Las empresas mineras invaden nuestros territorios, la mayoría canadienses, pero todas violan los derechos humanos fundamentales. Por toda la región mesoamericana han causado desplazamiento de la población de sus territorios y viviendas, generando graves impactos en la salud como en los casos de Valle de Siria en Honduras, San Miguel Ixtahuacán en Guatemala y Carrizalillo en México.
En su paso por nuestros territorios han dejado cuencas envenenadas, comunidades y familias divididas; provocado deforestación, pérdida de biodiversidad y de soberanía alimentaria de las regiones campesinas e indígenas. Han contribuido a la corrupción de las autoridades locales y nacionales en nuestros países, y son actores principales en la creciente represión y criminalización de que somos objeto por parte de nuestros gobiernos, cuando exigimos respeto a nuestros derechos o denunciamos las injusticias ambientales que llevan a cabo. Sigue leyendo
