Pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos de Oaxaca invitamos a la conferencia de prensa donde informaremos sobre la «Jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de Nuestros Territorios-Samir Flores Vive».

La conferencia se realizará en los framboyanes (frente a Santo Domingo) el día 7 de octubre de 2019 a las 10:00 hrs.

Por el respeto pleno del derecho de libre determinación de los pueblos llamamos a defender la vida frente al despojo territorial que impulsan gobiernos y empresas.

Pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos de Oaxaca.

Bajo el cobijo del Cerro del Jaguar, lugar sagrado zapoteca, nos hemos reunido los días 17, 18 y 19 de mayo del 2019 en la comunidad de Santa Catarina Lachatao y Capulálpam de Méndez. La energía de nuestras ancestras y ancestros nos ha acompañado para que nuestras comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Zapoteco, Mixteco, Chontal, Cuicateco, Ikoots y Mixe, nos encontremos para reflexionar e intercambiar las situaciones que amenazan a nuestra madre tierra, a través de diversos proyectos extractivos que violentan nuestra forma de vida comunitaria, nuestros cuerpos, nuestra relación: con la tierra, con nuestro maíz, con nuestra agua, con nuestra espiritualidad y con nuestros territorios sagrados.

A través del intercambio de experiencias y visiones desde nuestro ser comunitario, coincidimos que es necesario escuchar y atender el reclamo de la madre tierra, toda vez que es ella la que nos da vida, sustento y después de nuestro caminar nos recoge y nos abraza para volver a ser parte de ella.

Nosotras-nosotros, mujeres y hombres, aquí reunidos, coincidimos que tenemos un Estado colonialista, con doble discurso respecto a los derechos de los pueblos indígenas, servil a las inversiones extranjeras y fiel defensor de las empresas extractivas, que sigue causando daño a la madre tierra. Desde este lugar sagrado denunciamos que el actual gobierno ha dejado en el olvido los compromisos para la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas como prometió en campaña, así como el reconocimiento pleno en los ámbitos constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas.

Seguimos practicando nuestra comunalidad como fundamento de nuestra vida a través de: la fiesta, el tequio, la lengua, las asambleas comunitarias, el territorio colectivo, las formas de impartición de justicia; estas instituciones son nuestras fortalezas para evitar el despojo al que intentan condenarnos los gobiernos pasados y la autollamada Cuarta Transformación. Reafirmamos el compromiso de seguir resistiendo como comunidades y como pueblos, velando y trabajando por el bien común y fortaleciendo nuestra espiritualidad como elemento fundamental para la defensa de nuestros territorios.

 “Negamos el desarrollo que nos niega a nosotros”, no queremos un desarrollo que signifique despojo y la continuidad del nuevo colonialismo que intenta eliminar nuestros usos, prácticas, lenguajes y espiritualidad para legitimar las acciones de sus políticas públicas individualistas y de despojo hacia los territorios indígenas, no vemos políticas públicas a favor de los pueblos indígenas, sino para atender a los pobres en el ámbito individual, siguiendo las instrucciones de las instituciones multilaterales que impulsan la globalización neoliberal.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando de manera organizada y colectiva en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, con el objeto de exigir el respeto y protección de nuestra madre tierra, la defensa del territorio, nuestros bienes naturales y la soberanía alimentaria.

• Reconocemos la organización comunitaria de Santa Catarina Lachatao por el ejercicio de su derecho a la autonomía para el fortalecimiento de su comunidad y la defensa del territorio contra las concesiones mineras.
• Exigimos la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en la Sierra Norte de Oaxaca y nos solidarizamos con la lucha y exigencia de las comunidades de Santa Catarina Lachatao, Capulalpam de Méndez y del Rincón de Ixtlán de Juárez. Demandamos el monitoreo ambiental de la Cuenca del Río Grande, afectado por la contaminación generada por más de 200 años de explotación minera, misma que se ha realizado en los últimos años por la Compañía Minera la Natividad y Anexas, y que actualmente sigue realizando explosiones de manera clandestina, con la complacencia del gobierno de López Obrador, quien ha hecho caso omiso de la información que se le ha solicitado al respecto.
• Nos solidarizamos con las luchas que confluyeron en este Encuentro, como las del Consejo Tiyat Tlali, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, Tierra y Vida Atcolhuac, de Ixtacamatitlán Puebla, así como la de San Miguel del Progreso y  Malinaltepec Guerrero.
• Nos solidarizamos con la Asamblea del Pueblo Chontal y nos unimos a la exigencia de cancelación de la concesión minera Zapotitlán I.
• Exigimos que las autoridades responsables de la protección ambiental rindan información pública y veraz respecto de la situación de la contaminación del Río Puerta, ubicado en la Sierra Sur, en la comunidad de Independencia de Santa Cruz Itundujia, en colindancia con el municipio de Santiago Amoltepec, Sola de Vega y así como del Río Coyote ubicado en la comunidad de Magdalena Ocotlán, contaminado por la empresa Fortuna Silver Mines.
• Reconocemos la lucha que mantienen el Frente No a la Minería por un Futuro de Todos y Todas, y nos sumamos a su exigencia de cancelación de las concesiones mineras otorgadas en los Valles Centrales, al mismo tiempo exigimos a la SEMARNAT que no autorice la Manifestación de Impacto Ambiental – Modalidad Particular del Proyecto San José II.
• Reconocemos y nos sumamos a la exigencia del respeto y el reconocimiento de los derechos territoriales para el uso, disfrute y administración del agua, que mantienen la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua (COPUDA) de la micro-región Xnizaa en los Valles Centrales, contra el Decreto de Veda de 1967.
• Rechazamos categóricamente el proyecto del Canal Interoceánico Seco que pretende realizarse en el Istmo de Tehuantepec que va más allá de la instalación del Tren Transísmico, pues se trata de la entrega de los territorios Zapoteco, Mixe, Ikoots, Chontal, Zoque, Popoluca, Nahua, a los capitales chino y estadounidense, así como la realización de la simulación de consultas, que contravienen los acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Estado mexicano y convocamos a la campaña “El Istmos Es Nuestro” para la defensa del territorio.
• Exigimos castigo a los autores materiales e intelectuales que han provocado incendios forestales y la tala ilegal en la selva de los Chimalapas, así como la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en este territorio.
• Exigimos alto a la criminalización de las y los defensores de derechos humanos y a las comunidades en resistencia contra los megaproyectos, así como castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra los defensores del territorio.

!OAXACA, TERRITORIO PROHIBIDO PARA LA MINERÍA»

Si a la vida, no a la minería.

Ni oro ni plata, la minería mata.

De la Sierra hasta el desierto, ni en túnel ni a cielo abierto.

No queremos anillo de oro ver, sino tlayuda para comer.

Comunidades participantes: Santa María Zapotitlán, San Juan Yaeé, Zanatepec, San Matías Petacaltepec, Santa María Yaviche, San Critstóbal Amoltepec, San Francisco Ixhuatan, Santiago Nundiche, Santa Lucía Mecaltepec, Santiago Teotlasco, Santa Cruz Itundujia, Independencia Itundujia, San Francisco del Mar Pueblo Viejo, Tehuantepec, Tlaxiaco, Santo Domingo Tehuantepec, La Ventosa Juchitán, Asunción Lachixila, Santa María Alotepec, Santiago Xiacuí, Santa Catarina Lachatao, San Martín de los Cansecos, San José del Progreso, Ixtlán, Tehuacán, Capulálpam de Méndez, San Juan Mixtepec, Jaltepec de Candayoc, San Juan Chicomezuchil, Santa María Yavesía, Tlalixtac de Cabrera, San Martín Tilcajete, Maguey Largo, San Matías Chilazoa, Santa Ana Zegache, Yalalag, Tepeuxila, Santiago Apóstol, El Porvenir, Santa Cruz Papalutla, El Almacen-Apasco, Alotepec, Magdalena Ocotlán, San Agustín Etla, Santo Tomás Jalieza, San Pedro Yodoyuxi, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Magdalena Teitipac, Tlapa de Comonfort-Guerrero, Zautla-Puebla, Los Ocotes, San Miguel del Progreso-Guerrero, Malinaltepec-Guerrero, Ixtacamatitlán-Puebla, Coatepec-Veracruz, San Miguel el Grande, Santa Cruz Yagavila, San Sebastián Tutla, El Espinal.

Organizaciones participantes: Laboratorio Popular de Medios Libres,Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio-APIIDTT, CDH Tepeyac, Servicios para una Educación Alternativa-EDUCA A.C., Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca-REDECOM, Ojo de Agua Comunicación .A.C., Enlace, Comunicación y Capacitación A.C., Asamblea del Pueblo Chontal, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-COPUVO, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca-UNOSJO S.C., Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Servicios del Pueblo Mixe-Ser A.C., Grupo de Mujeres en Defensa del Territorio de Santa Catarina Lachatao, Centro de Estudios de la Región Cuicateca-CEREC, Oxfam-México, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Tequio Jurídico A.C., Uken Ke Uken-Centro Cultural, Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua-COPUDA, Ollin Tlahtoalli A.C., Frente Regional de la Sierra Sur en Defensa de los Recursos Naturales y la Autodeterminación de los Pueblos, Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac, Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, Agua y Vida Atcolhuac, Frente Popular Revolucionario, CCMSS, Código DH, CESDER, Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, Colectivo Liquidámbar, Unitierra, Colmena-Red de Apoyo al CIG-CNI, Sección XXII, Frente de Lucha Campesina-COCYP, México hacia un Horizonte de Trascendencia Ecológica-MEXHOTE.

Investigador@s, estudiantes, docentes: Centro de Estudios Universitarios Xhidza, Colegio de San Luis, UAM-Azcapotzalco, Instituto Superior Intercultural Ayuuk-ISIA, Universidad de la Sierra Juárez-UNSIJ, CIIDIR-Oaxaca, Universidad Autónoma de la Ciudad de México-UACM, Centro Educativo de Formación Académica Comunitaria “CEFAC Benne Zaa”, Benemérita Universidad de Puebla-BUAP, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca-UABJO, Observatorio Ambiental UNAM.

• Exigimos al Estado Mexicano garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha convocado en días recientes a las autoridades e instituciones representativas de los municipios y las comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos indígenas Binnizá (Zapoteco), Ayuuk (Mixe), Zoque, Ikoots (Huave), Chontal, Chinanteco, Mazateco, Mixteco, Popoluca y Náhuatl asentados en el Istmo de Tehuantepec a participar en lo que ha denominado “Asambleas Regionales Consultivas” sobre el “Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, comunicando que las mismas se realizarán los días 30 y 31 de marzo del año en curso, en las sedes y fechas que se especifican en dicha Convocatoria, al respecto, las organizaciones firmantes:

1.-Rechazamos enérgicamente la realización de asambleas de consulta como ejercicios de simulación, pues no se apegan a los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los comentarios y recomendaciones generales emanados del sistema universal de derechos humanos.

2.-Solicitamos que la información sobre proyectos de desarrollo que afecten tierras indígenas, sea objetiva, completa, actualizada, técnica y culturalmente accesible, incluidas las repercusiones sobre la  vida y entorno de las comunidades así como  estudios sobre el impacto ambiental y social a fin de que se puedan conocer todas las consecuencias que cabe prever y que los pueblos indígenas interesados puedan adoptar decisiones libres e informadas, proporcionando la información en las primeras etapas de la consulta, con el tiempo suficiente  de entender las conclusiones de los estudios para así poder presentar sus observaciones.

3.- Reafirmamos que la etapa deliberativa es el proceso de discusión interno de la comunidad o pueblo indígena, sin la intervención de las autoridades del Estado mexicano, en donde los pueblos indígenas determinan la duración del periodo deliberativo y analizan la información proporcionada y, con base en ella, entablan diálogos y ejercicios participativos que permitan llegar a una decisión conjunta sobre sus posiciones con relación al objeto de la consulta.

4.- Precisamos que a partir de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Estados están obligados a obtener el consentimiento en los procesos de consulta cuando se trate de proyectos de desarrollo de gran impacto. El consentimiento libre, previo e informado es esencial para los derechos humanos de los pueblos indígenas y es la piedra angular del derecho a la consulta, separar el concepto de consulta del concepto de consentimiento provoca que la consulta se convierta en una herramienta de participación y no de libre determinación. La CIDH ha dicho expresamente que los proyectos de desarrollo a gran escala requieren no solo la consulta sino el consentimiento de las comunidades o pueblos que habitan el territorio en donde se pretende realizar el proyecto, alude incluso al deber de los Estados de cancelar los planes o proyectos a partir de los resultados que se obtengan de la consulta

5.- Nos preocupa que el Estado Mexicano ignore la Nota Técnica sobre la obligación de consulta que recientemente ha enviado la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, en donde se reafirma que “La consulta indígena no debe entenderse como un simple proceso de socialización sobre decisiones previamente tomadas por el Estado, sino como un proceso de diálogo horizontal con el fin de llegar a un acuerdo o consentimiento respecto a la medida, teniendo en cuenta los derechos de los pueblos indígenas que podrían resultar afectados.”

6.-Los procesos de consulta indígena no son un solo acto puntual, sino que deben realizarse en todas las fases de planeación e implementación; observamos y denunciamos la violación al carácter previo de la consulta y el consentimiento, pues se informó en diciembre de 2018 al presentar el proyecto en referencia que estaban ya contempladas inversiones para este proyecto del Istmo de Tehuantepec, lo que confirma que las asambleas regionales consultivas son una simple formalidad para proyectos que ya han comenzado a implementarse.

7.-Exigimos al Estado mexicano reconocer y proteger el derecho al territorio de los pueblos indígenas, estableciendo las garantías efectivas para el ejercicio de su autodeterminación y autonomía y su derecho a definir sus prioridades de desarrollo, así como garantizar la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y obtener su consentimiento previo, libre e informado durante la planeación e implementación de proyectos que les afecten.

8.- Exigimos se respete durante el ejercicio de las consultas, los tiempos, usos, costumbres y formas de toma de decisión de las comunidades, así como sus instancias representativas, definidas por ellas mismas y solicitamos al Estado se abstenga de acelerar estos procesos con el fin de legitimar con ejercicios de simulación los proyectos de desarrollo construidos al margen de las comunidades.

9.- Repudiamos que los proyectos gubernamentales intenten imponerse bajo “consultas” que no cumplen con la normatividad nacional e internacional, y que dichos procedimientos se estén convirtiendo en el modelo a seguir para proyectos de despojo a los pueblos y comunidades indígenas, para garantizar el derecho a la consulta, éstas deben ser previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe. Cualquier ejercicio que se aleje de lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del que México es firmante, será una simulación.

Por lo anterior, quienes firmamos este pronunciamiento, nos sumamos a la voz de los pueblos indígenas de la región del Istmo de Tehuantepec en la exigencia al respeto pleno de sus derechos colectivos, al mismo tiempo exigimos al Estado mexicano detener la violación sistemática del derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en todo el país.

PORQUE SON NUESTRA FUENTE DE VIDA, DEFENDAMOS NUESTROS TERRITORIOS

Centro de Estudios de la Región Cuicateca CEREC; Monapaküy-organización comunitaria de San Mateo del Mar; Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A. C.; Enlace Comunicación y Capacitación A.C.; Organizaciones Indias por los Derechos Humanos OIDHO; Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIZ; Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh A.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Servicios del Pueblo Mixe SER A.C.; Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA; Tequio Jurídico A.C.; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. 15 de marzo de 2019.

En memoria de Bernardo Vásquez Sánchez

Hace siete años, el 15 de marzo de 2012, recibimos con indignación la noticia del artero asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, agrónomo, defensor comunitario y opositor al proyecto minero “San José” en los Valles Centrales de Oaxaca.

Bernardo Vásquez iba acompañado de su hermano Álvaro Andrés Vásquez y Rosalinda Dionicio Sánchez, cuando fueron emboscados en su vehículo. Bernardo había recibido amenazas por parte del H. Ayuntamiento de San José y la empresa minera Fortuna Silver Mines, quien opera a través de su filial Cuzcatlán S.A. de C.V. las amenazas fueron denunciadas públicamente y ante las autoridades competentes, sin embargo fueron ignoradas por las autoridades federales y estatales.

Hoy, siete años después de estos lamentables hechos, la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) nuevamente enfrenta un clima de hostigamiento y amenazas en la comunidad, a partir del anuncio del Presidente Municipal de “recuperar” el palacio municipal de San José del Progreso. La COPUVO ha manifestado en diferentes comunicados y en mesas de trabajo con el gobierno estatal su preocupación en torno a este clima de violencia, nuevamente se ha enfrentado a la omisión de dichas autoridades en torno a la exigencia de justicia, reparación del daño y paz en la comunidad.

Durante este periodo, la empresa minera ha operado en total impunidad en el municipio de San José del Progreso, ha habido un daño profundo al tejido social, además de una violación sistemática de sus derechos fundamentales como pueblo zapoteco.

Ante estos hechos, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, manifestamos lo siguiente:

1. Nos solidarizamos con la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, en su lucha por construir una vida digna para la comunidad y la defensa de su territorio.
2. Nos solidarizamos con las familias de Bernardo Vásquez y Bernardo Méndez, y nos sumamos a la exigencia de castigo para los autores intelectuales y materiales.
3. Exigimos al gobierno estatal una atención oportuna, eficaz, transparente, además de trabajar con seriedad en torno al conflicto, igualmente exigimos que las autoridades estatales proporcionen las condiciones necesarias para la protección de defensoras y defensores en San José del Progreso, sobre todo en el marco de la fiesta patronal, a celebrarse del 17 al 20 de marzo de 2019.
4. Al gobierno federal exigimos garantizar los derechos al territorio, libre determinación y ambiente sano en la comunidad de San José del Progreso, por lo que nos sumamos a la demanda de la COPUVO: cancelación del proyecto minero San José y las concesiones mineras otorgadas en los Valles Centrales.
5. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca active  las medidas de protección a los derechos humanos de las y los defensores de San José del Progreso en el marco del aniversario del asesinato de Bernardo Méndez Sánchez y la celebración de la fiesta.

¡Porque son Nuestra Fuente de Vida, defendamos Nuestros Territorios!

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Imagen: Javier García

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios (CODT) se solidariza con la comunidad indígena de Santa María Zapotitlán, la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio y Tequio Jurídico A.C. en su lucha por el reconocimiento de sus derechos colectivos frente a concesiones y proyectos mineros.

El 18 de diciembre, dicha comunidad interpuso una demanda de amparo para exigir la cancelación del título de concesión minera Zapotitlán 1, que cubre una superficie de 5413 hectáreas y que pone en riesgo el 80% de sus tierras comunales.

El Juzgado Cuarto de Distrito otorgó una suspensión de plano a favor de la comunidad, por su parte el Gobierno Federal y la Secretaría de Economía colocaron dos recursos de queja frente a la determinación del Juzgado argumentando que la decisión de la comunidad indígena “obstaculiza el desarrollo del país” y «afecta el interés social».

Las concesiones mineras otorgadas en territorios indígenas y campesinos de Oaxaca, representan un retroceso en términos del reconocimiento y respeto de los derechos territoriales; el desarrollo no se puede dar a través de proyectos que profundizan la violencia, el despojo, la discriminación, la contaminación del ambiente y la privatización de los bienes comunes.

El CODT aplaude la decisión de las comunidades Chontales de hacer respetar sus derechos utilizando las vías legales y se suma a la demanda de cancelación definitiva de las concesiones mineras otorgadas en territorio chontal.

El CODT Considera que el fallo del Juzgado Cuarto Distrito del Estado de Oaxaca, puede ser una oportunidad que coloque precedentes para el reconocimiento y respeto de los derechos territoriales de las comunidades indígenas frente a los megaproyectos, donde tendrán que prevalecer los derechos humanos de las comunidades, ante los intereses de los particulares o empresariales.

En este sentido, el CODT Exhorta  al Gobierno Federal y la Secretaría de Economía, a revalorar su postura frente al litigio contra la concesión Minera Zapotitlán 1, que respete los derechos colectivos de la comunidad agraria e indígena de Santa María Zapotitlán, como una muestra de seguir avanzando en el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas.

¡Respeto a los derechos de autonomía y libre determinación!

¡Ni Oro, Ni Plata, la  Minería Mata!

Porque son Nuestra Fuente de Vida, Defendamos Nuestros Territorios!

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios