hay proyecciones para la explotación de hidrocarburos vía fracking, establecimiento de minas y la generación de energía eléctrica hidroeléctricas. Hasta ahora comunidades chinantecas se oponen a la construcción de una presa.

Otras de las regiones afectadas es la correspondiente a la Región Hidrológica número 20, Costa Chica de Guerrero, donde se encuentran principales Ríos como: Río Atoyac-Salado, Río Atoyac-Tlapacoyan, Río Sordo-Yolotepec, Río Atoyac-Paso de la Reina y Río Verde. En ésta última las comunidades de la costa oaxaqueña han estado en resistencia por más de 10 años ante la pretensión del Estado de construir varios proyectos hidroeléctricos, entre ellos el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina.

Estos proyectos desde la visión del Estado son de interés y de utilidad pública y necesitan de gran cantidad de agua para su funcionamiento. Con esto podemos ver claramente que el agua está reservada para las empresas privadas, más allá del beneficio para las futuras generaciones y la conservación ambiental, como lo maneja en su discurso actual.

Las organizaciones y comunidades firmantes externamos nuestra preocupación ante las constantes violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas sobre sus tierras y territorios, reconocidos en los Tratados Internacionales firmados por el Estado Mexicano.

Ante esta situación grave de violaciones a los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas hacemos un llamado a:

• A los Pueblos, Comunidades, Organizaciones Sociales, autoridades municipales y agrarias a ejercer el derecho a la libre determinación, el agua para las comunidades NO ES UNA MERCANCÍA, es un bien natural que tiene que ser respetado y cuidado.
• A las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos a pronunciarse y exigir al Gobierno Mexicano, el respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la no mercantilización de los bienes naturales que se encuentran dentro de sus territorios.
• Exigimos la cancelación de los proyectos hidroeléctricos La Parota, Paso de la Reina, Proyecto Usila, que a raíz de estos decretos pretenden ser reactivados para beneficio de las empresas, a pesar de la oposición de los movimientos como el CECOP, COPUDEVER y la asamblea comunitaria de San Felipe Usila.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 27 de junio del 2018.

Porque son Nuestra Fuente de Vida, Defendamos Nuestros Territorios:

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Tequio Jurídico A.C, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C, Servicios para una Educación Alternativa A.C EDUCA, Servicios del Pueblos Mixe Ser Mixe A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., Frente de Autoridades Agrarias y Municipales (FAMA), Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA)