Justicia para San José del Progreso, Oaxaca. México

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. 15 de marzo de 2019.

En memoria de Bernardo Vásquez Sánchez

Hace siete años, el 15 de marzo de 2012, recibimos con indignación la noticia del artero asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, agrónomo, defensor comunitario y opositor al proyecto minero “San José” en los Valles Centrales de Oaxaca.

Bernardo Vásquez iba acompañado de su hermano Álvaro Andrés Vásquez y Rosalinda Dionicio Sánchez, cuando fueron emboscados en su vehículo. Bernardo había recibido amenazas por parte del H. Ayuntamiento de San José y la empresa minera Fortuna Silver Mines, quien opera a través de su filial Cuzcatlán S.A. de C.V. las amenazas fueron denunciadas públicamente y ante las autoridades competentes, sin embargo fueron ignoradas por las autoridades federales y estatales.

Hoy, siete años después de estos lamentables hechos, la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) nuevamente enfrenta un clima de hostigamiento y amenazas en la comunidad, a partir del anuncio del Presidente Municipal de “recuperar” el palacio municipal de San José del Progreso. La COPUVO ha manifestado en diferentes comunicados y en mesas de trabajo con el gobierno estatal su preocupación en torno a este clima de violencia, nuevamente se ha enfrentado a la omisión de dichas autoridades en torno a la exigencia de justicia, reparación del daño y paz en la comunidad.

Durante este periodo, la empresa minera ha operado en total impunidad en el municipio de San José del Progreso, ha habido un daño profundo al tejido social, además de una violación sistemática de sus derechos fundamentales como pueblo zapoteco.

Ante estos hechos, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, manifestamos lo siguiente:

  1. Nos solidarizamos con la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, en su lucha por construir una vida digna para la comunidad y la defensa de su territorio.
  2. Nos solidarizamos con las familias de Bernardo Vásquez y Bernardo Méndez, y nos sumamos a la exigencia de castigo para los autores intelectuales y materiales.
  3. Exigimos al gobierno estatal una atención oportuna, eficaz, transparente, además de trabajar con seriedad en torno al conflicto, igualmente exigimos que las autoridades estatales proporcionen las condiciones necesarias para la protección de defensoras y defensores en San José del Progreso, sobre todo en el marco de la fiesta patronal, a celebrarse del 17 al 20 de marzo de 2019.
  4. Al gobierno federal exigimos garantizar los derechos al territorio, libre determinación y ambiente sano en la comunidad de San José del Progreso, por lo que nos sumamos a la demanda de la COPUVO: cancelación del proyecto minero San José y las concesiones mineras otorgadas en los Valles Centrales.
  5. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca active  las medidas de protección a los derechos humanos de las y los defensores de San José del Progreso en el marco del aniversario del asesinato de Bernardo Méndez Sánchez y la celebración de la fiesta.

¡Porque son Nuestra Fuente de Vida, defendamos Nuestros Territorios!

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Cancelación definitiva de concesión minera en Territorio Chontal: CODT se pronuncia por respeto a los derechos territoriales de comunidades indígenas

Imagen: Javier García

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios (CODT) se solidariza con la comunidad indígena de Santa María Zapotitlán, la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio y Tequio Jurídico A.C. en su lucha por el reconocimiento de sus derechos colectivos frente a concesiones y proyectos mineros.

El 18 de diciembre, dicha comunidad interpuso una demanda de amparo para exigir la cancelación del título de concesión minera Zapotitlán 1, que cubre una superficie de 5413 hectáreas y que pone en riesgo el 80% de sus tierras comunales.

El Juzgado Cuarto de Distrito otorgó una suspensión de plano a favor de la comunidad, por su parte el Gobierno Federal y la Secretaría de Economía colocaron dos recursos de queja frente a la determinación del Juzgado argumentando que la decisión de la comunidad indígena “obstaculiza el desarrollo del país” y “afecta el interés social”.

Las concesiones mineras otorgadas en territorios indígenas y campesinos de Oaxaca, representan un retroceso en términos del reconocimiento y respeto de los derechos territoriales; el desarrollo no se puede dar a través de proyectos que profundizan la violencia, el despojo, la discriminación, la contaminación del ambiente y la privatización de los bienes comunes.

El CODT aplaude la decisión de las comunidades Chontales de hacer respetar sus derechos utilizando las vías legales y se suma a la demanda de cancelación definitiva de las concesiones mineras otorgadas en territorio chontal.

El CODT Considera que el fallo del Juzgado Cuarto Distrito del Estado de Oaxaca, puede ser una oportunidad que coloque precedentes para el reconocimiento y respeto de los derechos territoriales de las comunidades indígenas frente a los megaproyectos, donde tendrán que prevalecer los derechos humanos de las comunidades, ante los intereses de los particulares o empresariales.

En este sentido, el CODT Exhorta  al Gobierno Federal y la Secretaría de Economía, a revalorar su postura frente al litigio contra la concesión Minera Zapotitlán 1, que respete los derechos colectivos de la comunidad agraria e indígena de Santa María Zapotitlán, como una muestra de seguir avanzando en el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas.

¡Respeto a los derechos de autonomía y libre determinación!

¡Ni Oro, Ni Plata, la  Minería Mata!

Porque son Nuestra Fuente de Vida, Defendamos Nuestros Territorios!

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Comunicado Urgente: San José del Progreso en riesgo de confrontación por decisiones unilaterales del H. Ayuntamiento

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 03 de febrero de 2019.

Las organizaciones que integramos el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios hemos recibido información que las autoridades municipales de San José del Progreso pretenden  “recuperar” el día 4 de febrero el palacio municipal de la comunidad, sin mediar ningun acuerdo con la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO). Nos preocupa que  esto derive en una confrontación que eleve el clima de violencia en San José derivados del proyecto minero “San José”

Advertimos que esta situación podría generar un enfrentamiento en la población y poner en riesgo la integridad de mujeres y hombres de la comunidad;  la CPUVO, mantiene tomada dicha instalación desde 2009, fecha en que Fortuna Silver Mines se impuso en la comunidad con el proyecto minero.

Nos solidarizamos con la Cpuvo en su lucha contra la minería y la defensa de sus derechos fundamentales, por lo que  exigimos a las autoridades estatales y federales inmediata intervención para evitar cualquier confrontación en la comunidad.

A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, exigimos dicte las medidas pertinentes urgentes para evitar violaciones a los derechos humanos de difícil reparación. Es importante mencionar que 3 defensoras y defensores, integrantes de la CPUVO cuentan con medidas cautelares debido al conflicto derivado del proyecto minero (Rosalinda Dionicio Sánchez, Hilario Ignacio Vásquez Gómez, Ivon Vásquez Hernández), en el cual además han sido asesinados 2 defensores de derechos humanos.

Responsabilizamos al Estado y la Empresa Minera, de cualquier situación que pueda derivar de los anuncios que ha hecho el Presidente Municipal de recuperar el palacio municipal, sin privilegiar el diálogo y el respeto de los derechos Humanos.

Porque son nuestra fuente de vida, defendamos nuestros territorios.

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh A.C.

Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

Servicios del Pueblo Mixe, Ser A.C.

Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C.

Tequio Jurídico A.C.

Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C.

 

LAS CONSULTAS IMPULSADAS POR AMLO, VIOLAN DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y CONTRAVIENEN TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR MÉXICO

– LAS CONSULTAS CIUDADANAS LEGITIMAN EL DESPOJO DE TERRITORIOS INDIGENAS POR ACCIONES DEL GOBIERNO Y EMPRESAS

Boletín de prensa del Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la realización de una consulta popular a realizarse los próximos días 24 y 25 de noviembre para para preguntar al pueblo de México si está de acuerdo en la construcción del “Tren Maya”, el tren del Istmo de Tehuantepec y la reforestación de un millón de hectáreas, entre otros proyectos.

Reconocemos la disposición del próximo gobierno de implementar mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas, como de la consulta popular; sin embargo, consideramos que el próximo gobernante se ha precipitado en consultar, ya que por un lado no está respetando los protocolos internacionales para la realización de la consulta indígena y por otro no se ha proporcionado la información suficiente y necesaria para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tomar sus decisiones.

Estamos fuertemente preocupados de que en la próxima consulta que se pretende realizar, sobre el “Tren Maya”, el “Tren del Istmo” y la reforestación de un millón de hectáreas, entre otros proyectos, vaya a utilizar el mismo procedimiento que se utilizó para la consulta sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, toda vez que en estas regiones se encuentran presentes pueblos y comunidades indígenas; por un lado comunidades mayas y por el otro lado comunidades zapotecas. Realizar la consulta del modo planteado ocasionará violaciones sus Derechos Humanos, y llevará en retroceso los mínimos avances de nuestro país en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmado y ratificado por el gobierno mexicano y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno mexicano está obligado a celebrar consultas hacia los pueblos indígenas, de buena fe, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Con la reforma Constitucional del 10 de junio del 2011, con en materia de derechos humanos quedo establecido que todas las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, así como los Convenios y Tratados Internaciones y las jurisprudencias de la Corte Interamericana, entre otros.

En consecuencia, se vuelve indispensable que la consulta a pueblos indígenas deba ser previa a la realización del proyecto; libre, por lo que no debe estar condicionada a algún tipo de apoyo o realizarse bajo algún tipo de presión; culturalmente adecuado; y para realizarla se debe proporcionar información de las posibles afectaciones al menos en los ámbitos económicos, sociales, culturales y ambientales; a fin de alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento.

La consulta que se ha anunciado por el Presidente electo no cumple con los procedimientos que se han mencionado anteriormente y es totalmente violatorio a los Derechos Humanos, adicionalmente quien está consultando es un gobierno que aún no entra en funciones, por lo que aún no cuenta con la autoridad para realizarla.

La implementación de la consulta popular en los territorios indígenas, abonaría más a la grave discriminación, e invisibilizaciòn a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y seria contrario lo que se ha escuchado en los medios de comunicación respecto al reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Manifestamos que las organizaciones y los pueblos indígenas NO permitiremos que se sigan violando nuestros derechos humanos, y nos sigan despojando de nuestros territorios bajo el amparo del interés público, a través de consultas que no cumplen con los mínimos estándares internacionales.

Hacemos un llamado a los pueblos y sus organizaciones a defender por todos los medios posibles los derechos colectivos de nuestros pueblos y no permitir acciones para legitimar el despojo a nuestros territorios.

Al pueblo de México le pedimos que no se preste a simular una acción de participación ciudadana que pasará sobre los derechos de los pueblos que hemos dado sustento a esta nación.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 23 de noviembre del 2018.

Organizaciones Integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio.

Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez S.C., Tequio Jurídico A.C., Servicios para una Educación Alternativa, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

 

EN OAXACA PERSISTEN VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS CONSULTADOS

  • Colectivo Oaxaqueño presenta informe de la etapa consultiva del proceso de Consulta Indígena en Valles Centrales.
  • Autoridades responsables: CONAGUA, CDI, SEMARNAT, SAI, CFE no asisten a la presentación de Informe.

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios[1] presenta su informe de la etapa consultiva dentro del Proceso de consulta indígena y consentimiento previo, libre e informado sobre la modificación del decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como valle de Oaxaca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1967.

En dicha presentación fueron invitadas las autoridades responsables (CONAGUA) y el órgano Técnico (CDI, SAGARPA, SEGOB, SEMARNAT, SAI y CFE), sin embargo, aunque recibieron invitación en tiempo y forma no se presentaron. Esto corrobora el patrón de violación a derechos por parte de las instituciones del gobierno federal y estatal que ha sido permanente durante todo el proceso de consulta indígena.

En lo que respecta a la etapa consultiva que inicio en febrero del 2017, como Observadores, nos hemos  constituimos en al menos 10 actividades (asambleas, mesas de trabajo y reuniones) en las que han estado presentes los sujetos de consulta[2], autoridad responsable (CONAGUA) así como el Órgano Garante  y Comité Técnico Asesor, respecto a estos últimos, las instituciones federales y estatales, desde el inicio de la consulta, han mostrado en su participación, irregularidades en su asistencia y cambios en el personas, que han dificultado los compromisos, y en general el desarrollo de las actividades y compromisos previstos.

De manera particular, en esta etapa Consultiva, vemos que se repiten los mismos patrones de violación sistemática a los derechos de los sujetos consultados, por mencionar algunos:

  • A nivel nacional, el marco jurídico en materia de derechos indígenas, la falta de armonización de leyes secundarias, las nuevas leyes derivadas de las reformas energéticas y las reformas en materia de derechos humanos, han provocado una dificultad en el momento de articular un instrumento jurídico que vincule y haga operativos los posibles acuerdos de modificación al decreto de veda y la reglamentación local.
  • El principio de buena fe al que incluso han aducido las instituciones federales se ha convertido en una excusa para disculpar la inoperancia e incumplimiento de acuerdos.
  • Se ha profundizado un patrón sistemático de violación a los derechos por parte de las instituciones federales y estatales involucradas en el proceso de consulta, lo cual obstaculiza y viola el derecho de consulta de los pueblos que participan en el proceso.
  • La violación del derecho a la no discriminación por parte de las instituciones federales y estatales a los pueblos consultado.
  • Las instituciones federales y estales adolecen de una institucionalidad que permita hacer efectivos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas: falta de presupuestos, comunicación interna, falta de coordinación entre autoridades locales y las instancias federales y estatales, falta de capacitación en materia indígena y respeto por la diversidad cultural e interculturalidad, falta de transparencia de la información pública entre otras.

Exigimos:

De la autoridad responsable (CONAGUA), Órgano Garante  y Comité Técnico Asesor del proceso de Consulta subsanar las violaciones a los derechos de las comunidades consultadas, identificadas desde la etapa informativa a la etapa consultiva, reiterando que no hacerlo pondría en riesgo todo el proceso de Consulta Indígena:

  • Se establezca una coordinación efectiva entre los órganos Responsable, Garante y el Comité Técnico Asesor.
  • Se haga entrega de convocatorias en el tiempo y la forma acordadas.
  • Se respete y reconozca la diversidad cultural de las comunidades participantes en el proceso, dicho reconocimiento debe traducirse en un trato digno e igualitario, en metodologías culturalmente adecuadas, puntualidad, asimismo debe traducirse en el Glosario de Términos y la propuesta de modificación del decreto de veda.
  • Hacer entrega de la información solicitada por las comunidades participantes desde el inicio del proceso de Consulta.
  • Que exista una metodología clara y consensada para el análisis de las propuestas de reglamentación del acuífero.
  • Que los funcionarios públicos de las dependencias federales y estatales que asistan a las actividades tengan capacidad para tomar decisiones y acuerdos.
  • Incorporar opiniones de expertos para aportar opinión sobre cada una de las propuestas presentadas, bajo el enfoque de la libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho humano al agua.

Hacemos un llamado para que en este proceso de Consulta Previa, Libre e Informada para la Revisión y Modificación del Decreto de Veda de 1967 sean respetados los derechos a la autonomía y libre determinación de los sujetos consultados, de la región Xidzaa, que este proceso y los resultados respeten también las propuestas y argumentos de los propios sujetos consultados.

En nuestro país hace falta reformas constitucionales que reconozcan plenamente los derechos territoriales, autonomía y libre determinación de los pueblos, comunidades indígenas y campesinas, para que las consultas no se conviertan en un instrumento de legitimación de proyectos y políticas públicas que benefician intereses particulares en nombre del “bien público”.

Atentamente

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), Tequio Jurídico A.C., Unión de Comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO), Servicios del Pueblo Mixe A.C. (Ser Mixe), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

[1] Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), Tequio Jurídico A.C., Unión de Comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO), Servicios del Pueblo Mixe A.C. (Ser Mixe), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

[2]  AsunciónOcotlán, San Martín Tilcajete, San Pedro Mártir, San Antonino Castillo Velasco,San Pedro Apóstol, Santa Ana Zegache, San Isidro Zegache, Santiago Apóstol, San Sebastián Ocotlán, La Barda Paso de Piedras, Tejas de Morelos, San Jacinto Ocotlán, San Felipe Apóstol, El Porvenir, Maguey Largo y San Matías Chilazoa.

DENUNCIARÁN A EMPRESAS MINERAS Y AUTORIDADES EN JUICIO POPULAR

Comunidades y organizaciones de Oaxaca anuncian juicio popular comunitario contra las empresas mineras y el estado.

Este importante trabajo se realizará durante los días 11 y 12 de octubre del presente año en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces y juezas internacionales y peritos expertos en minería.

El juicio popular comunitario pretende articular las resistencias y llevar a juicio a las empresas mineras y al estado. El juicio popular recibirá las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto.

Recordamos que estos proyectos mineros han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria. Aun así, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.

En el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros (3 en etapa de explotación comercial: San José, El Águila y Alta Gracia). Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente.

Por otro lado, se encuentran una diversidad de experiencias comunitarias, de organización social y creación de alternativas frente a la minería. Los pueblos y comunidades están impulsando acciones de reapropiación y reivindicación de sus territorios, pese a estos trabajos que dignifican la vida comunitaria, el Estado y las empresas se encuentran criminalizando dichas acciones.

Debido a todas las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras), es momento de articularnos entre los pueblos. Exijamos el respeto a nuestros derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales.

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

CONVOCAN

Comunidades y Organizaciones asistentes al Segundo Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”

Comité Organizador:

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC);  Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Comisión de Seguimiento de la Asamblea Chontal; Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI); Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac; Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA); Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA); ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.; Grupo de Investigación-Acción Autónoma; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO); Oxfam México A.C.; Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER); Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Tequio Jurídico A.C., Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata (UCIO-EZ); Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca  S.C. (UNOSJO).

 

Para más información consultar: http://endefensadelosterritorios.org/category/juicio-popular-vs-mineria/

 

O escribir a: colectivoaxaca@yahoo.com.mx

URGE INTERVENCIÓN INMEDIATA Y EFECTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EVITAR PERDIDAS DE VIDAS ENTRE LAS COMUNIDADES DE CHUXNABAN Y SAN MIGUEL QUETZALTEPEC.

  • La omisión y falta de atención efectiva del Gobierno del Estado agudiza el conflicto entre las comunidades de Chuxnaban y San Miguel Quetzaltepec, en la región Mixe.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
A LA JUNTA DE CONCILIACION AGRARIA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
A LA REGION MIXE
A LA SOCIEDAD CIVIL

En las últimas horas nos hemos enterado de la situación tensa que prevalece entre las comunidades de San Juan Bosco Chuxnaban y San Miguel Quetzaltepec, en la región mixe, donde se registró un enfrentamiento, por lo que hacemos un llamado URGENTE al Gobierno del Estado de Oaxaca para que intervenga de manera efectiva e inmediata para evitar pérdidas de vidas humanas ante la agudización del conflicto.

Así mismo denunciamos que el día domingo 29 de julio del presente año, a las 4. 00 p.m. se suscitó una emboscada en el camino que conduce a la comunidad de Santa Cruz Condoy, donde perdió la vida el ciudadano RAMBERTO ROMERO MARTINEZ, quien fungía como tesorero municipal de San Juan Bosco Chuxnaban, cuando se dirigía a dejar sus bestias mulares al campo.

La falta de una respuesta efectiva por parte del Gobierno del Estado, para garantizar la seguridad de la zona se ha traducido en un nuevo enfrentamiento con consecuencias fatales. Las pérdidas humanas y el enfrentamiento entre ambas comunidades derivan del conflicto de la distribución de las participaciones municipales, trascendiendo a profundizar el conflicto agrario que vienen sosteniendo desde hace varios años ambas comunidades.

Ante esta lamentable situación, que en lo que va del año ha cobrado ya 3 vidas, hacemos un llamado urgente al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa para su:

• Intervención inmediata y efectiva para la resolución de conflicto entre ambas comunidades.
• Investigación exhaustiva de los crímenes cometidos con debida diligencia con los más altos estándares internacionales en Derechos Humanos.
• Condenamos y rechazamos enérgicamente los actos de violencia entre las comunidades y la falta de atención adecuada del estado para poner fin al conflicto entre estas dos comunidades.

Así mismo hacemos un llamado a las comunidades involucradas a evitar el uso de la violencia y privilegiar el diálogo, como medida para resolver los conflictos.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 02 de agosto del 2018.

Atentamente.
Organizaciones Integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: SERVICIOS DEL PUEBLO MIXE A.C, Tequio Jurídico A.C., Servicio para una Educación Alternativa A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez S.C, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

COMUNICADO-QUETZAL CHUXNABAN

CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LOS VALLES CENTRALES CONTRA LA MINERÍA

Este verso es un tesoro, y pronunciarlo sí se debe, el agua vale más que el oro, porque el oro no se bebe…

Reunidas en San Antonino Castillo Velasco, en el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, 30 comunidades indígenas y campesinas que conformamos los Valles de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, y 25 organizaciones hemos decidido rechazar categóricamente cualquier proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, nuestros sistemas productivos, nuestro tejido social, medio ambiente, nuestros sistemas normativos y territorios.

Denunciamos que desde hace más de diez años, nuestros territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin nuestro consentimiento, hasta el momento 160 mil hectáreas de los Valles Centrales se encuentran en peligro, principalmente por la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.

Dichas empresas han impulsado a Oaxaca como el octavo estado de la república en explotación de oro y plata, sin embargo para nuestras comunidades su operación se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones físicas, daños irreversibles a nuestro medio ambiente, rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos.

Durante más de diez años hemos denunciado ante las instancias federales y estatales, la violencia desmesurada con la cual operan dichas empresas en nuestros territorios, sin embargo no hemos recibido ninguna respuesta de las mismas, por lo que en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, las comunidades zapotecas de los Valles Centrales, declaramos nuestros territorios como “prohibidos para cualquier actividad de prospección, exploración y explotación minera”.

Los pueblos y comunidades de los Valles Centrales, hemos decidido por la vida, la paz y el desarrollo comunitario desde nuestras propias  cosmovisiones y en respeto profundo de nuestra madre tierra; manifestamos que la minería no representa ninguna opción de desarrollo para nuestros pueblos y sus habitantes.

Ante la negligencia y contubernio de las autoridades y la opacidad y violencia de las empresas mineras, hemos tomado la decisión de constituirnos en la Asamblea de los Valles Centrales Frente la Minería, por lo que nos declaramos en alerta máxima ante la imposición de diversas concesiones y proyectos mineros en nuestros territorios. En este sentido hacemos los siguientes ACUERDOS:

  1. Manifestamos nuestro compromiso en seguir defendiendo a nuestra Madre Tierra, cuidar y defender el agua que nos da la vida, así como todos los bienes comunes presentes en nuestros territorios.
  2. Nuestros ejidos y comunidades son territorio prohibido para la minería, dicha prohibición incluye toda actividad que tenga por objeto modificar o extraer los bienes comunes de nuestro territorio.
  3. No firmaremos ni autorizaremos ningún tipo de permiso, convenio, contrato, documento o instrumento legal, que tenga por objeto extraer nuestros bienes comunes.
  4. No autorizaremos el cambio de uso de suelo para realizar actividades mineras en los territorios municipales.
  5. Nos reconocemos como parte del Pueblo Zapoteco, por lo que asumimos el compromiso de defender nuestros territorios desde nuestras asambleas, de manera organizada, pacífica y por todos los medios legales.
  6. Rechazamos el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR) que pone en riesgo nuestra propiedad social.
  7. Convocamos al Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca con el objetivo de hacer frente al modelo extractivo, visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros. Dicho Juicio se realizará los días 11 y 12 de octubre de 2018 en la Ciudad de Oaxaca.

A los gobiernos federal y estatal, a las autoridades electas del poder ejecutivo y legislativo, y a las autoridades municipales planteamos las siguientes EXIGENCIAS:

  1. Cancelación inmediata del Corredor Industrial Minero que pretenden imponer en los Valles Centrales, particularmente exigimos la cancelación de los proyectos mineros “San José”, “Trinidad Norte” y “El Águila”, operados por las compañías Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, en los municipios de San José del Progreso y San Pedro Totolapan.
  2. Exigimos justicia para Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez asesinados en 2012 por su trabajo de defensa de los territorios en San José del Progreso.
  3. Cancelación de las concesiones mineras que han sido impuestas en los Valles de Ocotlán, Zimatlán, Tlacolula, Ejutla y Miahuatlán. Reiteramos que no cuentan con nuestro aval, ni consentimiento para realizar ningún trabajo en nuestros territorios.
  4. Exigimos se detenga la criminalización y agresiones hacia las y los defensores, movimientos y medios de comunicación en defensa de los territorios.
  5. Expresamos nuestra condena a los actos violentos, las recientes masacres y asesinatos ocurridos en las regiones de la Sierra Sur, Costa, Sierra Norte, Istmo y Valles Centrales.
  6. Nos pronunciamos en contra de los asesinatos como medio para dirimir los conflictos internos por la tierra, principalmente entre San Lucas Ixcotepec y Santa María Ecatepec. La violencia desmedida no se trata de situaciones aisladas, tal como lo ha colocado el Gobernador del Estado de Oaxaca, estas acciones responden a intereses particulares, por lo que no existe una efectiva atención del Estado en estos hechos. Exigimos al Estado garantice la paz entre comunidades.
  7. Nos solidarizamos con las comunidades y movimientos que se han visto afectados por la escalada de violencia en el estado, principalmente con las compañeras y compañeros de CODEDI, quienes han sufrido asesinatos y detenciones en los últimos meses, así como compañeras y compañeros de San Miguel Cajonos donde fueron desaparecidas 3 personas desde el 27 de diciembre de 2017 en el marco de la imposición de un proyecto minero y un conflicto agrario intercomunitario, por lo que exigimos justicia y castigo a los responsables de estos hechos.
  8. Responsabilizamos a las autoridades por cualquier agresión, criminalización o amenazas que se susciten en el marco de nuestra defensa del territorio, exigimos se garantice el derecho a la información, libre expresión y manifestación, derechos reconocidos constitucionalmente.
  9. A las autoridades electas les expresamos que no permitiremos ningún proyecto minero en nuestra región bajo ninguna circunstancia, exigimos el respeto a nuestra determinación: ¡ni una concesión o proyecto minero más en nuestros territorios! ¡cancelación de las concesiones mineras otorgadas desde hace diez años!

¡Sí a la Vida, No a la Minería!

¡Ni Oro Ni Plata, la Minería Mata!

¡De la Sierra hasta el Desierto, Ni en Túnel, Ni a Cielo Abierto!

¡No queremos Anillo de Oro Ver, Queremos Tlayuda para Comer!

ASAMBLEA DE LOS VALLES CENTRALES CONTRA LA MINERÍA

 Comunidades: Barda Paso de Piedra, San Antonino Castillo Velasco, San Juan Chilateca, San Felipe Apóstol, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, El Vergel y su Anexo los Ocotes, San Nicolás Yaxe, Santiago Apóstol, San Pablo Güilá, San Míguel Panixtlahuaca, Santa Catarina Minas, San Miguel Ejutla, San Miguel Cajonos, Magdalena Teitipac, San Felipe Apóstol, Ocotlán de Morelos, Tejas de Morelos, San Pedro Mártir, San Martín Tilcajete, San Matías Chilazoa, San Isidro Zegache, San Jacinto Ocotlán, San Sebastián Ocotlán, Santiago Apóstol, La Guadalupe, La P, San Matías Chilazoa, La Noria de Ortíz, San José del Progreso, Miahuatlán.

Organizaciones y Colectivos: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Tequio Jurídico A.C., Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca-UNOSJO S.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., Coordinadora de los Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA), Oxfam México,  Comisión Diocesana Pastoral Social de la Fé, Comité de Desaparecidos San Miguel Cajonos, Colectivo Espacio Kruz, Centro de Estudios de la Región Cuicateca-CEREC, SURCO A.C., Maderas del Pueblo del Sureste, Red de Defensores y Defensoras de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM), CFAFMD Miahuatlán de Porfirio Díaz, Grupo de Investigación-Acción Autónoma, Colectivo Orión, Estudio Mantis, Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán COPUVO, INSO A.C., Taller de Difusión Zapoteca, F.P.R. Asamblea Estudiantil y Popular de Radio Universidad de Oaxaca.

 

Dado en el Auditorio de la Escuela “Esteban Vásquez”, San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, México. A 22 días del mes de julio de 2018.

Creación de Zonas de Reserva, violenta gravemente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas

El día 6 de junio del presente año, el Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto, firmó un Decreto Presidencial para levantar más de diez Vedas y crear zonas de reservas de aguas nacionales que corresponden al 40 por ciento de las cuencas del país, las cuales contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.

Levantar las Vedas para crear Zonas de Reserva Parcial, más allá de ser una protección jurídica sobre las aguas superficiales para garantizarlas a las futuras generaciones y preservar el equilibrio ecológico, como lo pretenden hacer ver la CONAGUA, SEMARNAT tiene efectos jurídicos totalmente contrarios, ya que flexibilizan el uso y aprovechamiento del agua a las empresas transnacionales y empresas privadas interesadas.

Cabe destacar que la organización WWF (activa promotora del establecimiento de las Zonas de reserva Parcial) se atribuye una representación que nadie le ha dado, pues el proceso de emisión de estos decretos no contó con la participación de la ciudadanía, por lo que desconocemos los intereses internacionales a los cuales dicha organización está sujeta.

La Ley de Aguas Nacionales, dispone que en una zona vedada no se autoriza ningún aprovechamiento de agua, adicional a los establecidos previamente a su promulgación, en cambio, en una Zona de Reserva se puede realizar aunque con algunas limitaciones, la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa de restauración, conservación o preservación o cuando el Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública.

La creación de Zona de Reserva Parciales es el instrumento más flexible que encontraron para en efecto garantizar un volumen para el uso público urbano y ambiental, liberar el resto para la explotación, el uso y aprovechamiento del agua para cualquier uso, incluyendo el sector industrial, si las autoridades lo consideran de utilidad pública. Además los decretos establecidos no tienen una mirada holística de las cuencas, ya que en ellos no se establecen directrices sobre el uso, protección y cuidado de las aguas subterráneas.

El levantamiento de las Vedas, que protegían la extracción y aprovechamiento del agua, violentan gravemente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas como el derecho a la libre determinación y autonomía, para que decidan libremente sus aspiraciones sobre sus bienes naturales, y rompen la relación incluso espiritual que los pueblos guardan con el agua, así como el derecho a la consulta, libre, previa e informada.

Entre las comunidades afectadas se encuentran las  asentadas en los estados de Guerrero, Veracruz y Oaxaca, donde podría haber serios impactos en los territorios de las comunidades indígenas, quienes son las que resguardan el agua  y que han quedado fuera de la discusión y la decisión sobre el uso y manejo de este bien natural.

Estos Decretos instrumentan el camino para otorgar la certeza jurídica sobre el agua al sector privado, por lo que a la salida del actual gobierno priista entrega a la inversión privada no solo de los hidrocarburos y minerales sino ahora también con la entrega del agua.

En Oaxaca, las zonas de reserva se han dado en dos de las principales cuencas del estado: Atoyac y Papaloapam, bajo el argumento de que el agua existente en ellas se desperdicia, sin embargo la región donde se estableció la reserva parcial correspondiente a las subregiones Río Papaloapan y Papaloapan A, de la Región Hidrológica número 28 Papaloapan, es una zona donde hay proyecciones para la explotación de hidrocarburos vía fracking, establecimiento de minas y la generación de energía eléctrica hidroeléctricas. Hasta ahora comunidades chinantecas se oponen a la construcción de una presa.

Otras de las regiones afectadas es la correspondiente a la Región Hidrológica número 20, Costa Chica de Guerrero, donde se encuentran principales Ríos como: Río Atoyac-Salado, Río Atoyac-Tlapacoyan, Río Sordo-Yolotepec, Río Atoyac-Paso de la Reina y Río Verde. En ésta última las comunidades de la costa oaxaqueña han estado en resistencia por más de 10 años ante la pretensión del Estado de construir varios proyectos hidroeléctricos, entre ellos el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina.

Estos proyectos desde la visión del Estado son de interés y de utilidad pública y necesitan de gran cantidad de agua para su funcionamiento. Con esto podemos ver claramente que el agua está reservada para las empresas privadas, más allá del beneficio para las futuras generaciones y la conservación ambiental, como lo maneja en su discurso actual.

Las organizaciones y comunidades firmantes externamos nuestra preocupación ante las constantes violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas sobre sus tierras y territorios, reconocidos en los Tratados Internacionales firmados por el Estado Mexicano.

Ante esta situación grave de violaciones a los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas hacemos un llamado a:

  • A los Pueblos, Comunidades, Organizaciones Sociales, autoridades municipales y agrarias a ejercer el derecho a la libre determinación, el agua para las comunidades NO ES UNA MERCANCÍA, es un bien natural que tiene que ser respetado y cuidado.
  • A las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos a pronunciarse y exigir al Gobierno Mexicano, el respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la no mercantilización de los bienes naturales que se encuentran dentro de sus territorios.
  • Exigimos la cancelación de los proyectos hidroeléctricos La Parota, Paso de la Reina, Proyecto Usila, que a raíz de estos decretos pretenden ser reactivados para beneficio de las empresas, a pesar de la oposición de los movimientos como el CECOP, COPUDEVER y la asamblea comunitaria de San Felipe Usila.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 27 de junio del 2018.

Porque son Nuestra Fuente de Vida, Defendamos Nuestros Territorios:

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Tequio Jurídico A.C, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C, Servicios para una Educación Alternativa A.C EDUCA, Servicios del Pueblos Mixe Ser Mixe A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., Frente de Autoridades Agrarias y Municipales (FAMA), Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA)

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios exige al Estado y Empresas se respeten los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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9 de agosto, Oaxaca. DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. En el 23 aniversario de la declaración de esta fecha, que entre otras cosas conmemora los avances legislativos sobre los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional, el Estado mexicano marcha en reversa con respecto a los derechos de los pueblos indígenas al haber aprobado las reformas estructurales que facilitan a las empresas transnacionales y nacionales el libre acceso a los bienes comunes asentados en nuestros territorios.

De enero del 2002 a abril del 2016 la Secretaría de Economía ha otorgado en el estado de Oaxaca 972 títulos de concesión minera que cubren una superficie de 462,975 hectáreas; también se ha proyectado la construcción de 66 “pequeñas hidroeléctricas” y un gran proyecto de este tipo; asimismo la terminación de la construcción de las supercarreteras de la Costa y del Istmo y la construcción de otra supercarretera para unir las ciudades de Oaxaca y Tuxtepec, a través de la sierra zapoteca, caracterizada por su gran biodiversidad.

Ahora, con las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE) el gobierno amenaza gravemente el territorio del Istmo de Tehuantepec con minería a cielo abierto, parques eólicos, el gasoducto Istmo de Tehuantepec-Veracruz, presas hidroeléctricas, una carretera de 337 Km para unir los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, que dice Murat que competirá con el Canal de Panamá y la operación del ferrocarril del sureste para trasladar mercancías entre los Océanos Atlántico y Pacífico.

Los oaxaqueños podemos seguir esperando una política social que satisfaga los niveles de pobreza en que nos han sumido; pero a los inversionistas que pretenden operar en las ZEE les ofrecen: beneficios fiscales, aduanales, financieros, administrativos y otras condiciones específicas para atraer la inversión y dar empleo a mano de obra barata.

En Oaxaca se tienen ocho áreas naturales protegidas y más de 140 áreas voluntarias protegidas para la conservación, impulsadas por la CONANP, asimismo un sinnúmero de comunidades reciben pago por servicios ambientales hidrológicos o por captura de carbono que están en proceso acelerado de privatización mundial, últimamente a través del Mecanismo para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+); sin embargo estas supuestas iniciativas para la conservación de la biodiversidad no tienen la fuerza legal para estorbar siquiera el paso de los intereses de las empresas mineras, petroleras o constructoras y sus proyectos.

En nombre del desarrollo se ha destruido y se quiere seguir destruyendo la naturaleza asentada en los territorios indígenas y no indígenas; para los pueblos indígenas el territorio es parte fundamental de su identidad cultural, es por eso que las miradas son contrapuestas. El problema de la contaminación por transgénicos de nuestros maíces nativos lo demuestra, mientras los pueblos indígenas estamos preocupados por sanarlos, el Estado mexicano no tiene ningún empacho en seguir importando maíces transgénicos de Estados Unidos, o cualquier otro país, al mismo tiempo que hace caso omiso de la contaminación.

Todos los proyectos implementados en territorios indígenas han violentado de manera sistemática sus derechos reconocidos en tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como en la Constitución Federal y en la Constitución del Estado de Oaxaca.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, exigimos al Estado Mexicano y a las Empresas respetar los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a que vigilen su cumplimiento. Por nuestra parte, reconocemos y alentamos los esfuerzos de los pueblos indígenas de Oaxaca en la defensa de sus tierras y territorios.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 9 de agosto de 2017.

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Prodh), Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Tequio Jurídico A.C., Servicios del Pueblos Mixe A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO)