A las organizaciones populares del país, A los periodistas y representantes de los medios de comunicación, A la opinión Pública Nacional e Internacional, De la manera más atenta hacemos de su conocimiento los hechos violentos que han venido ocurriendo desde 2008 en la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca a raíz de la entrada en operación de la minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc.; los cuales tienen como último capítulo lo ocurrido el pasado 18 de enero de 2012 donde perdió la vida el compañero Bernardo Méndez Vásquez y sufrió graves heridas la compañera Abigaíl Vásquez Sánchez.
San José del Progreso, Oaxaca es sólo una de tantas comunidades agredidas por la minería.
En más de 13 estados de la república se han suscitado conflictos socio-ambientales:
Chihuahua, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. México se ha convertido en el principal destino de Latino América para la inversión minera y el cuarto destino a nivel mundial. El 26% del territorio nacional se encuentra concesionado a proyectos mineros, se encuentran operando 757 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales el 73% son empresas canadienses.
Gran parte de la superficie entregada a las mineras es propiedad ejidal lo que ha ocasionado conflictos socio-ambientales.
Si es verdad lo que afirma el gobierno del Estado de Oaxaca, respecto a que el día 18 de enero de 2012 se ejecutaba la introducción de agua potable a través de un pozo tipo “noria” y una línea de conducción de agua potable para el beneficio de todos los habitantes de la población,
no parece congruente que el presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez, junto con el regidor, Gabriel Pérez Ruiz y otros sujetos, abrieran fuego con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15) contra la población que sería supuestamente beneficiada con la obra hidráulica.
Queremos hacerles saber que San José del Progreso fue una comunidad tranquila hasta la llegada de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc., conocida localmente como Minera Cuzcatlán, y es cierto, como manifiesta el gobierno del estado, que existe un problema de carácter político. Sólo le faltó agregar que en el mismo tiene las manos metidas la citada empresa minera, ya que de todos es sabido cómo incidió en el proceso electoral para que personas afines a su proyecto minero ocuparan los cargos políticos municipales, con el único interés de seguir conservando sus lucrativos negocios con las autoridades municipales, pues como el mismo apoderado legal lo declarara públicamente en el año 2010, que por petición del expresidente municipal Amadeo Alejo Vásquez Rosario en el año 2007, no consultaron a la población para el inicio de las operaciones de exploración de dicha empresa, lo cual deriva en una falta de legitimidad de esas autoridades que se hace más evidente cuando se dedican a
cuidar y defender los intereses de la empresa minera que de ninguna manera son los de la población. Esto por consecuencia ha generado un vacío de poder y una pugna con las organizaciones comunitarias y las organizaciones no gubernamentales que practican las formas de organización provenientes de su experiencia histórico, política y cultural, que buscan rescatar su vida comunal, el estado de derecho, desarrollo sustentable y la paz social secuestrada desde la llegada de la minera Cuzcatlán.
Consideramos que no es función del estado oaxaqueño atemperar ánimos, como dice hacerlo, sino hacer cumplir el estado de derecho plasmado en las normas constitucionales y las que de ella emanan; no dudamos de su buena voluntad a fin de conciliar a los grupos en pugna, mas, de esa forma, lo que se está atacando son los efectos mientras que las causas quedan intocadas. Los diversos problemas que se han suscitado y seguirán, son originados y estimulados por la presencia y actividades de la multicitada minera, cuyos impactos no se constriñen a lo ambiental, inciden por consecuencia en lo político y social como está ampliamente demostrado.
La complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno con la Minera Cuzcatlán se hacen más evidentes cuando en reiteradas ocasiones se les informó e hizo llegar las evidencias fotográficas y filmaciones de las agresiones cometidas en diversos momentos,tanto
por la llamada asociación civil San José Defendiendo Nuestros Derechos (creada y financiada por la minera) presidida por Servando German Arango, así como por las mismas autoridades
municipales y de los cuerpos policiacos de la policía estatal y federal en contra de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) por lo que denunciamos que el objetivo principal de la empresa minera ha sido la obtención de excesivas ganancias económicas por encima de la vida y la tranquilidad de nuestro pueblo
. A manera de ejemplo, citamos cuatro de los principales conflictos suscitados en nuestra comunidad:
Desalojo 6 de Mayo 2009.
Nuestros Derechos,5 de Abril miembro de la Asociación civil San José Defendiendo Artemio Lidio MuñozVásquez, 2010.
Amador Vásquez Gómez, Sindico Municipal de San José del progreso, 6 de Marzo 2011.
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ComoSoluciónParota;IndígenasComité Michoacán;Consejo Flor dedel ColectivoConsejo Liberación