Declaratoria del Segundo Encuentro Estatal de Autoridades Comunitarias:

Reunidos en la Agencia de San Luis Beltrán, Municipio de Oaxaca de Juárez, los días 10 y 11 de octubre de 2014, los representantes de las comunidades de: La Baeza, San Juan Alotepec, Santiago Apóstol, Santa Lucia Mecaltepec; Tanetze de Zaragoza; Paso de la Reina; San Agustín Loxicha, San Bartolomé Loxicha, San Miguel Chongos; Magdalena Teitipac; San Jacinto Ocotlán, El Porvenir, San José del Progreso, San José Chiltepec Yautepec; San Isidro Zegache; San Martin Tilcajete; San Antonino Castillo Velasco y Santa María Soogochi, Ixtlán de Juárez, para analizar las principales reformas y sus afectaciones en los territorios de los pueblos indígenas de Oaxaca, e incentivar el uso de herramientas comunitarias para la defensa del territorio.

Durante el II encuentro de Autoridades Indígenas del Estado de Oaxaca,  organizado por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, integrado por las Organizaciones: Tequio Jurídico A. C.; Servicio para una Educación Alternativa, EDUCA; Centro de Derecho Indígenas Flor y Canto A. C.; Unión de las Organizaciones de la Sierra Juárez UNOSJO S. C.; Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Prodh A.C. y Servicios del Pueblo Mixe, Ser Mixe A.C.; organizaciones que acompañan a comunidades para la defensa integral del territorio en el Estado de Oaxaca, las autoridades comunitarias analizaron diversas problemáticas que se enfrentan en las regiones del estado de Oaxaca, así como las consecuencias de la Reforma energética y sus impactos en los territorios de los pueblos indígenas, al intercambiar sus experiencias y vivencias las autoridades comunitarias, refrendaron su valor y el compromiso para seguir defendiendo el territorio, herencia de nuestros ancestros, ya que ella representa un valor sagrado, porque las comunidades indígenas consideramos a la tierra como nuestra madre.

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PRONUNCIAMIENTO: Reforma energética representa un despojo territorial “legalizado”

En el marco del Seminario Agua y Energía realizado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, el día 14 de julio de 2014, nos reunimos organizaciones civiles y comunidades pertenecientes a los pueblos mixteco, chatino, zapoteco y mixe del estado de Oaxaca, con representación de organizaciones de Chiapas y el Distrito Federal para analizar y denunciar las actuales reformas que se están implementando en nuestro país, mismas que carecen de una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Con todas estas nuevas leyes y estrategias para despojarnos de nuestros bienes naturales, creemos que el debate sobre la distribución y generación de la energía se vuelve fundamental, donde el agua constituye el eje principal de la vida en su conjunto, y el que más se encuentra amenazado.

Desde 1917 no se habían realizado modificaciones constitucionales tan profundas como las que se están implementando a partir de la gestión de Enrique Peña Nieto, las cuales favorecen intereses de empresas nacionales y extranjeras: Ley de Hidrocarburos, Ley de Aguas Nacionales, Ley Minera, Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley de Energía Geotérmica, Ley Hacendaria, Ley de Inversión Extranjera, Ley de Amparo, Ley de Expropiación, Ley de Bienes Nacionales, Ley Laboral, Ley de Órganos Reguladores en Materia Energética, Ley de Asociaciones Público y Privadas, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente,  Ley General de Educación y por último, la recién aprobada Ley de Telecomunicaciones, han sido presentadas y aprobadas sin la participación de las comunidades y la ciudadanía en general que habitan en nuestro país, representando un despojo territorial legalizado.

Un ejemplo de este despojo lo representan los proyectos en nuestro estado de Oaxaca, como la construcción de la Presa Acueducto Bicentenario, mejor conocida como Paso Ancho, que busca privatizar el abasto de agua en la capital del estado; el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, instrumentado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la presa derivadora Flores Magón (CONAGUA), que continuamente provoca inundaciones a poblaciones negras-afromexicanas, en la región de la costa de Oaxaca; la política de concesiones que afecta a campesinos y campesinas organizados en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua en el Valle de Ocotlán y los proyectos mineros “San José” impuesto por la compañía Fortuna Silver Mines, “Natividad” por la compañía Minera Natividad y Anexas y Sundance y el proyecto “Plata Real” impulsado por la empresa del mismo nombre.

A pesar de que se ha intentado por  las vías legales y pacificas resistir y defender nuestros territorios, la respuesta de las autoridades en el mejor de los casos ha sido la omisión, así como mesas de diálogo inútiles e ineficaces. Desafortunamente para la mayoría de los movimientos y comunidades que legítimamente se oponen a estas reformas, han encontrado por parte de los tres niveles de gobierno engaños, mentiras, amenazas, represión, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hasta ejecuciones a defensores y defensoras comunitarias.

Ante este escenario de amenaza, DENUNCIAMOS:

Que la política hídrica del gobierno mexicano incumple las cuatro características previstas en la Observación General N° 15 adoptada por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU para el acceso al agua: cantidad, calidad, suficiencia y asequibilidad, ya que la mayor parte de las aguas superficiales y subterráneas se encuentran contaminadas.

Para el gobierno mexicano el derecho humano al agua se ha convertido en un pretexto para la privatización de este bien, tal es el caso del borrador de la Ley de Aguas presentado por la CONAGUA en 2013, en el cual no contempla ninguna de las propuestas realizadas por la sociedad civil en el proyecto “Agua para todos, agua para la vida” Por el contrario la agenda de dicha dependencia se traduce en enormes proyectos de infraestructura, como presas, trasvases, tratadores, pozos profundos, etc., que tienen una afectación de alto impacto para las poblaciones donde se instrumentan.

CONAGUA, uno de los organismos más denunciados por parte de las comunidades en el país por brindar servicios a intereses privados, no está ejecutando las sentencias de Tribunales, ni respetando las decisiones de comunidades y movimientos. Tal es el caso que enfrenta la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua en los Valles Centrales de Oaxaca. Aunado a esta situación, dichas comunidades están siendo presionadas mediante el cobro excesivo por el servicio de la luz eléctrica.

La CFE, diputados y senadores locales, presionan y hostigan a las comunidades aglutinadas en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para la aceptación del proyecto Paso de la Reina, aun cuando existen actas de asamblea firmadas por 43 comunidades rechazando el proyecto. De igual forma se ha intentado coaccionar la decisión de estas comunidades  a través de la limitación de recursos y entrega de proyectos dirigidos a los municipios que son generados con recursos públicos.

La Comisión Nacional Forestal, a través de la empresa DIAAPROY S.A. de C.V. en su proyecto “Recuperación de muestra y captura de la información de campo del inventario nacional forestal” desacata la decisión de comunidades de la Sierra Sur y Costa de no permitir la realización de estudios en sus territorios. En el caso de la comunidad de San Miguel Chongos se denuncia que a pesar de la negativa de la comunidad, dicha empresa realizó  estudios en árboles.

Nos hermanamos con la defensa del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) de Guerrero y exigimos la liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui, dirigente del mismo e integrante del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los ríos (MAPDER). Asimismo exigimos la liberación de todos los activistas, defensoras y defensores del territorio detenidos injustamente.

Reconocemos que el respeto al derecho a la consulta es un logro importante de nuestros pueblos y movimientos, por lo que exigimos deje de ser utilizado por parte del Estado Mexicano como herramienta para legitimar megaproyectos en el estado de Oaxaca y en todo el país. El desarrollo no puede entenderse a costa de  los pueblos y comunidades campesinas, indígenas y pescadoras, por lo que en sesiones solemnes de cabildo hemos declarado nuestros territorios prohibidos para proyectos extractivos, sean minería, presas, eólicos o cualquier otro proyecto que afecte nuestros territorios. Tenemos el derecho a seguir defendiendo nuestros territorios y que se respete nuestra decisión sobre el desarrollo de los mismos.

En consecuencia seguiremos construyendo iniciativas de protección, cuidado y defensa de nuestros territorios a través del manejo participativo y comunitario del agua y nuestros bienes comunes, la recuperación de nuestras cuencas y la protección de nuestras fuentes de agua, 

“SI A LA VIDA, NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE”

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 14 de julio de 2014.

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Tequio Jurídico A.C., Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Centro Prodh A.C.; Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde(COPUDEVER); Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA); Capulálpam de Méndez; Magdalena Teitipac; Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecas de la Sierra Juárez UZACHI; Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA); Blue Planet Project;, Otros Mundos-Chiapas A.C.; Hij@s de la Tierra.

ACCION URGENTE: Exigimos la libertad inmediata de Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del CECOP

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios exige al gobierno “la libertad inmediata de Marco Antonio Suástegui Muñoz, destacado integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, CECOP”, detenido el 17 de junio de 2014 en Acapulco.

Firmar en línea la Acción Urgente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan:

Detención y traslado ilegal a penal federal de dirigente del CECOP.

PRONUNCIAMIENTO: Justicia para San Jose del Progreso

A dos años del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, quien perdió la vida en un ataque perpetrado por  su oposición al proyecto minero “San José”, impuesto en la comunidad de San José del Progreso desde 2006 por la empresa minera “Fortuna Silver Mines” con sede en Vancouver Canadá, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, manifiesta lo siguiente:

Denunciamos  que el proyecto minero “San José”  ha violentado el derecho a la vida y a la paz comunitaria. En la comunidad  han  habido detenciones arbitrarias, tortura, amenazas de muerte, lesiones, homicidios, uso indiscriminado de la fuerza pública, portación ilegal de armas, intimidaciones, persecuciones, abuso de autoridad, uso indebido de recursos públicos, negación de los servicios de salud, aunado a la denuncia sobre contaminación en el aire por la emisión de polvo y ruidos, contaminación del agua y afectaciones a las viviendas, todo esto representa una grave irresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, mismos que están obligados por la legislación en el país y comprometidos internacionalmente para proteger, promover y respetar los derechos humanos, máxime cuando se trata de violaciones a los derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas.

Reafirmamos que San José del Progreso no se ha caracterizado por ser una comunidad violenta, como lo han asegurado  las autoridades del estado de Oaxaca y los representantes de la empresa minera, por el contrario, el clima de inseguridad, temor, fuerte división interna, confrontación y el grave rompimiento del tejido social-comunitario ha sido un proceso generado y acelerado por la llegada de la empresa minera, que no respetó en ningún momento las prácticas y sistemas de toma de decisión internos en la comunidad.

Hasta el momento la empresa minera se encuentra rebasando las responsabilidades que le corresponden al Estado por disposición legal en materia de salud, educación y vivienda. Las instituciones gubernamentales responsables de monitorear el uso no partidario y equitativo de los fondos públicos, permiten la instrumentalización a favor de los intereses de la empresa, por lo cual los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad perciben a las instituciones del estado como son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Desarrollo Social, por mencionar las más importantes como “El brazo derecho de la empresa minera”.

Aunado al conjunto de agresiones descritas anteriormente, nos encontramos con una legislación completamente desfavorable e inequitativa para el buen vivir de los pueblos y comunidades del país y específicamente del estado de Oaxaca. Donde actualmente se encuentra concesionado el 8% del territorio estatal, con 26 proyectos de capital trasnacional en puerta. En este tema es alarmante que ninguna comunidad haya sido consultada al momento de entregar dichas concesiones, así como la falta de información y comunicación oficial sobre el estado o impactos  de dichos proyectos que se encuentran distribuidos prácticamente por todo el territorio estatal. Dicha situación viola los derechos a la libre determinación y al territorio internacionalmente reconocidos y firmados por el gobierno mexicano. En este sentido el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, exige:

Al gobierno estatal y Federal le exigimos la cancelación inmediata del proyecto minero “San José” ubicado en los Valles Centrales de Oaxaca, ya que a raíz de su imposición se han violentado sistemáticamente los derechos colectivos de la comunidad indígena zapoteca ubicada en esta región.

A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca le exigimos castigo para los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, asimismo exigimos castigo para los responsables de las amenazas, intimidaciones y agresiones contra miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del valle de Ocotlán. A siete años, dichos delitos continúan en impunidad.

A la Secretaría de Economía le exigimos la cancelación inmediata de las concesiones mineras: Progreso, Progreso II, Progreso II bis y Progreso III, mismas que fueron otorgadas sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los habitantes de San José del Progreso.

La actividad minera no es una opción de desarrollo para los pueblos y comunidades de Oaxaca, de ahí que comunidades como San José del Progreso, Magdalena Teitipac, Silacayoapilla, Capulálpam de Méndez, entre otras se hayan opuesto rotundamente a la instalación de dichos proyectos. Por el contrario la minería es una actividad eminentemente despojadora del territorio,  impulsada por intereses privados que ha vulnerado de manera sistemática los derechos humanos de pueblos y comunidades a nivel nacional e internacional.

Finalmente hacemos un reconocimiento a la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán por su compromiso para la defensa de la autonomía y los territorios de los pueblos indígenas de Oaxaca. 

Justicia para San José del Progreso

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C.; Tequio Jurídico A.C.; Servicios del Pueblo Mixe (Ser Mixe) A.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) A.C.; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) S.C.

Derecho a la Vida, Principal Derecho Violentado por Fortuna Silver, Minera Cuzcatlán, Gabino Cué y Peña Nieto en el Proyecto Minero: San José

Veinte organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales presentaron el informe “JUSTICIA PARA SAN JOSÉ DEL PROGRESO”, generado a partir de una Misión Civil de Observación de Derechos Humanos realizada a finales de 2012 y actualizado a la fecha. El informe evidencia las violaciones sistemáticas  a los derechos humanos producidas por la imposición del proyecto minero “San José” en los Valles Centrales de Oaxaca, impulsado por la empresa Fortuna Silver Mines desde 2006.

A partir de esta fecha, la empresa con el respaldo de las autoridades estatales y federales han violentado principalmente el derecho a la vida, al consentimiento previo, libre e informado; el de información pública; el respeto a la propiedad colectiva e integridad del territorio, el derecho a la libre determinación, el derecho a un medio ambiente sano, a la salud comunitaria, al derecho de las niñas, niños y adolecentes, el derecho de las mujeres, el derecho de asociación y reunión, el derecho a la libertad,  integridad personal;  el derecho de los defensores y defensoras  de derechos humanos, así como el derecho a la administración de justicia, todos reconocidos en instrumentos legales nacionales e internacionales.

La Misión Civil de Observación de Derechos Humanos, concluye con un conjunto de recomendaciones al gobierno federal, estatal y municipal entre ellos resaltala deponderar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sobre los derechos e intereses de las empresas mineras y garantizar el derecho a la vida, integridad física y psicológica de la Población de San José del Progreso. Por otro lado recomienda a la Secretaría de  Economía cancelar las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III, mismas que fueron otorgadas sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado  de los habitantes de San José del Progreso. 

A las autoridades estatales se les pide que asuman un papel activo en la defensa de los ciudadanos y ciudadanas que enfrentan violaciones a sus derechos humanos por la instalación de megaproyectos en sus territorios, interviniendo en el monitoreo, revisión e interposición de recursos legales para la revocación de concesiones mineras y autorizaciones de Evaluación de Impacto Ambiental otorgados por el Gobierno Federal que no cumplan con las formalidades legales establecidas en las leyes mexicanas  y acuerdos internacionales.

Asimismo concluye con denuncias dirigidas al gobierno de Canadá en las cuales recomienda implementar medidas efectivas, legislativas o de otra índole para asegurar que las empresas mineras canadienses sean llamadas a responder ante el sistema de justicia canadiense por violaciones a los derechos humanos cometidos fuera desu territorio.

Dicho Informe es presentado en el marco de los asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez destacados defensores del territorio y opositores al proyecto minero. Las organizaciones que suscriben el informe, realizan un reconocimiento de su labor en la defensa de los derechos humanos.

 Oaxaca de Juárez, 10 de marzo de 2014.

Organizaciones que suscriben el informe

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C.; Tequio Jurídico A.C.; Servicios del Pueblo Mixe (Ser Mixe) A.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) A.C.; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) S.C.; Bachillerato Intercultural Ojo de Agua; FUNDAR,Centro de Análisis e InvestigaciónA.C.; La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LA VIDA); Consorcio para el Diálogo y la Equidad de Género-Oaxaca A.C.; Council Of Canadians; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ); Colectivo Casa Chapulín, Centro Autónomo para la Creación Intercultural de Tecnologías Apropiadas (C.A.C.I.T.A.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha(CODIGO DH) A.C.; Hij@s de la Tierra; WitnessForPeace; Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor).

Carta de solidaridad con Zacualpan

Foro ZacualpanQuienes firmamos este documento, somos solidarios de las mujeres y hombres del pueblo nahua de Zacualpan del municipio de Comala estado de Colima, quienes tanto en asamblea agraria como ciudadana de manera mayoritaria han acordado la decisión de, por ninguna razón permitir la instalación de ningún proyecto minero por los graves riesgos y daños que ocasionan al territorio, la cultura y la salud.

Denunciamos también que las autoridades agrarias locales encabezadas por el C. Carlos Guzmán,  y Enrique Carpio, así como la Delegada de la Procuraduría Agraria C. María Elena Díaz Rivera, han mostrado un franco apoyo al proyecto minero que intentan imponer sin consultarlos previamente, además de realizar  ilegales actos de coacción al ofrecer dinero por la aceptación del proyecto o al negarse a la aplicación de sus derechos agrarios que les han solicitado reiteradamente.

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COMUNICADO: Autoridades informan que Salomé y Olegario se encuentran en la SEIDO

A través de una demanda de amparo urgente ante el Juzgado Segundo de Distrito, con número 1566/2013, mesa III-A Sección Segunda, promovida por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios  a favor de Olegario Víctor Ruíz Martínez y Salomé García López (detenidos el día 5 de diciembre de 2013 y originarios de la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca), tenemos información que ambas personas se encuentran recluidas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en el Distrito Federal.

Según información de las autoridades, la pareja ha ratificado la demanda de amparo promovida a su favor y han manifestado con escritura de puño y letra que han intentado comunicarse con sus familiares pero no han entrado las llamadas a la comunidad, además manifestaron que no están siendo torturados, sin embargo hasta el momento no han sido presentados formalmente por la SEIDO, por lo que el juez federal  ha requerido a las autoridades responsables el informe justificado.

En este sentido también se abrió el expediente DDHPO/2006/(01)/OAX/2013 en la defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, quien a su vez remitió el expediente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El Colectivo Oaxaqueño  seguirá expectante del proceso, ya que hasta el momento se desconoce su situación jurídica, delito por el que se les acusa, así como el nombre de los denunciantes.

Martes 10 de diciembre de 2013.

Boletín Informativo: Detienen arbitrariamente a miembros de la CPUVO

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los territorios, tiene conocimiento que hoy 05 de diciembre del 2013, siendo aproximadamente a las 7:00 de la mañana fueron detenidos por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones el señor Olegario Víctor Ruiz Martínez y su esposa Salomé García López, ambos de la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca.

Desde la hora de su detención hasta este momento (5:00 hrs), sus familiares e integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán no han recibido información alguna del lugar donde se encuentran detenidos, tampoco  han podido localizarlos.

El Colectivo Oaxaqueño manifiesta su preocupación en ambas detenciones ya que puede tratarse de actos que ponen el peligro la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento legal, incomunicación o desaparición forzada, todo prohibido por los artículos 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tal sentido solicitamos:

  • Intervención inmediata de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para coadyuvar en la pronta localización de Olegario Víctor Ruiz Martínez y Salomé García López; Una vez localizados, certifique su estado físico y emocional  e inicie la queja correspondiente por violación a sus derechos.
  • A la Procuraduría General de la República, Delegación Oaxaca, informe inmediatamente a los familiares en lugar donde se encuentran detenidos, estado de salud y los delitos que se le imputan a Olegario Víctor Ruiz Martínez y Salomé García López o en su defecto los ponga en inmediata libertad.
  • A la Comisionada de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, su intervención para coadyuvar con los familiares en la pronta localización de ambos detenidos.

ATENTAMENTE

El colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

AU: Responsabilizamos al gobierno de Oaxaca por cualquier acto de violencia que pueda suscitarse en la comunidad indígena de Magdalena Teitipac, Oaxaca

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios tiene conocimiento que el día 25 de noviembre las autoridades municipales de Magdalena Teitipac recibieron un oficio firmado por el Ing. Vicente Jesús Aranda Vásquez de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en el cual informaba que la Dirección General de Regulación Minera realizaría una “visita de verificación del cumplimiento relativo al Informe de comprobación de obras de exploración o explotación minera efectuado durante el año 2012”. Dicha visita estaba programada para el día 28 de noviembre de 2013.

Ante esta situación las autoridades municipales, las autoridades comunales, el Consejo Consultivo y el Comité por la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac respondieron mediante oficio a dicha autoridad que, por acuerdo de asamblea comunitaria realizada el día 26 de febrero de 2013, la comunidad determinó EXPULSAR A LA COMPAÑÍA MINERA “PLATA REAL S.A. DE C.V.”, asimismo comunicaron que mediante Sesión Solemne de Cabildo, celebrada el día 17 de agosto de 2013, el H. Ayuntamiento de Magdalena Teitipac decidió “PROHIBIR TODO TRABAJO RELACIONADO CON LA EXPLORACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS MINERALES Y NATURALES DE LA COMUNIDAD”, por lo que debido a los acuerdos generados anteriormente “NO ES POSIBLE RECIBIRLOS EN LA COMUNIDAD PARA REALIZAR DICHA VISITA DE VERIFICACIÓN”.

El día de hoy, 28 de noviembre de 2013, las autoridades municipales de Magdalena Teitipac, a través de Joaquín Gómez Aguilar (Presidente Municipal) recibieron dos llamadas telefónicas del Ing. Guillermo Espinoza Aranda (Subsecretario de Desarrollo y Promoción Económica)  para presionar, amedrentar y amenazar a las autoridades municipales diciendo que “tienes la obligación de recibirnos, no pueden decir que no van a recibirnos…, nosotros de todas formas llegaremos a hacer los trabajos mañana, aunque ustedes no quieran” por lo cual, la comunidad teme por que se generen nuevamente confrontaciones y actos violentos, ya que no se está respetando su derecho a la libre determinación y Consentimiento Previo, Libre e Informado, tutelados en la Constitución Mexicana convenios y declaraciones internacionales sobre derechos indígenas.

Ante esta situación el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios manifiesta lo siguiente:

Responsabiliza al gobierno estatal por cualquier confrontación y acto violento que se genere en la comunidad de Magdalena Teitipac por la visita programada sin su consentimiento, especialmente cuando dicha comunidad ha expresado su negativa por las vías legales a cualquier trabajo relacionado con la exploración y/o explotación minera.

Exige  al gobierno del estado de Oaxaca garantice y respete la decisión de NO permitir ningún trabajo relacionado con la minería en la comunidad.

Finalmente exige a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emita una Alerta Temprana para salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía de Magdalena Teitipac.

ATENTAMENTE

“Por que son Nuestra Fuente de Vida, Defendamos Nuestros Territorios”

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Condenamos el Uso Excesivo de la Fuerza Pública Contra Personas Defensoras Durante la Marcha Conmemorativa del 2 de Octubre

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios condena el uso excesivo de la fuerza pública y las agresiones en contra las y los activistas participantes durante la marcha nacional conmemorativa del 45 aniversario del 2 de octubre, realizados en la ciudad de México y Oaxaca.

Una delegación de defensoras y defensores de derechos humanos participaron en una Misión de Observación durante esta marcha nacional. En este operativo desmedido la policía agredió físicamente los compañeros Víctor Hugo Carlos y Quetzalcóatl Fontanot del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, cuando documentaban las agresiones y violaciones de derechos humanos de las y los manifestantes.

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios exige a las autoridades correspondientes una investigación expedita y castigo para los responsables que por acción u omisión incurrieron en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra defensoras, defensores de derechos humanos y manifestantes el día de ayer.

El Colectivo se solidariza y hace un reconocimiento al trabajo  del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en su objetivo de defender, promover e incidir en la vigencia y el respeto de los derechos humanos en México.