Afectaciones al Medio Ambiente por la Actividad Minera de Cuzcatlán-Fortuna Silver

Según información proporcionada por la propia empresa Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines, el proyecto minero ubicado a 40 km de la ciudad de Oaxaca  generará impactos permanentes al medio ambiente, como la alteración de la geoforma, en la profundidad del suelo, erosión y pérdida del suelo natural.

Las detonaciones provocan ruido y vibraciones que se perciben hasta 8 kilómetros de distancia, las principales comunidades afectadas son San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazo, La Noria de Ortiz, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos.

El presente vídeo advierte los impactos del proyecto “San José”, es parte de la campaña “Ni Oro Ni Plata, la Minería Mata” impulsada en la región por autoridades agrarias y municipales, además del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

EN OAXACA PERSISTEN VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS CONSULTADOS

  • Colectivo Oaxaqueño presenta informe de la etapa consultiva del proceso de Consulta Indígena en Valles Centrales.
  • Autoridades responsables: CONAGUA, CDI, SEMARNAT, SAI, CFE no asisten a la presentación de Informe.

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios[1] presenta su informe de la etapa consultiva dentro del Proceso de consulta indígena y consentimiento previo, libre e informado sobre la modificación del decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como valle de Oaxaca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1967.

En dicha presentación fueron invitadas las autoridades responsables (CONAGUA) y el órgano Técnico (CDI, SAGARPA, SEGOB, SEMARNAT, SAI y CFE), sin embargo, aunque recibieron invitación en tiempo y forma no se presentaron. Esto corrobora el patrón de violación a derechos por parte de las instituciones del gobierno federal y estatal que ha sido permanente durante todo el proceso de consulta indígena.

En lo que respecta a la etapa consultiva que inicio en febrero del 2017, como Observadores, nos hemos  constituimos en al menos 10 actividades (asambleas, mesas de trabajo y reuniones) en las que han estado presentes los sujetos de consulta[2], autoridad responsable (CONAGUA) así como el Órgano Garante  y Comité Técnico Asesor, respecto a estos últimos, las instituciones federales y estatales, desde el inicio de la consulta, han mostrado en su participación, irregularidades en su asistencia y cambios en el personas, que han dificultado los compromisos, y en general el desarrollo de las actividades y compromisos previstos.

De manera particular, en esta etapa Consultiva, vemos que se repiten los mismos patrones de violación sistemática a los derechos de los sujetos consultados, por mencionar algunos:

  • A nivel nacional, el marco jurídico en materia de derechos indígenas, la falta de armonización de leyes secundarias, las nuevas leyes derivadas de las reformas energéticas y las reformas en materia de derechos humanos, han provocado una dificultad en el momento de articular un instrumento jurídico que vincule y haga operativos los posibles acuerdos de modificación al decreto de veda y la reglamentación local.
  • El principio de buena fe al que incluso han aducido las instituciones federales se ha convertido en una excusa para disculpar la inoperancia e incumplimiento de acuerdos.
  • Se ha profundizado un patrón sistemático de violación a los derechos por parte de las instituciones federales y estatales involucradas en el proceso de consulta, lo cual obstaculiza y viola el derecho de consulta de los pueblos que participan en el proceso.
  • La violación del derecho a la no discriminación por parte de las instituciones federales y estatales a los pueblos consultado.
  • Las instituciones federales y estales adolecen de una institucionalidad que permita hacer efectivos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas: falta de presupuestos, comunicación interna, falta de coordinación entre autoridades locales y las instancias federales y estatales, falta de capacitación en materia indígena y respeto por la diversidad cultural e interculturalidad, falta de transparencia de la información pública entre otras.

Exigimos:

De la autoridad responsable (CONAGUA), Órgano Garante  y Comité Técnico Asesor del proceso de Consulta subsanar las violaciones a los derechos de las comunidades consultadas, identificadas desde la etapa informativa a la etapa consultiva, reiterando que no hacerlo pondría en riesgo todo el proceso de Consulta Indígena:

  • Se establezca una coordinación efectiva entre los órganos Responsable, Garante y el Comité Técnico Asesor.
  • Se haga entrega de convocatorias en el tiempo y la forma acordadas.
  • Se respete y reconozca la diversidad cultural de las comunidades participantes en el proceso, dicho reconocimiento debe traducirse en un trato digno e igualitario, en metodologías culturalmente adecuadas, puntualidad, asimismo debe traducirse en el Glosario de Términos y la propuesta de modificación del decreto de veda.
  • Hacer entrega de la información solicitada por las comunidades participantes desde el inicio del proceso de Consulta.
  • Que exista una metodología clara y consensada para el análisis de las propuestas de reglamentación del acuífero.
  • Que los funcionarios públicos de las dependencias federales y estatales que asistan a las actividades tengan capacidad para tomar decisiones y acuerdos.
  • Incorporar opiniones de expertos para aportar opinión sobre cada una de las propuestas presentadas, bajo el enfoque de la libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho humano al agua.

Hacemos un llamado para que en este proceso de Consulta Previa, Libre e Informada para la Revisión y Modificación del Decreto de Veda de 1967 sean respetados los derechos a la autonomía y libre determinación de los sujetos consultados, de la región Xidzaa, que este proceso y los resultados respeten también las propuestas y argumentos de los propios sujetos consultados.

En nuestro país hace falta reformas constitucionales que reconozcan plenamente los derechos territoriales, autonomía y libre determinación de los pueblos, comunidades indígenas y campesinas, para que las consultas no se conviertan en un instrumento de legitimación de proyectos y políticas públicas que benefician intereses particulares en nombre del “bien público”.

Atentamente

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), Tequio Jurídico A.C., Unión de Comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO), Servicios del Pueblo Mixe A.C. (Ser Mixe), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

[1] Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), Tequio Jurídico A.C., Unión de Comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO), Servicios del Pueblo Mixe A.C. (Ser Mixe), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

[2]  AsunciónOcotlán, San Martín Tilcajete, San Pedro Mártir, San Antonino Castillo Velasco,San Pedro Apóstol, Santa Ana Zegache, San Isidro Zegache, Santiago Apóstol, San Sebastián Ocotlán, La Barda Paso de Piedras, Tejas de Morelos, San Jacinto Ocotlán, San Felipe Apóstol, El Porvenir, Maguey Largo y San Matías Chilazoa.

Informe de la Observación de la Consulta en los Valles Centrales de Oaxaca-Etapa Consultiva

De acuerdo con nuestra función como observadores de la consulta realizada en los Valles Centrales de Oaxaca, desde febrero de 2017 hemos documentado y sistematizado las actividades realizadas durante la fase  consultiva del proceso.

El presente informe, sistematiza pues las principales violaciones a los derechos de pueblos y comunidades indígenas generadas durante la etapa consultiva. Consta de cinco apartados, los cuáles describimos a continuación:

Antecedentes: Consideraciones Previas al Inicio de la Etapa Consultiva. Resume las principales recomendaciones emitidas en las etapas anteriores por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

Observación de la Etapa Consultiva. Describe sistemáticamente el actuar de los órganos Responsable, Garante y el Comité Técnico Asesor de la Consulta durante las reuniones y actividades realizadas en esta etapa, principalmente hace hincapié en el incumplimiento de diversos acuerdos, los cuáles fueron constantes y permanentes durante dicha etapa.

Violaciones a los Derechos Humanos de Pueblos y Comunidades en el Marco de la Consulta Implementada en los Valles Centrales. En este apartado describimos las violaciones generadas durante la etapa Consultiva, que van desde la impuntualidad y ausencia de funcionarios públicos, hasta la falta de una armonización legislativa que reconozca efectivamente los derechos de pueblos y comunidades indígenas.

El Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada para la Revisión y Modificación del Decreto de Veda de 1967, a la Luz de otros Procesos de Consulta Indígena Realizados en México. Expone las diversas experiencias de consulta que se han dado en el país así como las irregularidades y violaciones denunciadas en las mismas.

Conclusiones y Recomendaciones. Finalmente en este apartado ubicamos las principales recomendaciones realizadas por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios a los órganos Responsable, Garante, Técnico Asesor y Sujetos de la Consulta.

Esperamos que dicho informe contribuya de manera significativa al reconocimiento y respeto de los derechos de las comunidades indígenas que conforman la región Xidzaa y que proporcione elementos para que las consultas llevadas a cabo en el país respeten y retomen verdaderamente las propuestas, argumentos y alternativas colocadas por pueblos y comunidades indígenas, campesinas y rurales; y no se conviertan en un instrumento de legitimación de proyectos y políticas públicas que benefician intereses particulares en nombre del “bien público”.

Descargar el Informe en PDF Aquí…

DENUNCIARÁN A EMPRESAS MINERAS Y AUTORIDADES EN JUICIO POPULAR

Comunidades y organizaciones de Oaxaca anuncian juicio popular comunitario contra las empresas mineras y el estado.

Este importante trabajo se realizará durante los días 11 y 12 de octubre del presente año en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces y juezas internacionales y peritos expertos en minería.

El juicio popular comunitario pretende articular las resistencias y llevar a juicio a las empresas mineras y al estado. El juicio popular recibirá las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto.

Recordamos que estos proyectos mineros han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria. Aun así, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.

En el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros (3 en etapa de explotación comercial: San José, El Águila y Alta Gracia). Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente.

Por otro lado, se encuentran una diversidad de experiencias comunitarias, de organización social y creación de alternativas frente a la minería. Los pueblos y comunidades están impulsando acciones de reapropiación y reivindicación de sus territorios, pese a estos trabajos que dignifican la vida comunitaria, el Estado y las empresas se encuentran criminalizando dichas acciones.

Debido a todas las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras), es momento de articularnos entre los pueblos. Exijamos el respeto a nuestros derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales.

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

CONVOCAN

Comunidades y Organizaciones asistentes al Segundo Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”

Comité Organizador:

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC);  Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Comisión de Seguimiento de la Asamblea Chontal; Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI); Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac; Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA); Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA); ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.; Grupo de Investigación-Acción Autónoma; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO); Oxfam México A.C.; Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER); Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Tequio Jurídico A.C., Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata (UCIO-EZ); Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca  S.C. (UNOSJO).

 

Para más información consultar: http://endefensadelosterritorios.org/category/juicio-popular-vs-mineria/

 

O escribir a: colectivoaxaca@yahoo.com.mx

CONVOCATORIA: Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca

 ¿Cómo surge el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca?

Esta iniciativa surge a partir de los acuerdos generados en el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” realizado en la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, los días 23 y 24 de febrero de 2018. En dicho encuentro participamos alrededor de 60 comunidades y 36 organizaciones que actualmente están enfrentando los embates del modelo extractivista. En dicho encuentro analizamos que es importante empezar a articularnos para fortalecer nuestra defensa, además de enjuiciar al Estado y las empresas mineras por sus acciones.

¿Por qué realizar un juicio popular comunitario?

En las últimas dos décadas el proyecto neoliberal-extractivista se ha profundizado en México, impulsando diversos proyectos de muerte, amparados en tratados y acuerdos comerciales internacionales y una legislación que permite una violación sistemática a los derechos de pueblos y comunidades. Dentro de estos proyectos se encuentra la minería como uno de los ejes principales del modelo, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.

Estos proyectos han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria. En el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros. Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios  ancestralmente.

Los gobiernos federal, estatal y municipal, conjuntamente con las empresas han desarrollado una serie de estrategias para presionar a los pueblos y sus autoridades municipales, agrarias y comunitarias para que acepten los trabajos de prospección, exploración y explotación minera. Dentro de estas estrategias se encuentran los programas RRAJA (antes-Fanar-Procede), Proagro (antes Procampo), programas de conservación, además de coaccionar económicamente o bajo amenazas a las autoridades locales que están en oposición.

El actual gobierno estatal ha definido como una política de “desarrollo” económico impulsar con mayor fuerza los proyectos mineros, anunciando una inversión de 87.5 millones de dólares. Esta inversión no se traduce en un ingreso directo al presupuesto del Estado, y tampoco en  mejorar el nivel y calidad de vida de las comunidades donde la minería se pretende desarrollar. Por el contrario profundiza la brecha de desigualdad y pobreza, ya que en la práctica las empresas únicamente entregan el 1% de sus ganancias totales repartidas entre el gobierno federal, estatal y municipales, por lo que este contexto violenta los derechos al territorio, a la libre determinación, a un medio ambiente sano, a la paz comunitaria, entre los más importantes.

Por otro lado, se encuentran una diversidad de experiencias comunitarias, de organización social y creación de alternativas frente a dicho modelo, los pueblos y comunidades están impulsando acciones de reapropiación y reivindicación de sus territorios, pese a estos trabajos que dignifican la vida comunitaria, el Estado y las empresas se encuentran criminalizando dichas acciones.

Debido a todas las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras), es momento de articularnos, que los pueblos den su palabra y exijan el respeto a sus derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Por tal motivo convocamos al  Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca.

Objetivo: Visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros, para hacer frente al modelo extractivo, exigir el respeto de los derechos de los pueblos y fortalecer la articulación de las luchas.

¿Quiénes pueden participar? Convocamos a pueblos, comunidades, organizaciones, autoridades municipales, agrarias y comunitarias  que tienen alguna problemática y/o violación a sus derechos, derivada de la implementación de proyectos mineros, por la asignación de concesiones mineras,  así como actividades de prospección, exploración o explotación minera.

¿Cómo puedes participar? Hay dos modalidades de participación, la primera de ellas es presentando el caso de tu comunidad, pueblo u organización durante el Juicio, para esto se ha elaborado una ficha de demanda popular que puedes encontrar en el enlace siguiente de esta convocatoria. Para registrar tu caso puedes enviarlo al correo: colectivoaxaca@yahoo.com.mx, o registrarla directamente dando click AQUÍ. Una vez que tu caso sea recibido, la Oficialía Popular se pondrá en contacto contigo para requerir mayor información y comunicar el procedimiento a seguir para el Juicio.

La segunda modalidad de participación es asistiendo y participando en el desarrollo del Juicio, para esto es importante confirmar tu asistencia al correo mencionado anteriormente.

Cabe mencionar que el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca será una actividad pública.

Finalmente el jurado estará integrado por experiencias y expert@s  estatales, nacionales e internacionales; en el transcurso de estos meses daremos más información sobre el procedimiento del Juicio, sede y formato. Les iremos informando.

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

CONVOCAN

Comunidades y Organizaciones asistentes al Segundo Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”

Comité Organizador: Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC);  Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Comisión de Seguimiento de la Asamblea Chontal; Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI); Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac; Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA); Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA); ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.; Grupo de Investigación-Acción Autónoma; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO); Oxfam México A.C.; Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER); Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Tequio Jurídico A.C., Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata (UCIO-EZ); Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca  S.C. (UNOSJO).

AUDIOS: Juicio Popular contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca

Hemos preparado 3 spots de audio para difundir el Juicio Popular, para escuchar los spots, por favor da click en los siguientes enlaces:

Spot 1:

Spot 2:

Spot 3:

FICHA DE DEMANDA POPULAR

Si tu comunidad, pueblo u organización se encuentra afectada por alguna concesión o proyecto minero en el estado de Oaxaca y consideras presentar tu caso en el Juicio Popular-Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca, es importante presentar tu demanda popular.

Para presentar la demanda popular, por favor rellena el siguiente formulario. La Oficialía Popular se encargará de dar seguimiento puntual a la información que proporciones, si requieres apoyo adicional, escribir a: colectivoaxaca@yahoo.com.mx

Para descargar el formato de demanda popular, por favor has click aquí

Nombre del Caso*

1. INFORMACIÓN DE EL/LA DEMANDANTE
INSTANCIA COMUNITARIA QUE PRESENTA LA DEMANDA:
Comité, autoridad, agraria o municipal etc. (Si aplica).

NOMBRE(S):*
DOMICILIO:*

CARGO:*
COMUNIDAD O EJIDO:*

PUEBLO INDÍGENA:*
ORGANIZACIÓN:*

REGIÓN:*

TELÉFONO:*
CORREO ELECTRÓNICO:*

2. LUGAR Y POBLACIÓN AFECTADA.

¿Dónde ocurrió o está ocurriendo (si es una situación persistente):*

¿A quién afecta?*

3. PERIODO

¿Cuándo ocurrió o comenzó?*
¿Sigue vigente?*
SiNo

4. DERECHOS VIOLADOS
Seleccione los derechos que fueron violados o que podrían ser afectados con el proyecto minero.*
Derecho a la AutonomíaDerecho a la Libre determinaciónDerecho al Medio ambiente sanoDerecho al AguaDerecho a la Tierra y territorioDerecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informadoDerecho a la PazDerecho al desarrolloDerecho a ser personas defensoras de derechos humanosDerecho a la vidaDerecho a la libertadDerecho a la Protección y SeguridadDerecho a la Libertad de Asociación y ReuniónDerecho a la libre manifestaciónOtros (especificar):

5. PRUEBAS
¿Se anexa alguna prueba de las violaciones de derechos humanos denunciados? (documentos oficiales, notas periodísticas, videos, testimonios, plataformas digitales, Estudios periciales, fotografías y otros medios que tenga a su alcance)
SiNo

6. DOCUMENTOS COMUNITARIOS
¿Se anexa algún acuerdo de asamblea, reglamentación interna o instancias tradicionales que protegen el territorio?
SiNo

7. HECHOS A DENUNCIAR
Describa los hechos que denuncia de forma sencilla y cronológica.*
Describa los daños o afectaciones que le generaron (o que podrían generarse de concretarse los hechos denunciados) especificando: personas, colectivos o sitios afectados, así como su impacto en los territorios, en la vida comunitaria, en la cultura, en el medio ambiente, en la salud, en su relación con la tierra, en su vida cotidiana.*
¿Qué otros factores han contribuido a esta situación?
Describa antecedentes que considere han puesto en riesgo el territorio de la comunidad o el ejido (por ejemplo, especifique si en su ejido o comunidad ingresó y bajo qué condiciones lo hizo el PROCEDE, RRAJA-FANAR, etc.)

8. AGENTES IMPLICADOS
Señale a la empresa y/o autoridades responsables que demanda especificando los hechos u omisiones
Empresas: indíquese el nombre de la empresa o empresas implicadas en el incidente o la situación persistente y la naturaleza de su implicación, si se conoce.*
Funcionarios/as y/o instituciones del Estado: ¿hubo o hay autoridades del gobierno, tribunales, instancias legislativas, autónomas o de las fuerzas de seguridad implicadas también? En tal caso, indíquese si se conocen, qué actos específicos han realizado o qué participación específica han tenido.*
Otros agentes:

9. ACCIONES EMPRENDIDAS
Señale si se han emprendido actividades de protección y cuidado del territorio frente a la amenaza de la actividad minera y/o nuevas prácticas de reapropiación del territorio (por ejemplo: organización comunitaria, medidas legales, divulgación en los medios de comunicación, etc.)

10. REPRESALIAS, AMENAZAS O RIESGOS POTENCIALES
Señale si han sufrido amenazas, intimidaciones o considera que se encuentran en riesgo potencial por la defensa del territorio.

11. EXIGENCIAS O PUNTOS PETITORIOS
Enumere las exigencias o puntos petitorios al tribunal popular.


URGE INTERVENCIÓN INMEDIATA Y EFECTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EVITAR PERDIDAS DE VIDAS ENTRE LAS COMUNIDADES DE CHUXNABAN Y SAN MIGUEL QUETZALTEPEC.

  • La omisión y falta de atención efectiva del Gobierno del Estado agudiza el conflicto entre las comunidades de Chuxnaban y San Miguel Quetzaltepec, en la región Mixe.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
A LA JUNTA DE CONCILIACION AGRARIA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
A LA REGION MIXE
A LA SOCIEDAD CIVIL

En las últimas horas nos hemos enterado de la situación tensa que prevalece entre las comunidades de San Juan Bosco Chuxnaban y San Miguel Quetzaltepec, en la región mixe, donde se registró un enfrentamiento, por lo que hacemos un llamado URGENTE al Gobierno del Estado de Oaxaca para que intervenga de manera efectiva e inmediata para evitar pérdidas de vidas humanas ante la agudización del conflicto.

Así mismo denunciamos que el día domingo 29 de julio del presente año, a las 4. 00 p.m. se suscitó una emboscada en el camino que conduce a la comunidad de Santa Cruz Condoy, donde perdió la vida el ciudadano RAMBERTO ROMERO MARTINEZ, quien fungía como tesorero municipal de San Juan Bosco Chuxnaban, cuando se dirigía a dejar sus bestias mulares al campo.

La falta de una respuesta efectiva por parte del Gobierno del Estado, para garantizar la seguridad de la zona se ha traducido en un nuevo enfrentamiento con consecuencias fatales. Las pérdidas humanas y el enfrentamiento entre ambas comunidades derivan del conflicto de la distribución de las participaciones municipales, trascendiendo a profundizar el conflicto agrario que vienen sosteniendo desde hace varios años ambas comunidades.

Ante esta lamentable situación, que en lo que va del año ha cobrado ya 3 vidas, hacemos un llamado urgente al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa para su:

• Intervención inmediata y efectiva para la resolución de conflicto entre ambas comunidades.
• Investigación exhaustiva de los crímenes cometidos con debida diligencia con los más altos estándares internacionales en Derechos Humanos.
• Condenamos y rechazamos enérgicamente los actos de violencia entre las comunidades y la falta de atención adecuada del estado para poner fin al conflicto entre estas dos comunidades.

Así mismo hacemos un llamado a las comunidades involucradas a evitar el uso de la violencia y privilegiar el diálogo, como medida para resolver los conflictos.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 02 de agosto del 2018.

Atentamente.
Organizaciones Integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: SERVICIOS DEL PUEBLO MIXE A.C, Tequio Jurídico A.C., Servicio para una Educación Alternativa A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez S.C, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

COMUNICADO-QUETZAL CHUXNABAN

CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LOS VALLES CENTRALES CONTRA LA MINERÍA

Este verso es un tesoro, y pronunciarlo sí se debe, el agua vale más que el oro, porque el oro no se bebe…

Reunidas en San Antonino Castillo Velasco, en el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, 30 comunidades indígenas y campesinas que conformamos los Valles de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, y 25 organizaciones hemos decidido rechazar categóricamente cualquier proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, nuestros sistemas productivos, nuestro tejido social, medio ambiente, nuestros sistemas normativos y territorios.

Denunciamos que desde hace más de diez años, nuestros territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin nuestro consentimiento, hasta el momento 160 mil hectáreas de los Valles Centrales se encuentran en peligro, principalmente por la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.

Dichas empresas han impulsado a Oaxaca como el octavo estado de la república en explotación de oro y plata, sin embargo para nuestras comunidades su operación se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones físicas, daños irreversibles a nuestro medio ambiente, rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos.

Durante más de diez años hemos denunciado ante las instancias federales y estatales, la violencia desmesurada con la cual operan dichas empresas en nuestros territorios, sin embargo no hemos recibido ninguna respuesta de las mismas, por lo que en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, las comunidades zapotecas de los Valles Centrales, declaramos nuestros territorios como “prohibidos para cualquier actividad de prospección, exploración y explotación minera”.

Los pueblos y comunidades de los Valles Centrales, hemos decidido por la vida, la paz y el desarrollo comunitario desde nuestras propias  cosmovisiones y en respeto profundo de nuestra madre tierra; manifestamos que la minería no representa ninguna opción de desarrollo para nuestros pueblos y sus habitantes.

Ante la negligencia y contubernio de las autoridades y la opacidad y violencia de las empresas mineras, hemos tomado la decisión de constituirnos en la Asamblea de los Valles Centrales Frente la Minería, por lo que nos declaramos en alerta máxima ante la imposición de diversas concesiones y proyectos mineros en nuestros territorios. En este sentido hacemos los siguientes ACUERDOS:

  1. Manifestamos nuestro compromiso en seguir defendiendo a nuestra Madre Tierra, cuidar y defender el agua que nos da la vida, así como todos los bienes comunes presentes en nuestros territorios.
  2. Nuestros ejidos y comunidades son territorio prohibido para la minería, dicha prohibición incluye toda actividad que tenga por objeto modificar o extraer los bienes comunes de nuestro territorio.
  3. No firmaremos ni autorizaremos ningún tipo de permiso, convenio, contrato, documento o instrumento legal, que tenga por objeto extraer nuestros bienes comunes.
  4. No autorizaremos el cambio de uso de suelo para realizar actividades mineras en los territorios municipales.
  5. Nos reconocemos como parte del Pueblo Zapoteco, por lo que asumimos el compromiso de defender nuestros territorios desde nuestras asambleas, de manera organizada, pacífica y por todos los medios legales.
  6. Rechazamos el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR) que pone en riesgo nuestra propiedad social.
  7. Convocamos al Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca con el objetivo de hacer frente al modelo extractivo, visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros. Dicho Juicio se realizará los días 11 y 12 de octubre de 2018 en la Ciudad de Oaxaca.

A los gobiernos federal y estatal, a las autoridades electas del poder ejecutivo y legislativo, y a las autoridades municipales planteamos las siguientes EXIGENCIAS:

  1. Cancelación inmediata del Corredor Industrial Minero que pretenden imponer en los Valles Centrales, particularmente exigimos la cancelación de los proyectos mineros “San José”, “Trinidad Norte” y “El Águila”, operados por las compañías Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, en los municipios de San José del Progreso y San Pedro Totolapan.
  2. Exigimos justicia para Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez asesinados en 2012 por su trabajo de defensa de los territorios en San José del Progreso.
  3. Cancelación de las concesiones mineras que han sido impuestas en los Valles de Ocotlán, Zimatlán, Tlacolula, Ejutla y Miahuatlán. Reiteramos que no cuentan con nuestro aval, ni consentimiento para realizar ningún trabajo en nuestros territorios.
  4. Exigimos se detenga la criminalización y agresiones hacia las y los defensores, movimientos y medios de comunicación en defensa de los territorios.
  5. Expresamos nuestra condena a los actos violentos, las recientes masacres y asesinatos ocurridos en las regiones de la Sierra Sur, Costa, Sierra Norte, Istmo y Valles Centrales.
  6. Nos pronunciamos en contra de los asesinatos como medio para dirimir los conflictos internos por la tierra, principalmente entre San Lucas Ixcotepec y Santa María Ecatepec. La violencia desmedida no se trata de situaciones aisladas, tal como lo ha colocado el Gobernador del Estado de Oaxaca, estas acciones responden a intereses particulares, por lo que no existe una efectiva atención del Estado en estos hechos. Exigimos al Estado garantice la paz entre comunidades.
  7. Nos solidarizamos con las comunidades y movimientos que se han visto afectados por la escalada de violencia en el estado, principalmente con las compañeras y compañeros de CODEDI, quienes han sufrido asesinatos y detenciones en los últimos meses, así como compañeras y compañeros de San Miguel Cajonos donde fueron desaparecidas 3 personas desde el 27 de diciembre de 2017 en el marco de la imposición de un proyecto minero y un conflicto agrario intercomunitario, por lo que exigimos justicia y castigo a los responsables de estos hechos.
  8. Responsabilizamos a las autoridades por cualquier agresión, criminalización o amenazas que se susciten en el marco de nuestra defensa del territorio, exigimos se garantice el derecho a la información, libre expresión y manifestación, derechos reconocidos constitucionalmente.
  9. A las autoridades electas les expresamos que no permitiremos ningún proyecto minero en nuestra región bajo ninguna circunstancia, exigimos el respeto a nuestra determinación: ¡ni una concesión o proyecto minero más en nuestros territorios! ¡cancelación de las concesiones mineras otorgadas desde hace diez años!

¡Sí a la Vida, No a la Minería!

¡Ni Oro Ni Plata, la Minería Mata!

¡De la Sierra hasta el Desierto, Ni en Túnel, Ni a Cielo Abierto!

¡No queremos Anillo de Oro Ver, Queremos Tlayuda para Comer!

ASAMBLEA DE LOS VALLES CENTRALES CONTRA LA MINERÍA

 Comunidades: Barda Paso de Piedra, San Antonino Castillo Velasco, San Juan Chilateca, San Felipe Apóstol, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, El Vergel y su Anexo los Ocotes, San Nicolás Yaxe, Santiago Apóstol, San Pablo Güilá, San Míguel Panixtlahuaca, Santa Catarina Minas, San Miguel Ejutla, San Miguel Cajonos, Magdalena Teitipac, San Felipe Apóstol, Ocotlán de Morelos, Tejas de Morelos, San Pedro Mártir, San Martín Tilcajete, San Matías Chilazoa, San Isidro Zegache, San Jacinto Ocotlán, San Sebastián Ocotlán, Santiago Apóstol, La Guadalupe, La P, San Matías Chilazoa, La Noria de Ortíz, San José del Progreso, Miahuatlán.

Organizaciones y Colectivos: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Tequio Jurídico A.C., Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca-UNOSJO S.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., Coordinadora de los Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA), Oxfam México,  Comisión Diocesana Pastoral Social de la Fé, Comité de Desaparecidos San Miguel Cajonos, Colectivo Espacio Kruz, Centro de Estudios de la Región Cuicateca-CEREC, SURCO A.C., Maderas del Pueblo del Sureste, Red de Defensores y Defensoras de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM), CFAFMD Miahuatlán de Porfirio Díaz, Grupo de Investigación-Acción Autónoma, Colectivo Orión, Estudio Mantis, Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán COPUVO, INSO A.C., Taller de Difusión Zapoteca, F.P.R. Asamblea Estudiantil y Popular de Radio Universidad de Oaxaca.

 

Dado en el Auditorio de la Escuela “Esteban Vásquez”, San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, México. A 22 días del mes de julio de 2018.

Condenamos la violencia como medio para resolver los conflictos por la tierra Mujeres asesinadas nuevamente por conflictos agrarios

A las comunidades chontales
A las Organizaciones civiles y de derechos humanos
A los medios oficiales y alternativos de comunicación
A los pueblos y comunidades indígenas
Y a la ciudadanía en general

Tequio Jurídico condena los actos violentos en la Sierra Sur por conflictos de límites de
tierra.
El día lunes 16 de Julio del 2018, aproximadamente a las 5:40 pm se suscitaron hechos de violencia que privaron la vida de 13 personas, dos de ellas mujeres, de la comunidad chontal de Santa María Ecatepec, Yautepec, Oaxaca. Estos hechos violentos obedecen a un conflicto añejo por límites de tierra entre las comunidades de San Lucas Ixcotepec y Santa María Ecatepec, Yautepec, Oaxaca, el cual no se ha podido resolver por la falta de atención efectiva del Estado en sus tres niveles de gobierno.

Estos últimos acontecimientos no son los únicos que han sucedido en la región de la Sierra Sur. En el año 2016 otro conflicto agrario ocurrió en San Pedro Tepalcatepec y San Pablo Topiltepec, Oaxaca, donde resultaron cinco personas asesinadas. En abril del 2017, perdieron la vida cuatro personas y catorce resultaron heridas a raíz del conflicto agrario entre San Pedro Mártir Quiechapa y Santiago Lachivia. Nos preocupa el escalamiento de la violencia en la región chontal y en el Estado de Oaxaca. Se hace visible la violencia en contra de las mujeres en los conflictos por la tierra, afectando la vida, la integridad física y emocional de las mujeres y sus derechos agrarios, quienes anteponen sus cuerpos en la defensa de su territorio.

La violencia generada en la Sierra Sur obedece -como lo mencionamos con anterioridad- a conflictos históricos por límites de tierra, pero no solamente eso, sino que implica un control territorial por parte de poderes específicos como los partidos políticos, megaproyectos que implican minería, parques eólicos, líneas de alta tensión y concesiones de agua, entre otros.

Nos preocupa la ausencia del Estado en la solución del conflicto agrario o que la única
respuesta sea la militarización de la región respaldada por la Ley de Seguridad Interior.
Por lo tanto:

  • Condenamos los asesinatos y exigimos que se investiguen los hechos con debida
    diligencia con los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
  • Exigimos al gobierno en sus tres niveles que implemente medidas efectivas en el
    marco de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las mujeres para la solución de conflictos agrarios en el Estado de Oaxaca.
  • Llamamos a las comunidades con conflictos agrarios a crear alternativas de diálogo para su solución y evitar en todo momento actos de provocación y violencia.
  • Es importante que las mujeres participen en los espacios de toma de decisiones para la construcción y participación de alternativas no violentas en la resolución de los conflictos agrarios.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 19 de julio de 2018.
“Desde abajo y en la tierra sembramos autonomía”
Tequio Jurídico A.C.

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