COPUVO: Falta de seriedad por parte del gobierno del Estado de Oaxaca en el conflicto suscitado en San José del Progreso.

La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), denuncia la falta de seriedad y compromiso de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, en razón del conflicto social y político suscitado en la comunidad de San José del Progreso por la imposición del proyecto minero San José.

En reiteradas ocasiones el Lic. Francisco Enrique Santos
Méndez ha suspendido unilateralmente las mesas de trabajo acordadas previamente entre la autoridad municipal e integrantes de la COPUVO. Esta situación muestra la incapacidad del gobierno del estado de Oaxaca en la atención a los principales conflictos que existen en el estado de Oaxaca.

La COPUVO reafirma su compromiso en la defensa del territorio y la construcción de paz en la comunidad de San José del Progreso, además señala como responsable al Lic. Francisco Enrique Santos Méndez por cualquier situación que pueda colocar en riesgo a las y los defensores de o la paz y seguridad de nuestra comunidad.

Cabildo Municipal Declara: Territorio de Magdalena Ocotlán, prohibido para la minería.

Zapata Vive, la Lucha Sigue…

En el ejercicio de nuestros derechos a la autonomía, libre determinación, medio ambiente sano, territorio y salud y en el marco del 100 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, quién luchó por tierra para nuestros pueblos y comunidades, el Cabildo Municipal de Magdalena Ocotlán hemos tomado la firme determinación de declarar nuestro territorio como Prohibido para la Minería.

A través de un acta de Sesión Solemene de Cabildo El H. Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, el Presidente del Comisariado de Bienes Ejidales  y la comunidad de Magdalena Ocotlán reafirmamos nuestro amor por la tierra, la que consideramos como madre y sustento de vida, nuestro territorio representa el fundamento de nuestra identidad y vida comunitaria.

Nuestros abuelos y abuelas lucharon en décadas pasadas contra la Hacienda San José para que nuestras tierras volvieran a sus legítimos poseedores, en esta lucha perdieron la vida un sinumero de campesinas y campesinos. El proyecto minero San José, se pretende imponer en nuestra comunidad, como en la época de las haciendas, con el objetivo de despojarnos de nuestros bienes comunes (agua, tierras de cultivo, árboles, minerales).

En correspondencia con nuestra historia, queda estrictamente prohibida cualquier actividad de prospección, exploración y explotación de minerales así como de cualquier proyecto nacional o transnacional que tenga por objeto modificar o extraer los bienes naturales de nuestro territorio, atente contra la vida de nuestros habitantes, dañe el medio ambiente y despoje nuestra cultura.

Este Cabildo se pronuncia por la cancelación definitiva de todos los títulos de concesión minera vigentes en nuestro territorio,  por lo que asume la responsabilidad y el compromiso de proteger y defender nuestro territorio, por lo que no otorgará el cambio de uso de suelo  en el territorio municipal.

Magdalena Ocotlán, es una comunidad indígena zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca. Desde 2009 ha mostrado su oposición rotunda a la imposición del proyecto minero San José ( en el municipio vecino de San José del Progreso) y ha exigido a las autoridades estatales y federales la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en su territorio.

Durante 10 años, la comunidad ha sufrido diversos impactos por explotación minera, caracterizados por explosiones y vibraciones durante la noche, polvo excesivo, contaminación al agua, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones.

Además hemos recibido diversas presiones por parte del gobierno federal y la empresa Fortuna Silver Mines-Cuzcatlán para aceptar el proyecto minero, en noviembre de 2016 quisieron realizar una consulta para aceptar la firma de contratos o convenios de exploración a favor de la empresa minera, dicha consulta no se consumó por la oposición de la comunidad.

Sobre los impactos ambientales, en octubre del año pasado se registraron dos derrames de la presa de jales secos, de los cuáles las autoridades federales (PROFEPA-CONAGUA) han dicho que no necesitan remediación porque no existe contaminación, queremos denunciar que en ningún momento las autoridades mencionadas anteriormente han explicado los argumentos de sus conclusiones, el pueblo continua comprando agua ya que sus conclusiones no proporcionan ninguna certeza sobre la posible contaminación.

Exigimos a la empresa minera Fortuna Silver Mines-Cuzcatlán se abstenga de ingresar a nuestro territorio, la responsabilizamos por los daños producidos al medio ambiente y a nuestro tejido social, de igual forma le responsabilizamos por cualquier amenaza, intimidación o agresión hacia los integrantes de este Cabildo y de nuestra comunidad.

Ni Oro, Ni Plata, la Minería Mata

Sí a la Vida, No a la Minería

Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, México.

Comunidades de Valles Centrales fijan posición en Oaxaca: Sí a la Vida, No a la Minería

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, integrado por 16 comunidades y organizaciones de los Valles Centrales de Oaxaca exigimos al Presidente de la República, se respeten nuestros derechos colectivos a la libre determinación, autonomía y medio ambiente sano, frente a la inaceptable imposición de concesiones mineras en nuestros territorios.

Queremos expresar que nuestras comunidades históricamente se han dedicado a la agricultura, pastoreo y recolección de plantas para nuestra pervivencia, en el pasado también se explotaron artesanalmente diferentes minas, lo cual produjo contaminación de arroyos, ríos y suelos. Por estas lamentables experiencias previas de minería, en cada una de nuestras comunidades hemos realizado asambleas generales, agrarias y municipales, de las cuáles se han levantado diferentes actas: las comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula ya decidimos: Sí a la Vida, No a la Minería.

A pesar de que hemos manifestado nuestra oposición por las vías legales, en nuestros territorios se encuentra operando comercialmente el proyecto minero “San José” en el municipio de San José del Progreso, el cual pretende expandirse hacia nuestras comunidades. Cabe recordar que 90 mil hectáreas de nuestros territorios han sido concesionados a la misma empresa que opera en San José: Fortuna Silver Mines.

Fortuna Silver Mines ha producido un daño severo al tejido social de San José del Progreso, hasta el momento cuatro personas han sido asesinadas en el marco del conflicto, entre ellos dos defensores comunitarios; recientemente el conflicto en el municipio se ha intensificado, a partir de la pretensión del presidente municipal Servando Díaz Vásquez por “recuperar” el palacio municipal, además tenemos conocimiento que se ha incrementado el clima de hostigamientos y amenazas hacia miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.

Por la negligencia de Fortuna Silver Mines, también se produjo un derrame de la presa de jales hacia el río El Coyote, en el municipio de Magdalena Ocotlán en octubre del año pasado, la comunidad presentó una denuncia popular ante PROFEPA, sin embargo dicha institución declaró públicamente en febrero de 2019 que la “minera canadiense no contaminó suelo en Oaxaca”, antes de notificar formalmente a la comunidad de Magdalena Ocotlán violentando el principio de legalidad en el procedimiento administrativo. Hasta el momento, continúa la incertidumbre en la comunidad sobre el estado del río El Coyote.

Recurrimos ante el Presidente de la República, para hacer valer nuestros derechos como pueblo zapoteco de los Valles Centrales y le recordamos su palabra empeñada en su discurso de toma de protesta: “vamos a darle atención especial a los Pueblos Indígenas de México, es una ignomia que nuestros pueblos mexicanos vivan bajo la opresión y la pobreza a cuestas”. Queremos expresar a Andrés Manuel López Obrador que para el pueblo zapoteco de los Valles Centrales la minería representa opresión, pobreza y despojo de nuestros bienes comúnes, LA MINERÍA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ES UNA OPCIÓN DE DESARROLLO. Las comunidades y organizaciones agrupadas en el Frente No a la Minería, por un Futuro de Tod@s, exigimos al Presidente de la República en su visita a Oaxaca lo siguiente:

UNO: cancelación inmediata y definitiva de las concesiones mineras impuestas en nuestros territorios.

DOS: Cancelación del proyecto minero “San José” ubicado en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, e investigación exhaustiva y castigo ejemplar sobre las responsabilidades públicas de los funcionarios del gobierno federal y estatal por encubrir de responsabilidad, penal, administrativa, ambiental y de responsabilidad en derechos humanos derivado de la instalación de la empresa minera Cuzcatlán.

TRES: Generar mecanismos e instrucción para la reparación integral del daño a las personas afectadas por la instalación y operación de la empresa minera en la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.

CUARTO: Investigación imparcial y exhaustiva de responsabilidad penal y administrativa derivado de la contaminación del Rio Coyote provocado por la empresa minera Cuzcatlán, y reparación integral del daño a los pobladores por los impactos generados.

QUINTO: Ordene la creación de una comisión independiente con la participación de las comunidades afectadas para una auditoría ambiental, social y de derechos humanos al proyecto minero “San José”.

SEXTO: Exigimos sea respetada la determinación de las comunidades zapotecas, que hemos declarado nuestros territorios prohibidos para proyectos mineros en ejercicio de los derechos de autonomía y libre determinación reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre derechos de Pueblos Indígenas.

SEPTIMO: Replanteamiento del modelo económico por uno basado en el fortalecimiento de nuestros pueblos y comunidades, manifestamos nuestro profundo rechazo al extractivismo y proyectos mineros que afectan a las comunidades indígenas y violenta nuestros derechos humanos.

OCTAVO: Reconocimiento constitucional del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas en los términos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

¡Sí a la vida no a la minería!

¡Oaxaca territorio prohibido para la minería!

Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos: Agencia Municipal de Maguey Largo, San José del Progreso; Comisariado de Bienes Ejidales y Presidencia Municipal de Magdalena Ocotlán; Comisariado de Bienes Comunales de Xaagá, San Pablo Mitla; Comisariado de Bienes Ejidales de San Martin de los Cansecos, Ejutla de Crespo; Comisariado de Bienes Comunales de San Nicolás Yaxe; Comisariado de El Vergel y su Anexo Los Ocotes, Ejutla de Crespo; Comisariado de Bienes Comunales de San Dionicio Ocotepec, Tlacolula; Comisariado Ejidal de Monte del Toro, Ejutla de Crespo; Comisariado Ejidal de San Baltazar Chichicapam, Tlacolula; Comisariado Ejidal de San Pablo Güilá, Tlacolula; Comisariado Ejidal de San Matías Chilazoa, Ejutla; Agencia Municipal de San Matías Chilazoa, Ejutla; Comisariado Ejidal de Santa Catarina Minas, Ocotlán; Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO); Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

LA COPUVO HACE UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES ESTATALES A TRABAJAR CON SERIEDAD EN LA MESAS DE DIALOGO Y BRINDAR SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO

Descargar comunicado en PDF aquí…

La Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO)
hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno a poner atención y mantener
el dialogo que permita generar las condiciones de seguridad en la comunidad
para la reconstrucción de tejido comunitario y la paz dentro del Municipio de San
José del Progreso.

Denunciamos que a raíz del intento unilateral del Presidente Municipal por
recuperar el Palacio Municipal resguarda por la coordinadora, se ha incrementado
la inseguridad que vivimos desde la llegada el proyecto minero impuesto por la
Empresa Minera Fortuna Silver Mines, en el año 2006. Nos preocupa que en el
afán de fortalecer el tejido comunitario de San José del Progreso, siga
aumentando las intimidaciones hacia los y las integrantes de la COPUVO, hemos
visto personas armadas rodeando domicilios de las y los integrantes de la
COPUVO y el incremento de detonaciones de arma de fuego de alto calibre en
San José del Progreso.

Hacemos público la falta de voluntad e ineficacia del Lic. Francisco Enrique Santos
Méndez, comisionado de la Secretaria General de Gobierno, como órgano
mediador al seguimiento a las mesas de dialogo entre la COPUVO y el
Ayuntamiento. El día viernes primero de marzo al presentarnos en las
Instalaciones de ciudad administrativa, para darle seguimiento al acuerdo de la
minuta del 19 de febrero 2019, de una manera discriminatoria nos abordó en la
explanada de la ciudad administrativa, diciendo que no tenía nada programado y
que se cambiaría la fecha previamente señalada; Al pedirle de manera amable
que habláramos en un espacio cerrado se negó en varias ocasiones, finalmente
accedió a atendernos sin embargo su comportamiento fue grosero sin tomar en
cuenta las opiniones de las y los ciudadanos que participamos. En virtud de lo
expuesto manifestamos los siguientes:

  1. La COPUVO reafirma la disponibilidad política para seguir mantenido el
    diálogo para generar acuerdos que abonen a la reconstrucción de paz y la
    reconciliación del tejido comunitario en la comunidad de San José del
    Progreso.
  2. Exigimos al Subsecretario general de gobierno Lic. Carlos Ramos que tome
    con seriedad el caso del Municipio de San José del Progreso para darle
    continuidad a estas mesas de diálogo y que haga cumplir los acuerdos que
    se generaron a través de la secretaria general de gobierno.
  3. Responsabilizamos al H. Ayuntamiento Municipal de San José del Progreso
    y a la Empresa Minera de cualquier agresión que ponga en riesgo la
    integridad física o Psicológica de las y los integrantes de la coordinadora.
  4. Solicitamos a los órganos de los Derechos Humanos, una participación más
    activa en las mesas de diálogo y la ampliación de las medidas cautelares
    hacia las y los integrantes de la coordinadora.
  5. Demandamos a las autoridades federales garantice los derechos que
    tenemos como comunidades indígenas respecto a nuestras tierra y
    territorio, determinando la responsabilidad social y ambiental en la empresa
    minera Fortuna Silver ha incurrido desde su llegada a la comunidad.

San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca a 04 de marzo de 2019.

Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán
“Vida si, minas no”

La COPUVO hace un llamado al Ayuntamiento de San José del Progreso a mantener el diálogo y denuncia actos de intimidación (Boletín de prensa)

Boletín de Prensa, versión original en pdf: BOLETIN COPUVO 19-02-19

  • La COPUVO hace un llamado al Ayuntamiento de San José del Progreso a mantener el diálogo para la reconstrucción del tejido comunitario.
  • La COPUVO denuncia actos de intimidación hacia sus integrantes debido al incremento de detonaciones de armas de fuego de alto calibre.

Las Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) hacemos un llamado al Ayuntamiento de San José del Progreso a mantener el dialogo que permita generar las condiciones para la reconstrucción de tejido comunitario y la paz dentro de la comunidad. Le demandamos la continuación de la mesa de dialogo generada por la Secretaria General de Gobierno el 4 de febrero del 2019.

La COPUVO recuerda que dicha mesa se instaló el mismo día en que el presidente municipal intento recuperar el Palacio Municipal que resguarda la coordinadora, incrementando los niveles de tensión que vivimos desde la llegada del proyecto minero impuesto por la Empresa Minera Fortuna Silver Mines, en el año 2006. Sigue leyendo

San José del Progreso, Oaxaca, en riesgo de confrontación

Por medio de este comunicado, hacemos visible el autoritarismo y abuso de poder de Servando Díaz Vásquez, con su terquedad de querer abrir el Palacio Municipal de manera violenta y que ha actuado con grupos paramilitares, ya que esa no es la solución verdadera a la problemática que se vive en San José del Progreso.

Desde el año 2008, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), ha exigido por todos los medios al gobierno poner atención a la problemática generada en nuestro municipio por el proyecto minero San José, desde la llegada de Fortuna Silver Mines ha aumentado la violencia en nuestra comunidad.

Hacemos responsable a la empresa minera, a la Secretaría General de Gobierno a Servando Díaz Vásquez y a todo su cabildo por cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de pobladores de San José del Progreso, de igual forma exigimos a las autoridades que intervengan de manera imparcial y que garanticen la seguridad e integridad de los miembros de la CPUVO.

¡No queremos más agresiones ni asesinatos!

Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán

“Oaxaca territorio prohibido para la minería”: exigencia de pueblos, comunidades y organizaciones frente al nuevo gobierno federal (Pronunciamiento e Informe)

informe mineria juicio-> Atención al dictamen final del Juicio Popular en contra del Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca.

– > Emisión de Moratoria que declare el territorio estatal: Prohibido para la Minería.

-> Cancelación de concesiones mineras y proyectos vigentes en el estado, impuestas sin el consentimiento de las comunidades.

-> Leyes y políticas públicas que respeten los derechos de los pueblos indígenas y equiparables.

Los días 11 y 12 de octubre del presente año se realizó en la Ciudad de Oaxaca el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras” con la participación de 52 comunidades, quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería de cinco regiones en la entidad (Valles Centrales, Sierra Sur-Costa, Sierra Norte, Mixteca-Cañada e Istmo).

Hoy 10 de diciembre, en el marco del Día internacional de los Derechos Humanos, venimos a manifestar nuestras exigencias frente al nuevo gobierno federal, a la luz del dictamen final emitido por el jurado del Juicio Popular, integrado por expertas y expertos internacionales. Dicho dictamen se emite a partir de la evidencia presentada sobre violaciones a derechos humanos de pueblos y comunidades de Oaxaca, que incluyen afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalizacion de autoridades comunitarias y de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad generalizada en las regiones donde operan estos proyectos mineros por parte de empresas mineras, grupos de choque instancias del Estado.

Exigimos:

Que se atienda a cabalidad el dictamen final del Juicio Popular en contra del Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca y en ese sentido que se cancelen las 322 concesiones y los 41 proyectos mineros vigentes en el estado, ya que estos se impusieron sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y en violación de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía a nuestra integridad cultural, a administrar y controlar nuestros territorios y a mantener la propiedad colectiva de nuestras tierras y bienes comunes naturales. Quedó evidenciado que existe una descalificación sistemática de las instancias tradicionales de toma de decisión comunitaria; en particular, se perpetua la práctica de las empresas de firmar acuerdos individuales, aun sabiendo que los órganos de toma de decisión en las comunidades son las asambleas. Los pueblos de Oaxaca hemos decidido: Sí a la Vida, No a la Minería.

Que se suspenda de forma inmediata la entrega títulos mineros hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución, la derogación de la actual ley minera y otras que guardan relación con esta industria. Asimismo, que se aprueben leyes y políticas públicas que protejan los derechos de los pueblos indígenas y equiparables que los reconozcan como sujetos de derecho público y incluyan mecanismos efectivos de reparación integral de daño ocasionado.

Que se garantice a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad. Asimismo, ratifique por parte del Senado de la República, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Que se detenga la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas. En el Juicio Popular, se produjo evidencia de hostigamiento, agresiones y asesinatos en perjuicio de integrantes de comunidades por parte de grupos de choque armados y del crimen organizado que han actuado para debilitar la oposición de las comunidades frente al ingreso de la minería en sus territorios. De la misma forma se han evidenciado violaciones al derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua y derecho a la salud, por la contaminación producto de las actividades de exploración y explotación minera.

Que se cree de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.

Que se cumpla con las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos al estado mexicano, en particular de las relatorías especiales de naciones unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos.

El extractivismo se coloca como una amenaza significativa para la reproducción de nuestra vida comunitaria y no como la opción de desarrollo que pregonan los gobiernos federal, estatal, y empresas privadas. En menos de treinta años, se ha profundizado la pobreza, la migración masiva, el deterioro del tejido social comunitario y ha habido una fuerte represión de quienes nos oponemos a este modelo económico. Todo esto al servicio de grandes corporaciones y caciques locales.

Por todo eso, y con la legitimidad que nos brindan las decisiones de nuestras asambleas comunitarias que declaran nuestros territorios libres de minería, decimos:

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

¡Oaxaca territorio prohibido para la minería!

Pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes en el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca

 

Desgarcar INFORME Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras

Informe Juicio Popular Comunitario contra del Estado y las Empresas Mineras

Organizaciones y comunidades participantes en el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras”, realizado en octubre del 2018, invitan a la conferencia de prensa para presentar el dictamen final y el informe del ‘Juicio Popular Comunitario contra del Estado y las Empresas Mineras’ que se llevó a cabo el 11 y 12 de octubre en Oaxaca.

Descargar  INFORME Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras

DECLARATORIA DEL SEGUNDO ENCUENTRO ESTATAL DE PUEBLOS, COMUNIDADES, Y ORGANIZACIONES, “AQUÍ DECIMOS SI A LA VIDA, NO A LA MINERIA”

encuentro teitipacMagdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, 23 de febrero del 2018.

Reunidos en la comunidad de Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, lugar donde llevamos el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí decimos Si a la Vida, No a la Minería”, en el Encuentro participamos 60 comunidades del estados de Oaxaca, 33 autoridades comunitarias, y 36 organizaciones quienes nos encontramos luchando por la defensa de la tierra y el territorio y la imposición del Modelo Extractivo de diferentes megaproyectos que violentan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas bajo el amparo de las leyes mexicanas.

Los pueblos, comunidades y organizaciones intercambiamos experiencias para continuar fortaleciendo nuestros procesos organizativos en las comunidades, ejidos, bienes comunales y municipios. Alzamos la voz para denunciar y detener estos proyectos extractivos que, con el falso discurso del progreso, desarrollo o generación de empleo están minando la vida. Los pocos empleos que se crean en el sector minero tienen pésimas condiciones laborales como ha ocurrido en la región carbonífera de Coahuila en el norte del país, dejando más de 3000 mineros muertos, generando el despojo del territorio y la destrucción de los bienes comunes naturales, y en consecuencia el desplazamiento forzado de miles de pobladores quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la tierra, la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales, los que en conjunto nos dan sentido de pertenencia.

Nos pronunciamos por la vida, en ese sentido denunciamos el hostigamiento, la persecución y el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, así como las estrategias de violencia que las empresas y el gobierno han utilizado para generar un clima de terror y miedo para mermar la lucha de las comunidades y querer controlar el territorio donde existen yacimientos mineros a través del crimen organizado. La militarización y presencia de la gendarmería, son estrategias que se han legalizado con la reciente Ley de Seguridad Interior que a todas luces busca criminalizar la protesta social para controlar el territorio.

Nos hermanamos como pueblos para seguir de manera organizada defendiendo nuestra madre tierra desde nuestras comunidades y en las regiones, ya que la tierra la reconocemos como nuestra madre que nos da vida y después nos recoge con su manto para guardarnos en su seno. Reconocemos a las mujeres como guardianas de la tierra y una pieza fundamental en los procesos de resistencia en esta lucha por la vida ante los proyectos de muerte que han significado los megaproyectos en el corazón de nuestros territorios.

Rechazamos los programas del Gobierno Federal como PROCEDE-FANAR-RRAJA, que pretenden privatizar la tierra e individualizar a los ejidos y comunidades, condenamos el hostigamiento de la Procuraduría Agraria a través de los Visitadores Agrarios que pretenden imponer el programa de privatización a través de una serie de condicionamientos a los pueblos.

Desde las comunidades, pueblos indígenas y campesinos en resistencia le decimos al gobierno federal, estatal, a las empresas extractivas, y diferentes grupos con los que actúa en contubernio, que NO aceptaremos el despojo de nuestras tierras que nos fueron heredadas por nuestros ancestros, NO aceptaremos la implementación de ningún trabajo de: prospección, exploración, explotación de los minerales que se encuentran dentro de nuestros territorios o cualquier programa o proyecto que altere o atente contra las comunidades y nuestra forma de organización interna. El agua, los bosques, las semillas entre ellas el maíz, así como los demás bienes naturales presentes en el territorio son nuestros, nos significan identidad, soberanía y los defenderemos ante los proyectos extractivos.

Nos solidarizamos con las diferentes comunidades y movimientos que se encuentran en resistencia como: Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oax, San José del Progreso, Pasta de Conchos, Coahuila, Chicomuselo, Chiapas, Coordinadora de Pueblos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), Comunidades del Istmo de Tehuantepec, y las diferentes resistencias que se encuentran en las regiones del Estado presentes en este foro.

encuentroteiticonfprensaNos sumamos a la exigencia para la cancelación inmediata de los proyectos mineros y las concesiones mineras: Enriqueta y El Doctor, otorgadas en Magdalena Teitipac; Tlacolula en San Juan Guelavia; Progreso II, II (bis), III, en San José del Progreso; Los Ocotes II, III, IV (fracción 1 y 2), V (fracción 1 y 2), VI (fracción 1) en Ejutla de Crespo; Los ocotes 1, Reducción Taviche oeste, Unificación Cuzcatlán en San Jerónimo Taviche; Lute dos, Lutito, en San Miguel Ejutla; La Raquelita I, del municipio de San Juan Tepeuxila, Cuicatlán; El Roble y Reducción El Roble en los municipios de Ixtlán de Juárez y San Pedro Yaneri; Lachatao, en Santa Catarina Lachatao; Zapotitlán 1 en municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec y Asunción Tlacolulita, entre otras, otorgados por el Gobierno Federal, sin la consulta ni el consentimiento de los pueblos. Exigimos el respeto irrestricto del derecho a la libre determinación y autonomía para que respeten nuestra forma de vida y nuestras aspiraciones que mejor nos convenga como pueblos y comunidades.

 

SI A LA VIDA NO A LA MINERIA

NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA

DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO

NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER

 

60 comunidades:

Magdalena Teitipac; San Juan Guelavía; La Barda Paso de Piedra, Zimatlán; San Matías Chilazoa; Monte del Toro; San Juan Teponaxtla; Maguey Largo; Río Anona, San Simón Almologas, Miahuatlán; San Francisco Lachigoló; Tlacolula de Matamoros; San Martín de Los Cansecos; Santa Catarina Lachatao; Santa Cruz Yagila; Asunción Lachixila; Santiago Teotlaxco; San Pedro Martir; El Porvenir; San Juan Tabaa; San Antonino Castillo de Velasco; San Baltazar Chichicapam; Hidalgo Santiago Nundichi; Santa Ana del Valle

San Sebastian Atoyaquillo; San Juan Achiutla; San Bartolomé Yukuañe; San Antonio Huitepec; Santiago Apostol; San Mateo del Mar; Independencia; San José Chiltepec; Santa María Zapotitlán; San Miguel Chongos; Tlaxiaco; Oaxaca de Juárez; Santa Crux Itundujia;

San Carlos Yautepec; San Dionisio del Mar; Ixhuatán; Jaltepec de Candayoc; Santa María Zoogochí; El Vergel Ejutla; Los Cocos Ejutla; San Juan Juquila Vijanos; San Pedro Yareni; Los Ocotes, Ejutla; Santa Rosa Buenavista; Guelatao de Juárez; San Gaspar Yagalaxi; San José del Progreso; Tejas de Morelos; San Isidro Huayapam; San Juan Tepanzacoalco; Panixtlahuaca; Zapotitlán; San José Chiltepec; Santa Rosa Buenavista; Santa María Guelacé; Santo Domingo Tepuxtepec; Santa María Huitepec; San Miguel Tiltepec

Cloete, Coahuila; San Miguel El Progreso, Guerrero; San Agustin Chicomuselo, Chiapas; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Tehuacán, Puebla; La Colorada, Zacatecas; Michigan, EU

36 organizaciones:

Capulli AC; Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; Centro de Estudios de la Región Cuicateca; CECI A.C.; CODEDI; CODEP; Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; CEREC; CODIGO DH; COLMENA OAXACA; Comité Samuel Ruíz; COPUDA; EDUCA A.C.; COPUVO; Enlace Comunicación y Capacitación; FLOR Y CANTO; FOCAP; INSO Oaxaca; OIDHO; Organización Familia Pasta de Conchos; MACO; MAIZ Mixteca; Mungier Ndyuck Guardianes del Mar AC; Oxfam México; REDECOM; Servicios del Pueblo Mixe; SIPAZ; SURCO AC; Tequio Jurídico; UAM Xochimilco; Uken ke uken Centro Cultural Zapoteco; UNAMA; Unitierra Oaxaca; UNOSJO SC; Yunhiz Espacio Alternativo

Pronunciamiento del Encuentro Regional por la Defensa de Nuestros Territorios

encuentro regionalEl día seis de diciembre del presente año, nos hemos reunido en la Comunidad de Morro Mazatan, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Autoridades Agrarias y representantes de las Comunidades de: San Miguel Chongos, Guadalupe Victoria, Santa María Zapotitlán, San José Chiltepec, Santa Lucía Mecaltepec, Santa María Candelaria, San Pedro Sosoltepec y San Pedro Tepalcatepec integrantes de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa del Territorio, Morro Mazatan, Santa Gertrudis Miramar, Tilzapote, San Pablo Mitla, Tlacolula de Matamoros, Rincón Bamba, Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Colectivo Matzá de la Comunidad de San Miguel Chimalapa y Tequio Jurídico A.C., para desarrollar el “Encuentro Regional por la Defensa de Nuestros Territorios”, con el objetivo de informarnos y articularnos para nuestra defensa frente a megaproyectos de despojo y proyectos extractivos, entre ellos, minería y Zonas Económicas Especiales.

Analizamos que nuestros territorios se encuentran en riesgo por un sistema capitalista, que en nuestro país se empezó a profundizar en los años 90´s, con la reconfiguración del marco jurídico del estado, reformando el artículo 27 constitucional, la ley minera, la ley de inversión extranjera y la entrada de Tratado de Libre Comercio con América del Norte TLC-AN, generando condiciones legales a favor de empresas nacionales e internacionales que pretenden imponer proyectos neoextractivistas, como minería, Proyectos de generación de energía eólica, hidroeléctricas torres de alta tensión, Zonas Económicas Especiales, proyectos turísticos y como consecuencia la militarización y paramilitarización de los territorios.

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