El día de ayer se celebró el día mundial de lucha contra la Mega Minería, en diversas partes del país se realizaron acciones, donde comunidades, grupos y organizaciones expresaron su rechazo total al desarrollo de este tipo de actividades económicas en el país, y no es para menos, ya que a través de diversos informes se encuentra documentada la violación sistemática de los derechos humanos, originadas por empresas mineras en complicidad con las autoridades federales y estatales.
Según la Coordinación General de Minería, instancia dependiente de la Secretaría de Economía (SE), a nivel nacional se encuentran registrados 864 proyectos mineros. Oaxaca se encuentra en la octava posición, los tres primeros lugares los encabezan los estados de Sonora, Chihuahua y Guanajuato con 210, 113 y 95 proyectos mineros respectivamente.
Hasta julio de 2014, en Oaxaca se encuentran registrados 40 proyectos mineros, impulsados por 24 empresas registradas en Canadá, USA, Perú y Australia. 32 se encuentran en etapa de exploración, 2 en etapa de producción comercial, ubicados en San José del Progreso y San Pedro Totolapam y 4 más suspendidos en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Santa Catarina Lachatao, Talea de Castro y Capulálpam de Méndez. Estos proyectos involucran a 22 municipios del estado, los cuales no fueron consultados al momento de entregar las concesiones mineras, mucho menos conocen sobre los graves impactos que este tipo de actividades ha generado en otros estados en los ámbitos: ambiental, social, político y cultural.
La mayor parte de proyectos mineros se encuentran concentrados en la región de los Valles Centrales, una de las regiones más productivas del estado de Oaxaca y con una gran diversidad de ecosistemas, sin embargo las problemáticas más sentidas por comunidades campesinas e indígenas lo representa la escasez de agua y la política de la CONAGUA que consiste en limitar su uso para fines agrícolas, no obstante la actividad minera es una de las principales actividades que requieren una gran cantidad de este liquido para el procesamiento de los minerales. Es importante mencionar que la comunidad de San José del Progreso, perteneciente a esta región ha resistido durante 8 años la imposición del proyecto minero “San José” que según el informe “Justicia para San José” en la comunidad ha habido una violación sistemática a los derechos de las y los ciudadanos.
Las autoridades mexicanas lejos de reconocer los graves impactos producidos por la actividad minera, están generando las condiciones sociales, políticas y legislativas para permitir “legalmente” este patrón de conducta de las empresas, ya que difícilmente se les puede exigir el respeto a dichos derechos. En este sentido es preocupante el paquete de reformas en materia energética y de hidrocarburos aprobados recientemente, ya que proporciona mayores garantías al sector privado, sobre todo trasnacional, en detrimento de los derechos de pueblos y comunidades indígenas.
En este contexto de violaciones nos sumamos a las acciones implementadas en el Día Mundial de lucha contra la mega minería, por lo que exigimos respeto al derecho al territorio de pueblos y comunidades en el estado de Oaxaca, respeto a las decisiones de Magdalena Teitipac, Capulálpam de Méndez y San José del Progreso en su rechazo legitimo a los proyectos mineros que pretenden imponer en sus territorios. Justicia para Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez defensores del territorio de San José del Progreso asesinados en 2012, exigimos justicia ante el asesinato de Mariano Abarca asesinado en 2009 en Chicomuselo Chiapas e Ismael Solorio y Manuela Solís asesinados en 2012 en Chihuahua, así mismo exigimos libertad a los presos que se encuentran detenidos por su lucha contra los proyectos extractivos en el territorio nacional.
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 22 de Julio de 2014
Creada para investigar los hechos ocurridos durante el conflicto sociopolítico de 2006 en esta entidad, la Comisión de la Verdad informó que analizará la actuación de todos los servidores públicos implicados en dichos sucesos, entre ellos los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y el exgobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz. El organismo, integrado por el padre Alejandro Solalinde Guerra; la investigadora Marina Patricia Jiménez Ramírez, y el periodista y escritor Diego Enrique Osorno González, precisó que realizará un trabajo “comprometido y exhaustivo”, aunque lastime muchos intereses. Destacó que esta Comisión estará en manos de la sociedad civil. Por su parte, Solalinde Guerra exhortó a la sociedad oaxaqueña a colaborar en la investigación de violaciones a los derechos humanos, y se tiene documentado que muchas personas no levantaron una denuncia o queja por temor a la represión. «No podemos permitir que se perpetúe la impunidad en Oaxaca; tenemos que sentar un precedente para que estos hechos no se repitan más». Leer el comunicado:
Soldados con equipo antimotines 
Pese a la ola de críticas que surgió contra el proyecto del Centro de Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el cual se planea edificar en el cerro del Fortín, entre el auditorio Guelaguetza y el hotel Victoria (cuyo dueño es el secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín Diego), 
