DECLARATORIA DE CERRO DE LAS HUERTAS EJUTLA DE CRESPO OAXACA

Reunidos en la explanada de la comunidad de Las Huertas Ejutla de Crespo, Oaxaca, 48 comunidades, 30 organizaciones 2 Centros de Investigación y 3 radios comunitarias procedentes de los Valles Centrales, Sierra Sur, Costa, Istmo y Cañada, todos con el objetivo de generar un espacio de reflexión a nivel estatal sobre los principales avances y desafíos de los movimientos contra la minería; fortalecer las resistencias, defensa de las comunidades y organizaciones de Oaxaca y analizar las condiciones para generar actividades articuladas a nivel regional y estatal. En este encuentro compartimos las siguientes problemáticas:

La minería es la expresión de un modelo de dominación, sustentado en la extracción irracional de los bienes comunes de los pueblos, que se sustenta en el despojo. Solo en el territorio estatal existen más de 400 concesiones, 35 proyectos mineros, impactando prácticamente las 8 regiones de nuestro estado. Ninguna de estas concesiones y/o proyectos tienen la anuencia de nuestros pueblos y comunidades.

A los pueblos se nos violenta nuestro derecho a la información, ya que existen en nuestros territorios concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal sin el consentimiento de nuestras asambleas comunitarias, además la información que existe sobre las concesiones es manipulada, parcial y poco accesible. Esta condición vulnera otros derechos fundamentales como son la autonomía, el territorio y violenta nuestros sistemas comunitarios en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales.

Nuestros territorios sostienen la economía y alimentación comunitaria y regional, los proyectos mineros también amenazan gravemente dichas formas de vida, generando una contaminación irreversible en nuestro medio ambiente.

Las empresas mineras violenta nuestros derechos utilizando diversas estrategias y mecanismos para dividir y confrontar a las comunidades, por otro lado, los gobiernos federal y estatal genera modificaciones legislativas e institucionales en beneficio de los intereses de las empresas trasnacionales tales como el Fondo Minero, dichos cambios tienen como finalidad el despojo de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas.

De igual forma, se criminaliza el trabajo de las y los defensores del territorio, se les persigue, encarcela y en el peor de los casos se les priva de la vida. El sistema de justicia tampoco garantiza el ejercicio de los derechos humanos. A pesar de esta situación nuestros pueblos se organizan para defender la tierra, el territorio y nuestros bienes comunes, combinando diversas estrategias de resistencia pacífica.

Ante este contexto las comunidades y pueblos DENUNCIAMOS:

La comunidad de Ciudad Ixtepec rechaza rotundamente el proyecto minero impulsado por la empresa Plata Real, Filial de Primero Mining misma que está presionando a las autoridades para obtener su consentimiento.

La comunidad de Monte del Toro denuncia al subdelegado Alfredo Ramírez de Conciliación Agraria, quien mediante engaños y promesas falsas intenta dividir nuestro ejido. Monte del Toro exige el respeto a su declaratoria de territorio prohibido para la minería, realizada en noviembre de 2015. No vamos a permitir la realización de ningún trabajo o exploración minera en nuestra comunidad.

La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán exige la cancelación del proyecto minero “San José” y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez. Alto a la campaña promovida por Fortuna Silver para expandir su proyecto de muerte en las comunidades de Ocotlán de Morelos y Ejutla de Crespo.

14 comunidades del municipio del Barrio de la Soledad denunciamos que la empresa Cruz Azul S.C.L. desde 1943 está substrayendo el agua de nuestra comunidad para el procesamiento de su fábrica y para venta a otras comunidades vecinas, esta situación ha afectado nuestro derecho al uso y disfrute del agua. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta de las autoridades competentes, por lo que exigimos el respeto a nuestro derecho al territorio y específicamente al derecho al agua.

El Centro de Estudios para la Región Cuicateca (CEREC) denuncia que en la región de la cañada existen 13 concesiones mineras, las cuales han vulnerado el derecho a la autonomía y el territorio. Exige la cancelación definitiva del proyecto “La Raquelita”, ubicado en el municipio de San Juan Tepeuxila.

14 comunidades Chontales de los municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec y Asunción Tlacolulita denunciamos que 5413 hectáreas están concesionadas a las empresas mineras Zalamera y Minaurum Gold, dichas concesiones fueron entregadas por el gobierno federal sin nuestra autorización, en este sentido exigimos la cancelación de dichos permisos.

La comunidad de San Andrés Chicahuxtla, denunciamos y rechazamos la introducción de programa Fanar en nuestra comunidad.

La comunidad de Santa Catarina Coatlán, denunciamos las afectaciones a nuestras tierras ejidales por la introducción de la supercarretera, Oaxaca Puerto Escondido.

Manifestado lo anterior:

Exigimos la cancelación de las concesiones y proyectos mineros en el estado de Oaxaca, NINGÚN PROYECTO MÁS SIN LA AUTORIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS.

Hacemos un llamado a comunidades, pueblos y organizaciones a defender la tierra y el territorio contra los proyectos de muerte.

De igual forma convocamos a todas las comunidades, pueblos, organizaciones sociales, colectivos a la articulación de esfuerzos para hacer un frente estatal contra la minería. En este sentido DECLARAMOS EL 22 DE JULIO DE CADA AÑO CÓMO DÍA ESTATAL DE RESISTENCIA CONTRA LA MINERÍA EN OAXACA.

29 y 30 de Enero del 2016.

ENCUENTRO ESTATAL DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES CONTRA LA MINERÍA

“AQUÍ DECIMOS SI A LA VIDA”

¡NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE!

Agua del espino, San Miguel Panixtlahuaca, San Antonino Castillo Velasco, La Guadalupe, Monte del toro, San José Chiltepec, San Dionisio Ocotepec, Magdalena Teitipac, San Andrés Chicahuaxtla Putla Villa de Guerrero, Ejutla de Crespo, Tlahuitoltepec, Guelavía, Zaachila, Santa María Alotepec San José del Progreso, Santa Lucía Mecaltepec, Ixtepec, San Juan Chilateca, San José de las Huertas, San Cristóbal Amoltepec, Jaltepec de Candayoc, Tepeuxila Cuicatlán, La Noria de Ortíz, Santo Domingo Zanatepec, Tiracoz Cuilapam de Gro, San Esteban, San Miguel Chongos, Rincón Vaquero, San Martín de los Cansecos, Taniche Ejutla, Barrio la Soledad Chigola, Maguey Largo, Santa Catarina Coatlán, San Bartolomé Quialana, Pozo de Agua, San Miguel Panixtlahuaca, San Sebastián Yutanino, San Juna Chilateca, San José el Cerro Ejutla, Capulálpan de Méndez, San Gregorio Ozolotepec, San Matías Chilazoa, Tlaxiaco, Nacedero, Yagila Ixtlán, Ejido Barrio del Progreso, Zaachila, San Cristóbal Amoltepec, Tlaxiaco.

Colectivo Oaxaqueño en defensa de los territorios (Servicios para una Educación Alternativa, Tequio Jurídico A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Servicio del Pueblo Mixe, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto), Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Yunhiz, Espacio Alternativo, Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca (SURCO) A.C., Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (CNPA-MN), Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C., Consejo de Pueblos Mayas, Comité Promotora Contra la Minería Ixtepec, Centro de Estudios de Estudios de la Región Cuicateca, Plan de Axión, Cordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Oidho, Comité de Defensa de la Integridad Cultural y Territorial de Magdalena Teitipac, Pez en el árbol, ONG ASHER-Patagonia Chile, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, Unión Campesina Indígena de Oaxaca Emiliano Zapata (UCIO-EZ), Unitierra, Ideas Comunitarias, Asociación Civil Soldados, Proyecto Ambiental, Enlace Comunicación y Capacitación, Grupo Ecologista de Zanatepec, Oaxaca; Espacio Kruz, Herramientas para el Buen Vivir A.C. Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA). Brigada Indigenas/94, Instituto de la Naturaleza (INSO). Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), Movimiento Radio, Radio Yax-chil, Radio Ejuteca.

Declaratoria del Foro Regional “Ríos y Montañas en Peligro” – Los Pueblos y su Derecho al Territorio

Tataltepec de Valdés, Juquila, Oaxaca, 14 de noviembre de 2015. 

El día de hoy, nos reunimos en la cabecera del municipio de Tataltepec de Valdés, quienes hemos vivido en estos territorios mixteco, chatino y afromexicano para realizar el Foro Regional: “Ríos y Montañas en Peligro” – Los Pueblos y su Derecho al Territorio, en el cualhemos compartido estrategias de resistencia y defensa, pero sobre todo, porque en una voz unánime rechazamos los proyectos de presas hidroeléctricas y mineros que amenazan nuestros territorios indígenas.

Las 51 comunidades, 17 organizaciones civiles y más de 400 personas representamos espacios que desde hace muchos años nos hemos organizado para defender nuestras tierras y bienes comunes frente a proyectos de desarrollo e infraestructura, o mejor conocidos como megaproyectos. Consideramos que nos debemos coordinar de manera más activa e informarnos porque compartimos problemáticas comunes. Además, reconocemos que se han activado nuevos riesgos que se desencadenan a la luz de la reforma energética aprobada por el Congreso y el gobierno federal.

En este foro, se compartió que existen al menos 14 proyectos proyectos hidroeléctricos en la costa de Oaxaca, y varios proyectos mineros. Muchos de ellos, en su momento los rechazamos de manera organizada, pero hoy han sido relanzados por autoridades federales en conjunto con el gobierno de Oaxaca. Reiteramos que este tipo de estrategias vulneran desde nuestro derecho al acceso a la información, hasta el derecho a preservar nuestros territorios y decidir sobre nuestro propio desarrollo.

Los proyectos de presas como de minas, generan graves daños en nuestros territorios y medio ambiente, devastan nuestra agua y con ello ponen en riesgo la continuidad de nuestra vida como pueblos, generan daños sociales y culturales, nos dividen para permitir la entrada de empresas trasnacionales. También son devastadores de nuestro medio ambiente pues buscan inundar nuestras tierras y usan químicos que contaminan el agua, el suelo, el subsuelo e incluso el propio aire que respiramos.

Estas nuevas leyes, son continuidad de programas anteriores que han buscado desnaturalizar el carácter social y colectivo de nuestras tierras, para individualizarlas, como en su caso fue PRODECE ahora FANAR. Por ello, reivindicamos nuestras tierras indígenas, nuestra propiedad ancestral y el poder de decidir sobre las mismas y los bienes comunes. Este foro también respalda a nuestras autoridades agrarias, muncipales y comunitarias en sus acciones de defensa del territorio en la región de la costa.

En conclusión, hoy alzamos nuestra voz unida para refrendar que nuestros territorios indígenas son territorios prohibidos para presas, minería y todos los proyectos de extracción y exigimos que sea respetado nuestro rechazo.

¡Que fluyan los ríos libremente y sin fronteras!

¡No a la Presa Paso de la Reina!

¡Sí a la vida, no a la minería!

Tataltepec de Valdés, Plan del Aire, Paso de la Reyna, Piedra Amarilla, San José de las Flores, Llano Víbora, Consejo del Agua, Puerto Escondido, Santa María Templo Viejo, El Ocote o La Palma, Las Trojes, Colotepec, Piedra Grande, Llano Verde, Virgen de los Pobres, Teojomulco, Santa Cruz Zenzontepec, Independencia Itundujia, San Lucas Atoyaquillo, San Pedro Atoyac, El Camalote Colotepec, La Luz Tututepec, San Jacinto Tlacotepec, Tenamazapa, El Vidrio, Santa María Tlapanalquiahuitl, Cerro Flor, Cerro Luna, Santiago Ixtayutla, Corral de Piedras, Peñas Negras, José María Morelos, San Pedro Jicayán, Cacahuatepec, Pinotepa Nacional, Santa Ana, Panixtlahuaca, El Ocotillo, Agua Ceniza, Huazolotitlan, Cozoaltepec, Soledad Etla, Peñas Negras, Santa María Jicaltepec, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santiago Jocotepec, Paso de la Garrocha, San José Cofradía, Los Naranjos, Potchutla, Campanario Putla de Guerrero.

Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde – Copudever

Diócesis de Puerto Escondido;

Unión de Comisariados de la Región Sierra Sur;

Comité Magisterial Popular Tatu Ñuu

La Ventana, Oaxaca;

Organización de Pequeños Productores de Café Orgánico del Estado de Oaxaca – Yeni Navan

Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinollan;

Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio y en contra de la Minería de la montaña de Guerrero y Costa Chica;

Guardia Indígena Nacional, Colombia

ONIC Organizacion Nacional Indígena de Colombia

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios conformado por Tequio Jurídico, Ser Mixe, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos indígenas “Flor y Canto”, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca (UNOSJO), Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).

Minera Plata Real, fabrica delitos contra personas defensoras en Magdalena Teitipac. Oaxaca

  • Fabricación de delitos contra defensoras y defensores: práctica sistemática de la empresa para la imposición de su proyecto.
  • Exigimos la cancelación de procesos penales y liberación inmediata de Pedro Aguilar Aguilar.

Catorce defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos enfrentan procesos penales en su contra, consecuencia de su labor de defensa contra la compañía minera Plata Real S. de R.L. de C.V., por lo que la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, Oaxaca, vive una situación de conflicto social y ambiental desde hace 6 años.

Pese a la exigencia de la comunidad y pruebas aportadas por las asamblea general sobre la inocencia de las personas defensoras,  el día 30 de julio de 2015 fueron liberadas órdenes de aprehensión contra Pedro Aguilar Aguilar y Pablo Aguilar García, de los cuales, el primero se encuentra recluido en el penal de Santa María Ixcotel, Centro Oaxaca. El mismo Pedro y su esposa Cresencia García Gómez, fueron también detenidos en agosto de 2014. De igual forma, el 30 de julio del 2012 y 30 de mayo del 2013, fueron detenidos Fernando Martínez Molina e Hipólito Alvarado Ignacio.

Es importante mencionar que desde julio de 2013, la comunidad ha exigido la cancelación de las órdenes de aprehensión que tienen en su contra ciudadanos y ciudadanas de la comunidad, al no obtener respuesta de las autoridades involucradas en la problemática, la asamblea general de comuneros celebrada en la comunidad agraria de Magdalena Teitipac el día 8 de agosto de 2015, en presencia del Comisariado de Bienes Comunales, Consejo de Vigilancia, el Presidente, Síndico y Regidor de Hacienda Municipales, el Comité por la Defensa de la Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac y aproximadamente 400 ciudadanas y ciudadanos, respaldaron el trabajo realizado por el C. Pedro Aguilar Aguilar y responsabilizando a la empresa minera “Plata Real” por la fabricación de delitos hacia ciudadanas/os.

Denunciamos que la labor de defensa comunitaria que realizan los representantes agrarios e integrantes de la comunidad por mandato de su asamblea ha sido objeto de una campaña permanente de hostigamiento y amenazas, utilizando el sistema de justicia penal para inhibir sus acciones por la defensa de sus derechos territoriales y humanos.

En este sentido, hacemos un llamado al  sistema judicial a no criminalizar la defensa del territorio, a partir de la fabricación de delitos contra defensoras y defensores comunitarios.

En febrero de 2013 la asamblea general de ciudadanos determinó expulsar a la compañía minera, por lo que ésta, decidió retirar su maquinaria en julio de 2013, Dicha decisión fue ratificada mediante sesión solemne de cabildo el 17 de agosto de 2013, sin embargo el conflicto en la comunidad continúa, toda vez que existen procesos penales en contra de defensoras y defensores, fabricados por la compañía minera.

Ante esta situación el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, exige a las autoridades involucradas:

  • Se garanticen los derechos de la comunidad de Magdalena Teitipac a defender su territorio.
  • Respeto a la decisión de la asamblea de Magdalena Teitipac de declarar su territorio prohibido para la minería.
  • Se garantice en todo momento el debido proceso a las y los defensores y defensoras que enfrentan una causa penal.
  • Se desista de la persecución y acusación penal de personas contra quienes no hay sustento probatorio respecto de la comisión de supuestos delitos, en un marco de criminalización de defensores y defensoras de la comunidad.
  • Libertad inmediata para el defensor comunitario Pedro Aguilar Aguilar.
  • Cancelación de la orden de aprehensión liberada contra Pablo Aguilar García.
  • Cancelación de todas las averiguaciones previas y ordenes de aprehensión  que se han liberado en contra de los defensores y derechos humanos de Magdalena tetitpac.

“Porque son Nuestra Fuente de Vida, Defendamos Nuestros Territorios”

No a la criminalización de defensoras y defensores comunitarios.

Oaxaca, Oaxaca, agosto de 2015

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

Servicios del Pueblo Mixe A.C.

Servicios Para Una Educación Alternativa EDUCA A.C.

Tequio Jurídico A.C.

            Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C.

Declaratoria del Segundo Encuentro Estatal de Autoridades Comunitarias:

Reunidos en la Agencia de San Luis Beltrán, Municipio de Oaxaca de Juárez, los días 10 y 11 de octubre de 2014, los representantes de las comunidades de: La Baeza, San Juan Alotepec, Santiago Apóstol, Santa Lucia Mecaltepec; Tanetze de Zaragoza; Paso de la Reina; San Agustín Loxicha, San Bartolomé Loxicha, San Miguel Chongos; Magdalena Teitipac; San Jacinto Ocotlán, El Porvenir, San José del Progreso, San José Chiltepec Yautepec; San Isidro Zegache; San Martin Tilcajete; San Antonino Castillo Velasco y Santa María Soogochi, Ixtlán de Juárez, para analizar las principales reformas y sus afectaciones en los territorios de los pueblos indígenas de Oaxaca, e incentivar el uso de herramientas comunitarias para la defensa del territorio.

Durante el II encuentro de Autoridades Indígenas del Estado de Oaxaca,  organizado por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, integrado por las Organizaciones: Tequio Jurídico A. C.; Servicio para una Educación Alternativa, EDUCA; Centro de Derecho Indígenas Flor y Canto A. C.; Unión de las Organizaciones de la Sierra Juárez UNOSJO S. C.; Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Prodh A.C. y Servicios del Pueblo Mixe, Ser Mixe A.C.; organizaciones que acompañan a comunidades para la defensa integral del territorio en el Estado de Oaxaca, las autoridades comunitarias analizaron diversas problemáticas que se enfrentan en las regiones del estado de Oaxaca, así como las consecuencias de la Reforma energética y sus impactos en los territorios de los pueblos indígenas, al intercambiar sus experiencias y vivencias las autoridades comunitarias, refrendaron su valor y el compromiso para seguir defendiendo el territorio, herencia de nuestros ancestros, ya que ella representa un valor sagrado, porque las comunidades indígenas consideramos a la tierra como nuestra madre.

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PRONUNCIAMIENTO: Reforma energética representa un despojo territorial “legalizado”

En el marco del Seminario Agua y Energía realizado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, el día 14 de julio de 2014, nos reunimos organizaciones civiles y comunidades pertenecientes a los pueblos mixteco, chatino, zapoteco y mixe del estado de Oaxaca, con representación de organizaciones de Chiapas y el Distrito Federal para analizar y denunciar las actuales reformas que se están implementando en nuestro país, mismas que carecen de una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Con todas estas nuevas leyes y estrategias para despojarnos de nuestros bienes naturales, creemos que el debate sobre la distribución y generación de la energía se vuelve fundamental, donde el agua constituye el eje principal de la vida en su conjunto, y el que más se encuentra amenazado.

Desde 1917 no se habían realizado modificaciones constitucionales tan profundas como las que se están implementando a partir de la gestión de Enrique Peña Nieto, las cuales favorecen intereses de empresas nacionales y extranjeras: Ley de Hidrocarburos, Ley de Aguas Nacionales, Ley Minera, Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley de Energía Geotérmica, Ley Hacendaria, Ley de Inversión Extranjera, Ley de Amparo, Ley de Expropiación, Ley de Bienes Nacionales, Ley Laboral, Ley de Órganos Reguladores en Materia Energética, Ley de Asociaciones Público y Privadas, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente,  Ley General de Educación y por último, la recién aprobada Ley de Telecomunicaciones, han sido presentadas y aprobadas sin la participación de las comunidades y la ciudadanía en general que habitan en nuestro país, representando un despojo territorial legalizado.

Un ejemplo de este despojo lo representan los proyectos en nuestro estado de Oaxaca, como la construcción de la Presa Acueducto Bicentenario, mejor conocida como Paso Ancho, que busca privatizar el abasto de agua en la capital del estado; el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, instrumentado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la presa derivadora Flores Magón (CONAGUA), que continuamente provoca inundaciones a poblaciones negras-afromexicanas, en la región de la costa de Oaxaca; la política de concesiones que afecta a campesinos y campesinas organizados en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua en el Valle de Ocotlán y los proyectos mineros “San José” impuesto por la compañía Fortuna Silver Mines, “Natividad” por la compañía Minera Natividad y Anexas y Sundance y el proyecto “Plata Real” impulsado por la empresa del mismo nombre.

A pesar de que se ha intentado por  las vías legales y pacificas resistir y defender nuestros territorios, la respuesta de las autoridades en el mejor de los casos ha sido la omisión, así como mesas de diálogo inútiles e ineficaces. Desafortunamente para la mayoría de los movimientos y comunidades que legítimamente se oponen a estas reformas, han encontrado por parte de los tres niveles de gobierno engaños, mentiras, amenazas, represión, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hasta ejecuciones a defensores y defensoras comunitarias.

Ante este escenario de amenaza, DENUNCIAMOS:

Que la política hídrica del gobierno mexicano incumple las cuatro características previstas en la Observación General N° 15 adoptada por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU para el acceso al agua: cantidad, calidad, suficiencia y asequibilidad, ya que la mayor parte de las aguas superficiales y subterráneas se encuentran contaminadas.

Para el gobierno mexicano el derecho humano al agua se ha convertido en un pretexto para la privatización de este bien, tal es el caso del borrador de la Ley de Aguas presentado por la CONAGUA en 2013, en el cual no contempla ninguna de las propuestas realizadas por la sociedad civil en el proyecto “Agua para todos, agua para la vida” Por el contrario la agenda de dicha dependencia se traduce en enormes proyectos de infraestructura, como presas, trasvases, tratadores, pozos profundos, etc., que tienen una afectación de alto impacto para las poblaciones donde se instrumentan.

CONAGUA, uno de los organismos más denunciados por parte de las comunidades en el país por brindar servicios a intereses privados, no está ejecutando las sentencias de Tribunales, ni respetando las decisiones de comunidades y movimientos. Tal es el caso que enfrenta la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua en los Valles Centrales de Oaxaca. Aunado a esta situación, dichas comunidades están siendo presionadas mediante el cobro excesivo por el servicio de la luz eléctrica.

La CFE, diputados y senadores locales, presionan y hostigan a las comunidades aglutinadas en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para la aceptación del proyecto Paso de la Reina, aun cuando existen actas de asamblea firmadas por 43 comunidades rechazando el proyecto. De igual forma se ha intentado coaccionar la decisión de estas comunidades  a través de la limitación de recursos y entrega de proyectos dirigidos a los municipios que son generados con recursos públicos.

La Comisión Nacional Forestal, a través de la empresa DIAAPROY S.A. de C.V. en su proyecto “Recuperación de muestra y captura de la información de campo del inventario nacional forestal” desacata la decisión de comunidades de la Sierra Sur y Costa de no permitir la realización de estudios en sus territorios. En el caso de la comunidad de San Miguel Chongos se denuncia que a pesar de la negativa de la comunidad, dicha empresa realizó  estudios en árboles.

Nos hermanamos con la defensa del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) de Guerrero y exigimos la liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui, dirigente del mismo e integrante del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los ríos (MAPDER). Asimismo exigimos la liberación de todos los activistas, defensoras y defensores del territorio detenidos injustamente.

Reconocemos que el respeto al derecho a la consulta es un logro importante de nuestros pueblos y movimientos, por lo que exigimos deje de ser utilizado por parte del Estado Mexicano como herramienta para legitimar megaproyectos en el estado de Oaxaca y en todo el país. El desarrollo no puede entenderse a costa de  los pueblos y comunidades campesinas, indígenas y pescadoras, por lo que en sesiones solemnes de cabildo hemos declarado nuestros territorios prohibidos para proyectos extractivos, sean minería, presas, eólicos o cualquier otro proyecto que afecte nuestros territorios. Tenemos el derecho a seguir defendiendo nuestros territorios y que se respete nuestra decisión sobre el desarrollo de los mismos.

En consecuencia seguiremos construyendo iniciativas de protección, cuidado y defensa de nuestros territorios a través del manejo participativo y comunitario del agua y nuestros bienes comunes, la recuperación de nuestras cuencas y la protección de nuestras fuentes de agua, 

“SI A LA VIDA, NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE”

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 14 de julio de 2014.

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Tequio Jurídico A.C., Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Centro Prodh A.C.; Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde(COPUDEVER); Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA); Capulálpam de Méndez; Magdalena Teitipac; Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecas de la Sierra Juárez UZACHI; Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA); Blue Planet Project;, Otros Mundos-Chiapas A.C.; Hij@s de la Tierra.

ACCION URGENTE: Exigimos la libertad inmediata de Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del CECOP

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios exige al gobierno “la libertad inmediata de Marco Antonio Suástegui Muñoz, destacado integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, CECOP”, detenido el 17 de junio de 2014 en Acapulco.

Firmar en línea la Acción Urgente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan:

Detención y traslado ilegal a penal federal de dirigente del CECOP.

PRONUNCIAMIENTO: Justicia para San Jose del Progreso

A dos años del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, quien perdió la vida en un ataque perpetrado por  su oposición al proyecto minero “San José”, impuesto en la comunidad de San José del Progreso desde 2006 por la empresa minera “Fortuna Silver Mines” con sede en Vancouver Canadá, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, manifiesta lo siguiente:

Denunciamos  que el proyecto minero “San José”  ha violentado el derecho a la vida y a la paz comunitaria. En la comunidad  han  habido detenciones arbitrarias, tortura, amenazas de muerte, lesiones, homicidios, uso indiscriminado de la fuerza pública, portación ilegal de armas, intimidaciones, persecuciones, abuso de autoridad, uso indebido de recursos públicos, negación de los servicios de salud, aunado a la denuncia sobre contaminación en el aire por la emisión de polvo y ruidos, contaminación del agua y afectaciones a las viviendas, todo esto representa una grave irresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, mismos que están obligados por la legislación en el país y comprometidos internacionalmente para proteger, promover y respetar los derechos humanos, máxime cuando se trata de violaciones a los derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas.

Reafirmamos que San José del Progreso no se ha caracterizado por ser una comunidad violenta, como lo han asegurado  las autoridades del estado de Oaxaca y los representantes de la empresa minera, por el contrario, el clima de inseguridad, temor, fuerte división interna, confrontación y el grave rompimiento del tejido social-comunitario ha sido un proceso generado y acelerado por la llegada de la empresa minera, que no respetó en ningún momento las prácticas y sistemas de toma de decisión internos en la comunidad.

Hasta el momento la empresa minera se encuentra rebasando las responsabilidades que le corresponden al Estado por disposición legal en materia de salud, educación y vivienda. Las instituciones gubernamentales responsables de monitorear el uso no partidario y equitativo de los fondos públicos, permiten la instrumentalización a favor de los intereses de la empresa, por lo cual los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad perciben a las instituciones del estado como son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Desarrollo Social, por mencionar las más importantes como “El brazo derecho de la empresa minera”.

Aunado al conjunto de agresiones descritas anteriormente, nos encontramos con una legislación completamente desfavorable e inequitativa para el buen vivir de los pueblos y comunidades del país y específicamente del estado de Oaxaca. Donde actualmente se encuentra concesionado el 8% del territorio estatal, con 26 proyectos de capital trasnacional en puerta. En este tema es alarmante que ninguna comunidad haya sido consultada al momento de entregar dichas concesiones, así como la falta de información y comunicación oficial sobre el estado o impactos  de dichos proyectos que se encuentran distribuidos prácticamente por todo el territorio estatal. Dicha situación viola los derechos a la libre determinación y al territorio internacionalmente reconocidos y firmados por el gobierno mexicano. En este sentido el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, exige:

Al gobierno estatal y Federal le exigimos la cancelación inmediata del proyecto minero “San José” ubicado en los Valles Centrales de Oaxaca, ya que a raíz de su imposición se han violentado sistemáticamente los derechos colectivos de la comunidad indígena zapoteca ubicada en esta región.

A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca le exigimos castigo para los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, asimismo exigimos castigo para los responsables de las amenazas, intimidaciones y agresiones contra miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del valle de Ocotlán. A siete años, dichos delitos continúan en impunidad.

A la Secretaría de Economía le exigimos la cancelación inmediata de las concesiones mineras: Progreso, Progreso II, Progreso II bis y Progreso III, mismas que fueron otorgadas sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los habitantes de San José del Progreso.

La actividad minera no es una opción de desarrollo para los pueblos y comunidades de Oaxaca, de ahí que comunidades como San José del Progreso, Magdalena Teitipac, Silacayoapilla, Capulálpam de Méndez, entre otras se hayan opuesto rotundamente a la instalación de dichos proyectos. Por el contrario la minería es una actividad eminentemente despojadora del territorio,  impulsada por intereses privados que ha vulnerado de manera sistemática los derechos humanos de pueblos y comunidades a nivel nacional e internacional.

Finalmente hacemos un reconocimiento a la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán por su compromiso para la defensa de la autonomía y los territorios de los pueblos indígenas de Oaxaca. 

Justicia para San José del Progreso

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C.; Tequio Jurídico A.C.; Servicios del Pueblo Mixe (Ser Mixe) A.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) A.C.; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) S.C.

Derecho a la Vida, Principal Derecho Violentado por Fortuna Silver, Minera Cuzcatlán, Gabino Cué y Peña Nieto en el Proyecto Minero: San José

Veinte organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales presentaron el informe “JUSTICIA PARA SAN JOSÉ DEL PROGRESO”, generado a partir de una Misión Civil de Observación de Derechos Humanos realizada a finales de 2012 y actualizado a la fecha. El informe evidencia las violaciones sistemáticas  a los derechos humanos producidas por la imposición del proyecto minero “San José” en los Valles Centrales de Oaxaca, impulsado por la empresa Fortuna Silver Mines desde 2006.

A partir de esta fecha, la empresa con el respaldo de las autoridades estatales y federales han violentado principalmente el derecho a la vida, al consentimiento previo, libre e informado; el de información pública; el respeto a la propiedad colectiva e integridad del territorio, el derecho a la libre determinación, el derecho a un medio ambiente sano, a la salud comunitaria, al derecho de las niñas, niños y adolecentes, el derecho de las mujeres, el derecho de asociación y reunión, el derecho a la libertad,  integridad personal;  el derecho de los defensores y defensoras  de derechos humanos, así como el derecho a la administración de justicia, todos reconocidos en instrumentos legales nacionales e internacionales.

La Misión Civil de Observación de Derechos Humanos, concluye con un conjunto de recomendaciones al gobierno federal, estatal y municipal entre ellos resaltala deponderar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sobre los derechos e intereses de las empresas mineras y garantizar el derecho a la vida, integridad física y psicológica de la Población de San José del Progreso. Por otro lado recomienda a la Secretaría de  Economía cancelar las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III, mismas que fueron otorgadas sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado  de los habitantes de San José del Progreso. 

A las autoridades estatales se les pide que asuman un papel activo en la defensa de los ciudadanos y ciudadanas que enfrentan violaciones a sus derechos humanos por la instalación de megaproyectos en sus territorios, interviniendo en el monitoreo, revisión e interposición de recursos legales para la revocación de concesiones mineras y autorizaciones de Evaluación de Impacto Ambiental otorgados por el Gobierno Federal que no cumplan con las formalidades legales establecidas en las leyes mexicanas  y acuerdos internacionales.

Asimismo concluye con denuncias dirigidas al gobierno de Canadá en las cuales recomienda implementar medidas efectivas, legislativas o de otra índole para asegurar que las empresas mineras canadienses sean llamadas a responder ante el sistema de justicia canadiense por violaciones a los derechos humanos cometidos fuera desu territorio.

Dicho Informe es presentado en el marco de los asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez destacados defensores del territorio y opositores al proyecto minero. Las organizaciones que suscriben el informe, realizan un reconocimiento de su labor en la defensa de los derechos humanos.

 Oaxaca de Juárez, 10 de marzo de 2014.

Organizaciones que suscriben el informe

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C.; Tequio Jurídico A.C.; Servicios del Pueblo Mixe (Ser Mixe) A.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) A.C.; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) S.C.; Bachillerato Intercultural Ojo de Agua; FUNDAR,Centro de Análisis e InvestigaciónA.C.; La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LA VIDA); Consorcio para el Diálogo y la Equidad de Género-Oaxaca A.C.; Council Of Canadians; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ); Colectivo Casa Chapulín, Centro Autónomo para la Creación Intercultural de Tecnologías Apropiadas (C.A.C.I.T.A.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha(CODIGO DH) A.C.; Hij@s de la Tierra; WitnessForPeace; Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor).

Carta de solidaridad con Zacualpan

Foro ZacualpanQuienes firmamos este documento, somos solidarios de las mujeres y hombres del pueblo nahua de Zacualpan del municipio de Comala estado de Colima, quienes tanto en asamblea agraria como ciudadana de manera mayoritaria han acordado la decisión de, por ninguna razón permitir la instalación de ningún proyecto minero por los graves riesgos y daños que ocasionan al territorio, la cultura y la salud.

Denunciamos también que las autoridades agrarias locales encabezadas por el C. Carlos Guzmán,  y Enrique Carpio, así como la Delegada de la Procuraduría Agraria C. María Elena Díaz Rivera, han mostrado un franco apoyo al proyecto minero que intentan imponer sin consultarlos previamente, además de realizar  ilegales actos de coacción al ofrecer dinero por la aceptación del proyecto o al negarse a la aplicación de sus derechos agrarios que les han solicitado reiteradamente.

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COMUNICADO: Autoridades informan que Salomé y Olegario se encuentran en la SEIDO

A través de una demanda de amparo urgente ante el Juzgado Segundo de Distrito, con número 1566/2013, mesa III-A Sección Segunda, promovida por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios  a favor de Olegario Víctor Ruíz Martínez y Salomé García López (detenidos el día 5 de diciembre de 2013 y originarios de la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca), tenemos información que ambas personas se encuentran recluidas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en el Distrito Federal.

Según información de las autoridades, la pareja ha ratificado la demanda de amparo promovida a su favor y han manifestado con escritura de puño y letra que han intentado comunicarse con sus familiares pero no han entrado las llamadas a la comunidad, además manifestaron que no están siendo torturados, sin embargo hasta el momento no han sido presentados formalmente por la SEIDO, por lo que el juez federal  ha requerido a las autoridades responsables el informe justificado.

En este sentido también se abrió el expediente DDHPO/2006/(01)/OAX/2013 en la defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, quien a su vez remitió el expediente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El Colectivo Oaxaqueño  seguirá expectante del proceso, ya que hasta el momento se desconoce su situación jurídica, delito por el que se les acusa, así como el nombre de los denunciantes.

Martes 10 de diciembre de 2013.