La COPUVO hace un llamado al Ayuntamiento de San José del Progreso a mantener el diálogo y denuncia actos de intimidación (Boletín de prensa)

Boletín de Prensa, versión original en pdf: BOLETIN COPUVO 19-02-19

  • La COPUVO hace un llamado al Ayuntamiento de San José del Progreso a mantener el diálogo para la reconstrucción del tejido comunitario.
  • La COPUVO denuncia actos de intimidación hacia sus integrantes debido al incremento de detonaciones de armas de fuego de alto calibre.

Las Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) hacemos un llamado al Ayuntamiento de San José del Progreso a mantener el dialogo que permita generar las condiciones para la reconstrucción de tejido comunitario y la paz dentro de la comunidad. Le demandamos la continuación de la mesa de dialogo generada por la Secretaria General de Gobierno el 4 de febrero del 2019.

La COPUVO recuerda que dicha mesa se instaló el mismo día en que el presidente municipal intento recuperar el Palacio Municipal que resguarda la coordinadora, incrementando los niveles de tensión que vivimos desde la llegada del proyecto minero impuesto por la Empresa Minera Fortuna Silver Mines, en el año 2006. Sigue leyendo

Exigimos justicia para Samir Flores Soberanes

Oaxaca de juárez, Oaxaca. 20 de febrero de 2019.

El día de hoy recibimos la noticia indignante del asesinato del defensor y comunicador Samir Flores Soberanes.

Dicho asesinato se da en el marco de la realización de una consulta que carece de legitimidad y legalidad en el estado de Morelos. El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios se solidariza con las organizaciones y movimientos que se encuentran en la defensa de los territorios y se suma a la exigencia de justicia para el compañero y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

Exigimos al ejecutivo federal detener la consulta hasta que se haya esclarecido este artero asesinato. La consulta no puede realizarse en el marco de un clima de hostigamiento, amenazas y agresiones hacia defensoras y defensores del Territorio.

Porque son nuestra fuente de vida, defendamos nuestros territorios.

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Exigimos no criminalizar la defensa de nuestro territorio comunal San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca Comunidad Indígena Chocholteca

COMUNICADO DE PRENSA

Ante la información periodística difundida en diversos medios de comunicación, en especial el publicado con el título “POBLADORES DE TEJUPAN RETIENEN A TRES PERSONAS POR PRESUNTO INTENTO DE ROBO DE GANADO”, el día doce de febrero del presente año, por la Agencia de Noticias IGAVEC, en Huajuapan de León, Oaxaca, en la dirección digital http://igabenoticias.com/pobladores-de-tejupan-retienen-a-tres-personas-por-presunto-intento-de-robo-de-ganado/, asimismo, la reproducción de la misma información en las redes oficiales de twitter y Facebook de la mencionada Agencia de Noticias, nos vemos en la necesidad de alzar nuestra voz, para realizar las siguientes aclaraciones y precisiones:

Al respecto, señalamos:

  1. La nota periodística es falsa, parcial e imprecisa, pues asume como verídicas las afirmaciones de los pobladores del Municipio de Villa Tejupan de la Unión, Oaxaca, sin otorgar el derecho de réplica a las tres personas. Conforme a la información presentada, toda vez que no precisa los nombres de las tres personas retenidas, hacemos la aclaración que dichas personas son los CC. LUIS PEREDA CRUZ, CRISPIN SALINAS LOPEZ, Y FERNANDO BALTAZAR GOMEZ, quienes son comuneros de nuestra comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca.
  2. Los comuneros LUIS PEREDA CRUZ, CRISPIN SALINAS LOPEZ, Y FERNANDO BALTAZAR GOMEZ, de manera ilegal fueron privados de su libertad a las 12:00 horas del día domingo diez de febrero de 2019 y liberados a las 22:00 horas del mismo día, con la mediación del Lic. Librado Villarreal Fuentes, de la Vicefiscalía Regional en la Mixteca, asimismo, las autoridades de nuestra comunidad como el Comisariado de Bienes Comunales y la Autoridad Municipal.
  3. Aclaramos que quienes ilegalmente privaron de su libertad a nuestros comuneros, fueron los policías municipales del Municipio de Villa Tejupan de la Unión, acompañados de un grupo de 50 personas del poblado de Tejupan, fueron trasladados a la Cárcel Municipal en donde permanecieron totalmente incomunicados y bajo constantes amenazas de muerte por los pobladores de Tejupan. Nuestros hermanos de Suchixtlahuaca, no estaban robando animales, ellos, se encontraban haciendo recorridos de vigilancia en el territorio propiedad de nuestra comunidad, precisamente en el paraje que denominamos “LAS CANTERAS”, actividades propias del cargo de GUARDAMONTES, el cual, tienen asignado por la Asamblea de nuestra comunidad. Los suscritos, tuvimos conocimiento de estos hechos por otros tres GUARDAMONTES que se encontraban en ese paraje y, de inmediato nos trasladamos al Municipio de Tejupan Villa de la Unión, para aclarar la situación y rescatar a nuestros comuneros. En dicho municipio no nos permitieron ver a nuestros comuneros y los pobladores se fueron reuniendo y amenazaban con rociarlos de gasolina y quemarlos; fue hasta entrada la noche cuando por la intermediación del personal de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, que se pudo establecer el diálogo. Tras la firma del pretendido acuerdo, liberaron a nuestros comuneros y los trasladamos a nuestra comunidad.
  4. Por lo anterior, aclaramos que los CC. LUIS PEREDA CRUZ, CRISPIN SALINAS LOPEZ, Y FERNANDO BALTAZAR GOMEZ, son comuneros de San Cristóbal Suchixtlahuaca, personas honradas y honorables con un modo honesto de vivir, no son delincuentes, ni roban ganados, como falsamente se les pretendió acusar, solo por proteger nuestro territorio comunal. Esto se puede corroborar atendiendo al contenido del convenio que bajo amenazas nos hicieron firmar las autoridades y pobladores de Villa Tejupan de la Unión, como condición para lograr la liberación de nuestros comuneros, mismo que evidentemente carece de validez y es nulo de pleno derecho, en el cual se puede leer:

“en cuanto se vea el ganado propiedad de la gente de villa Tejupam de la unión, Teposcolula, Oaxaca; se comunicaran con el comisariado de bienes comunales y con la presidencia municipal de villa Tejupam de la Unión, Teposcolula, Oaxaca, así como se abstendrán los guarda montes de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca de entrar y retener cualquier ganado que nade en dicha área en conflicto entre las dos comunidades Villa Tejupam de la Unión, Teposcolula, Oaxaca y de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca, hasta que no se resuelva ante las autoridades competentes”

 “…los ciudadanos LUIS PEREDA CRUZ, FERNANDO BALTAZAR GÓMEZ, CRISPÍN SALINAS LÓPEZ y que en este momento quedan en libertad para que se trasladen a su comunidad de origen, así mismo el síndico municipal hace entrega en este acto de un caballo color bayo con montura, tres machetes, tres celulares, y un gafete que dice guardamontes recibiéndolos en este acto por las partes requeridas”

Precisamos, que el área en conflicto que refieren, en la actualidad ya no existe, pues, tal conflicto ya fue resuelto por la autoridad competente, en donde nuestra comunidad obtuvo a su favor la sentencia emitida el día 12 de febrero de 2004, emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, en el expediente número 41/92, de su índice, misma que fue ejecutada el 26 de septiembre del año 2007.

Por todo ello:

  1. Desmentimos la falsa acusación en contra de nuestros comuneros CC. CC. LUIS PEREDA CRUZ, CRISPIN SALINAS LOPEZ Y FERNANDO BALTAZAR GOMEZ, ellos, son comuneros de San Cristóbal Suchixtlahucaca, con un modo honesto de vivir que actualmente cumplen el cargo de Guardamontes en nuestra comunidad.
  2. Nos deslindamos y desconocemos el convenio que pretendieron hacernos firmar los pobladores de Tejupan Villa de la Unión, bajo presión y amenazas, conforme se ha descrito, el conflicto de límites ya fue resuelto y, por lo anterior, seguiremos vigilando y protegiendo nuestro territorio comunal, como lo hemos hecho siempre, tal como lo ha determinado nuestra Asamblea General de Comuneros.
  3. Ratificamos nuestra postura de mantener la buena convivencia, paz y armonía con las comunidades circunvecinas, basada en el respeto pleno de nuestros derechos tanto individuales como colectivos.
  4. Exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca, que adopte las medidas pertinentes y necesarias para garantizar la integridad de nuestro territorio comunal y en especial la integridad de nuestros comuneros y comuneras, no es posible que se violen sus derechos humanos impunemente y se criminalice su encomienda de vigilar y proteger nuestro territorio comunal.

ATENTAMENTE

AUTORIDAD MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA

San José del Progreso, Oaxaca, en riesgo de confrontación

Por medio de este comunicado, hacemos visible el autoritarismo y abuso de poder de Servando Díaz Vásquez, con su terquedad de querer abrir el Palacio Municipal de manera violenta y que ha actuado con grupos paramilitares, ya que esa no es la solución verdadera a la problemática que se vive en San José del Progreso.

Desde el año 2008, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), ha exigido por todos los medios al gobierno poner atención a la problemática generada en nuestro municipio por el proyecto minero San José, desde la llegada de Fortuna Silver Mines ha aumentado la violencia en nuestra comunidad.

Hacemos responsable a la empresa minera, a la Secretaría General de Gobierno a Servando Díaz Vásquez y a todo su cabildo por cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de pobladores de San José del Progreso, de igual forma exigimos a las autoridades que intervengan de manera imparcial y que garanticen la seguridad e integridad de los miembros de la CPUVO.

¡No queremos más agresiones ni asesinatos!

Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán

Comunicado Urgente: San José del Progreso en riesgo de confrontación por decisiones unilaterales del H. Ayuntamiento

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 03 de febrero de 2019.

Las organizaciones que integramos el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios hemos recibido información que las autoridades municipales de San José del Progreso pretenden  “recuperar” el día 4 de febrero el palacio municipal de la comunidad, sin mediar ningun acuerdo con la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO). Nos preocupa que  esto derive en una confrontación que eleve el clima de violencia en San José derivados del proyecto minero “San José”

Advertimos que esta situación podría generar un enfrentamiento en la población y poner en riesgo la integridad de mujeres y hombres de la comunidad;  la CPUVO, mantiene tomada dicha instalación desde 2009, fecha en que Fortuna Silver Mines se impuso en la comunidad con el proyecto minero.

Nos solidarizamos con la Cpuvo en su lucha contra la minería y la defensa de sus derechos fundamentales, por lo que  exigimos a las autoridades estatales y federales inmediata intervención para evitar cualquier confrontación en la comunidad.

A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, exigimos dicte las medidas pertinentes urgentes para evitar violaciones a los derechos humanos de difícil reparación. Es importante mencionar que 3 defensoras y defensores, integrantes de la CPUVO cuentan con medidas cautelares debido al conflicto derivado del proyecto minero (Rosalinda Dionicio Sánchez, Hilario Ignacio Vásquez Gómez, Ivon Vásquez Hernández), en el cual además han sido asesinados 2 defensores de derechos humanos.

Responsabilizamos al Estado y la Empresa Minera, de cualquier situación que pueda derivar de los anuncios que ha hecho el Presidente Municipal de recuperar el palacio municipal, sin privilegiar el diálogo y el respeto de los derechos Humanos.

Porque son nuestra fuente de vida, defendamos nuestros territorios.

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh A.C.

Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

Servicios del Pueblo Mixe, Ser A.C.

Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C.

Tequio Jurídico A.C.

Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C.

 

“Oaxaca territorio prohibido para la minería”: exigencia de pueblos, comunidades y organizaciones frente al nuevo gobierno federal (Pronunciamiento e Informe)

informe mineria juicio-> Atención al dictamen final del Juicio Popular en contra del Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca.

– > Emisión de Moratoria que declare el territorio estatal: Prohibido para la Minería.

-> Cancelación de concesiones mineras y proyectos vigentes en el estado, impuestas sin el consentimiento de las comunidades.

-> Leyes y políticas públicas que respeten los derechos de los pueblos indígenas y equiparables.

Los días 11 y 12 de octubre del presente año se realizó en la Ciudad de Oaxaca el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras” con la participación de 52 comunidades, quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería de cinco regiones en la entidad (Valles Centrales, Sierra Sur-Costa, Sierra Norte, Mixteca-Cañada e Istmo).

Hoy 10 de diciembre, en el marco del Día internacional de los Derechos Humanos, venimos a manifestar nuestras exigencias frente al nuevo gobierno federal, a la luz del dictamen final emitido por el jurado del Juicio Popular, integrado por expertas y expertos internacionales. Dicho dictamen se emite a partir de la evidencia presentada sobre violaciones a derechos humanos de pueblos y comunidades de Oaxaca, que incluyen afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalizacion de autoridades comunitarias y de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad generalizada en las regiones donde operan estos proyectos mineros por parte de empresas mineras, grupos de choque instancias del Estado.

Exigimos:

Que se atienda a cabalidad el dictamen final del Juicio Popular en contra del Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca y en ese sentido que se cancelen las 322 concesiones y los 41 proyectos mineros vigentes en el estado, ya que estos se impusieron sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y en violación de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía a nuestra integridad cultural, a administrar y controlar nuestros territorios y a mantener la propiedad colectiva de nuestras tierras y bienes comunes naturales. Quedó evidenciado que existe una descalificación sistemática de las instancias tradicionales de toma de decisión comunitaria; en particular, se perpetua la práctica de las empresas de firmar acuerdos individuales, aun sabiendo que los órganos de toma de decisión en las comunidades son las asambleas. Los pueblos de Oaxaca hemos decidido: Sí a la Vida, No a la Minería.

Que se suspenda de forma inmediata la entrega títulos mineros hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución, la derogación de la actual ley minera y otras que guardan relación con esta industria. Asimismo, que se aprueben leyes y políticas públicas que protejan los derechos de los pueblos indígenas y equiparables que los reconozcan como sujetos de derecho público y incluyan mecanismos efectivos de reparación integral de daño ocasionado.

Que se garantice a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad. Asimismo, ratifique por parte del Senado de la República, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Que se detenga la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas. En el Juicio Popular, se produjo evidencia de hostigamiento, agresiones y asesinatos en perjuicio de integrantes de comunidades por parte de grupos de choque armados y del crimen organizado que han actuado para debilitar la oposición de las comunidades frente al ingreso de la minería en sus territorios. De la misma forma se han evidenciado violaciones al derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua y derecho a la salud, por la contaminación producto de las actividades de exploración y explotación minera.

Que se cree de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.

Que se cumpla con las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos al estado mexicano, en particular de las relatorías especiales de naciones unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos.

El extractivismo se coloca como una amenaza significativa para la reproducción de nuestra vida comunitaria y no como la opción de desarrollo que pregonan los gobiernos federal, estatal, y empresas privadas. En menos de treinta años, se ha profundizado la pobreza, la migración masiva, el deterioro del tejido social comunitario y ha habido una fuerte represión de quienes nos oponemos a este modelo económico. Todo esto al servicio de grandes corporaciones y caciques locales.

Por todo eso, y con la legitimidad que nos brindan las decisiones de nuestras asambleas comunitarias que declaran nuestros territorios libres de minería, decimos:

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

¡Oaxaca territorio prohibido para la minería!

Pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes en el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca

 

Desgarcar INFORME Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras

Informe Juicio Popular Comunitario contra del Estado y las Empresas Mineras

Organizaciones y comunidades participantes en el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras”, realizado en octubre del 2018, invitan a la conferencia de prensa para presentar el dictamen final y el informe del ‘Juicio Popular Comunitario contra del Estado y las Empresas Mineras’ que se llevó a cabo el 11 y 12 de octubre en Oaxaca.

Descargar  INFORME Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras

Comunidades y organizaciones en Oaxaca darán mensaje al nuevo Gobierno Federal y presentarán informe

Organizaciones y comunidades participantes en el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras”, realizado en octubre del 2018, invitan a la conferencia de prensa para presentar el dictamen final y el informe del juicio. Se contará con la presencia de comunidades afectadas por proyectos mineros.

Fecha: Lunes 10 de diciembre a las 11 horas

Lugar: Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, frente al Palacio de Gobierno.

LAS CONSULTAS IMPULSADAS POR AMLO, VIOLAN DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y CONTRAVIENEN TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR MÉXICO

– LAS CONSULTAS CIUDADANAS LEGITIMAN EL DESPOJO DE TERRITORIOS INDIGENAS POR ACCIONES DEL GOBIERNO Y EMPRESAS

Boletín de prensa del Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la realización de una consulta popular a realizarse los próximos días 24 y 25 de noviembre para para preguntar al pueblo de México si está de acuerdo en la construcción del “Tren Maya”, el tren del Istmo de Tehuantepec y la reforestación de un millón de hectáreas, entre otros proyectos.

Reconocemos la disposición del próximo gobierno de implementar mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas, como de la consulta popular; sin embargo, consideramos que el próximo gobernante se ha precipitado en consultar, ya que por un lado no está respetando los protocolos internacionales para la realización de la consulta indígena y por otro no se ha proporcionado la información suficiente y necesaria para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tomar sus decisiones.

Estamos fuertemente preocupados de que en la próxima consulta que se pretende realizar, sobre el “Tren Maya”, el “Tren del Istmo” y la reforestación de un millón de hectáreas, entre otros proyectos, vaya a utilizar el mismo procedimiento que se utilizó para la consulta sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, toda vez que en estas regiones se encuentran presentes pueblos y comunidades indígenas; por un lado comunidades mayas y por el otro lado comunidades zapotecas. Realizar la consulta del modo planteado ocasionará violaciones sus Derechos Humanos, y llevará en retroceso los mínimos avances de nuestro país en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmado y ratificado por el gobierno mexicano y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno mexicano está obligado a celebrar consultas hacia los pueblos indígenas, de buena fe, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Con la reforma Constitucional del 10 de junio del 2011, con en materia de derechos humanos quedo establecido que todas las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, así como los Convenios y Tratados Internaciones y las jurisprudencias de la Corte Interamericana, entre otros.

En consecuencia, se vuelve indispensable que la consulta a pueblos indígenas deba ser previa a la realización del proyecto; libre, por lo que no debe estar condicionada a algún tipo de apoyo o realizarse bajo algún tipo de presión; culturalmente adecuado; y para realizarla se debe proporcionar información de las posibles afectaciones al menos en los ámbitos económicos, sociales, culturales y ambientales; a fin de alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento.

La consulta que se ha anunciado por el Presidente electo no cumple con los procedimientos que se han mencionado anteriormente y es totalmente violatorio a los Derechos Humanos, adicionalmente quien está consultando es un gobierno que aún no entra en funciones, por lo que aún no cuenta con la autoridad para realizarla.

La implementación de la consulta popular en los territorios indígenas, abonaría más a la grave discriminación, e invisibilizaciòn a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y seria contrario lo que se ha escuchado en los medios de comunicación respecto al reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Manifestamos que las organizaciones y los pueblos indígenas NO permitiremos que se sigan violando nuestros derechos humanos, y nos sigan despojando de nuestros territorios bajo el amparo del interés público, a través de consultas que no cumplen con los mínimos estándares internacionales.

Hacemos un llamado a los pueblos y sus organizaciones a defender por todos los medios posibles los derechos colectivos de nuestros pueblos y no permitir acciones para legitimar el despojo a nuestros territorios.

Al pueblo de México le pedimos que no se preste a simular una acción de participación ciudadana que pasará sobre los derechos de los pueblos que hemos dado sustento a esta nación.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 23 de noviembre del 2018.

Organizaciones Integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio.

Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez S.C., Tequio Jurídico A.C., Servicios para una Educación Alternativa, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

 

Mineras responsables de 22 casos de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas. Exigen comunidades cancelación de concesiones y derogación de la Ley Minera

Comunidades indígenas de Oaxaca denuncian asesinatos de personas defensoras, contaminación de los bienes comunes y fractura de las instancias de organización comunitaria como resultado de la actividad minera en el estado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 12 de octubre de 2018.- Veintidós casos de violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas fueron presentados en el ‘Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y las Empresas Mineras’ que se llevó a cabo el 11 y 12 de octubre en Oaxaca.

El Juicio Popular hizo posible que los pueblos y comunidades ejercieran su derecho a la protesta, la libre determinación y autonomía en un espacio seguro, lo que les permitió denunciar abusos y violaciones a derechos fundamentales, ante la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones e impartir justicia.

Estuvieron presentes autoridades y miembros de los pueblos Chatino, Chontal, Cuicateco Ikoots, Mixe, Mixteco, Zapoteco y mestizo, en representación de 52 comunidades de regiones de Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca. Las y los representantes de los pueblos presentaron evidencias para denunciar proyectos mineros que se implementan con engaños o condicionamientos -incluyendo la criminalización y la represión- violentando el derecho a la vida de las personas y el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

Las denuncias fueron presentadas a un jurado integrado por expertas y expertos internacionales, dando cuenta de la forma en que los proyectos mineros debilitan las instancias de organización como las asambleas comunitarias, atacan e incluso desaparecen o asesinan a personas defensoras, contaminan el agua y destruyen las zonas de siembra, ante la omisión o complicidad del estado. Actualmente se encuentran activos en Oaxaca, 41 proyectos mineros que pertenecen empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La Secretaría de Economía ha otorgado 322 concesiones mineras de 2002 a 2016 en el estado de Oaxaca. Estas concesiones abarcan una superficie total de 462 mil 974 hectáreas.

Además, los proyectos mineros han violado derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas como: el derecho al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, derecho al desarrollo propio, derecho a la identidad cultural y derecho a la información técnica y culturalmente adecuada.

Uno de los testimonios de mayores afectaciones al tejido comunitario fue presentado por habitantes de San José del Progreso, comunidad donde la mina Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines trabaja en la explotación de oro y plata desde 2011.

“Nos han dañado las parcelas en las que sembramos cerca de la empresa, nos han encarcelado y han asesinado a Bernardo Vázquez Sánchez y a Bernardo Méndez. Exigimos la cancelación de la minera Cuzcatlán y de todas las empresas en el estado de Oaxaca y castigo a los culpables por los asesinatos”, exigió Ignacio Francisco Vázquez Sánchez, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO).

Habitantes del municipio de Magdalena Ocotlán, por su parte, denunciaron el reciente desbordamiento de la presa de jales de la empresa Fortuna Silver Mines, que contaminó el Río del Coyote. “La gente está alarmada porque el Río del Coyote se pintó de blanco. A escasos 10 metros del río está el pozo de agua que abastece a mi pueblo, a mi gente; y la autoridad municipal ya avisó a la gente que no consuma el agua del pozo, ¡pero dicen los mineros que no contaminan!”, reclamó uno de los representantes de esa comunidad.

Los casos fueron presentados ante un jurado conformado por Blanca Chancosa, Vicepresidenta de la Ecuarunari de Ecuador; Jakeline Romero Epiayu, integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu y Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia; Daniel Cerqueira, abogado brasileño experto en Derechos Indígenas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Ignacio Henriquez, maestro en administración pública con experiencia en cooperación de Oxfam en El Salvador; Miguel Álvarez, presidente de SERAPAZ y Premio Nacional de Derechos Humanos de México; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de México; Beatriz Gutiérrez, defensora comunitaria del Pueblo Ikoots de San Mateo del Mar, Oaxaca; Carmen Herrera García, de Abogados y Abogadas por la Justicia de los Derechos Humanos A.C; Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, experto en derechos indígenas.

El jurado contó con el apoyo de los peritos, Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (CECCAM); Saul Rosado Zaidi del Colectivo Multidisciplinario por las Alternativas Locales (COMAL) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) y Saúl Aquino, ciudadano de Capulálpam de Méndez.

Las consideraciones del veredicto final del jurado, fueron:

  1. Adoptar medidas y políticas que garanticen de manera plena y efectiva el ejercicio de la libre determinación, autonomía, formas de gobierno y relación con sus territorios, lagunas, ríos, montañas y mares; así como estricto respeto de sus Sistemas normativos.
  2. Declarar el estado de Oaxaca como un territorio libre de proyectos mineros.
  3. Cancelar las concesiones y asignaciones mineras vigentes por haberse otorgado en completa violación de los derechos de los Pueblos indígenas y campesinos;
  4. Suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas;
  5. Derogación de la actual Ley Minera y otras que guardan relación con esta industria; y la aprobación de una nueva ley en el marco de respeto de los derechos de los Pueblos indígenas y campesinos, protectora y tendiente a reparar integralmente las violaciones a derechos humanos hasta hoy ocasionadas.
  6. Garantizar a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad. Asimismo, se lleve a cabo la ratificación por parte del Senado de la República, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
  7. Detener la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas.
  8. Creación de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los Pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.
  9. Cumplir con las recomendaciones formuladas al Estado mexicano por los mecanismos internacionales de Derechos Humanos, en particular de las Relatorías Especiales de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos.El veredicto se entregará a autoridades comunitarias, estatales, nacionales e instancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

 

Comunidades y organizaciones participantes

Comunidades

Sierra Sur: San Pedro Tepalcatepec, San José Chiltepec, San Miguel Chongos, Santa Lucía Mecaltepec, Santa María Zapotitlán, Santa Ana Tavela, Miahuatlán, Santo Domingo Teojomulco, San Pedro Quiatoni, San Miguel Panixtlahuaca, Santos Reyes Nopala.

Valles Centrales: San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, San Juan Guelavía, Magdalena Teitipac, Tlacolula de Matamoros, Maguey Largo, Villa Díaz Ordáz, Ejutla de Crespo, Los Ocotes Ejutla, Sebastián Tutla, San Juan Chilateca, Santa Catarina Minas, San Felipe Apostol, Xaaga-Mitla, San Martín de los Cansecos, Oaxaca de Juárez, Reyes Etla, Villa de Etla.

Sierra Norte: San Miguel Cajonos, Tanetze de Zaragoza, Santa Catarina Lachatao, Santa Catarina Yahuio, Santiago Teotlaxco, San Pedro Yaneri, Capulálpam de Méndez, San Pedro Cajonos, San Juan Tepanzacoalco, San Juan Chicomezuchil, San Juan Juquila Vijanos, Villa Hidalgo Yalalag.

Istmo: Santo Domingo Zanatepec, La Ventosa, Niltepec, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar.

Mixteca: Tejocotes, agencia de San Juan Mixtepec, Tlaxiaco.

Cañada: San Juan Tepeuxila

Organizaciones

Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO),Tequio Jurídico A.C., Oxfam México, CDI Flor y Canto A.C., SERvicios del Pueblo Mixe A.C, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO), Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca (SURCO) A.C., Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), Radio Aire Zapoteco, Geocomunes, UCIZONI A.C., Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA), Guardianes del Mar, CDH Tepeyac, PRAXIS, Sección XXII CNTE-SNTE, Comuna Oaxaca, Consorcio Oaxaca, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), EPOCA, FPR Miahuatlán, Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI), Enlace Comunicación A.C., Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Pobladores A.C., Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata (UCIO-EZ); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA – DH), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), American Jewish World Service (AJW), Fundacíón Appleton, Oxfam IBIS, Pan para el Mundo. Instituciones de Investigación: CIIDIR, BUAP, UABJO, FLACSO, UNAM.

Observadores: Brigadas por la Paz (PBI), Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Partner Südmexiko e.V., Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Convocatoria y materiales del Juicio:

http://endefensadelosterritorios.org/category/juicio-popular-vs-mineria/