LA COPUVO HACE UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES ESTATALES A TRABAJAR CON SERIEDAD EN LA MESAS DE DIALOGO Y BRINDAR SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO

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La Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO)
hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno a poner atención y mantener
el dialogo que permita generar las condiciones de seguridad en la comunidad
para la reconstrucción de tejido comunitario y la paz dentro del Municipio de San
José del Progreso.

Denunciamos que a raíz del intento unilateral del Presidente Municipal por
recuperar el Palacio Municipal resguarda por la coordinadora, se ha incrementado
la inseguridad que vivimos desde la llegada el proyecto minero impuesto por la
Empresa Minera Fortuna Silver Mines, en el año 2006. Nos preocupa que en el
afán de fortalecer el tejido comunitario de San José del Progreso, siga
aumentando las intimidaciones hacia los y las integrantes de la COPUVO, hemos
visto personas armadas rodeando domicilios de las y los integrantes de la
COPUVO y el incremento de detonaciones de arma de fuego de alto calibre en
San José del Progreso.

Hacemos público la falta de voluntad e ineficacia del Lic. Francisco Enrique Santos
Méndez, comisionado de la Secretaria General de Gobierno, como órgano
mediador al seguimiento a las mesas de dialogo entre la COPUVO y el
Ayuntamiento. El día viernes primero de marzo al presentarnos en las
Instalaciones de ciudad administrativa, para darle seguimiento al acuerdo de la
minuta del 19 de febrero 2019, de una manera discriminatoria nos abordó en la
explanada de la ciudad administrativa, diciendo que no tenía nada programado y
que se cambiaría la fecha previamente señalada; Al pedirle de manera amable
que habláramos en un espacio cerrado se negó en varias ocasiones, finalmente
accedió a atendernos sin embargo su comportamiento fue grosero sin tomar en
cuenta las opiniones de las y los ciudadanos que participamos. En virtud de lo
expuesto manifestamos los siguientes:

  1. La COPUVO reafirma la disponibilidad política para seguir mantenido el
    diálogo para generar acuerdos que abonen a la reconstrucción de paz y la
    reconciliación del tejido comunitario en la comunidad de San José del
    Progreso.
  2. Exigimos al Subsecretario general de gobierno Lic. Carlos Ramos que tome
    con seriedad el caso del Municipio de San José del Progreso para darle
    continuidad a estas mesas de diálogo y que haga cumplir los acuerdos que
    se generaron a través de la secretaria general de gobierno.
  3. Responsabilizamos al H. Ayuntamiento Municipal de San José del Progreso
    y a la Empresa Minera de cualquier agresión que ponga en riesgo la
    integridad física o Psicológica de las y los integrantes de la coordinadora.
  4. Solicitamos a los órganos de los Derechos Humanos, una participación más
    activa en las mesas de diálogo y la ampliación de las medidas cautelares
    hacia las y los integrantes de la coordinadora.
  5. Demandamos a las autoridades federales garantice los derechos que
    tenemos como comunidades indígenas respecto a nuestras tierra y
    territorio, determinando la responsabilidad social y ambiental en la empresa
    minera Fortuna Silver ha incurrido desde su llegada a la comunidad.

San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca a 04 de marzo de 2019.

Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán
“Vida si, minas no”

La COPUVO hace un llamado al Ayuntamiento de San José del Progreso a mantener el diálogo y denuncia actos de intimidación (Boletín de prensa)

Boletín de Prensa, versión original en pdf: BOLETIN COPUVO 19-02-19

  • La COPUVO hace un llamado al Ayuntamiento de San José del Progreso a mantener el diálogo para la reconstrucción del tejido comunitario.
  • La COPUVO denuncia actos de intimidación hacia sus integrantes debido al incremento de detonaciones de armas de fuego de alto calibre.

Las Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) hacemos un llamado al Ayuntamiento de San José del Progreso a mantener el dialogo que permita generar las condiciones para la reconstrucción de tejido comunitario y la paz dentro de la comunidad. Le demandamos la continuación de la mesa de dialogo generada por la Secretaria General de Gobierno el 4 de febrero del 2019.

La COPUVO recuerda que dicha mesa se instaló el mismo día en que el presidente municipal intento recuperar el Palacio Municipal que resguarda la coordinadora, incrementando los niveles de tensión que vivimos desde la llegada del proyecto minero impuesto por la Empresa Minera Fortuna Silver Mines, en el año 2006. Sigue leyendo

Exigimos no criminalizar la defensa de nuestro territorio comunal San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca Comunidad Indígena Chocholteca

COMUNICADO DE PRENSA

Ante la información periodística difundida en diversos medios de comunicación, en especial el publicado con el título “POBLADORES DE TEJUPAN RETIENEN A TRES PERSONAS POR PRESUNTO INTENTO DE ROBO DE GANADO”, el día doce de febrero del presente año, por la Agencia de Noticias IGAVEC, en Huajuapan de León, Oaxaca, en la dirección digital http://igabenoticias.com/pobladores-de-tejupan-retienen-a-tres-personas-por-presunto-intento-de-robo-de-ganado/, asimismo, la reproducción de la misma información en las redes oficiales de twitter y Facebook de la mencionada Agencia de Noticias, nos vemos en la necesidad de alzar nuestra voz, para realizar las siguientes aclaraciones y precisiones:

Al respecto, señalamos:

  1. La nota periodística es falsa, parcial e imprecisa, pues asume como verídicas las afirmaciones de los pobladores del Municipio de Villa Tejupan de la Unión, Oaxaca, sin otorgar el derecho de réplica a las tres personas. Conforme a la información presentada, toda vez que no precisa los nombres de las tres personas retenidas, hacemos la aclaración que dichas personas son los CC. LUIS PEREDA CRUZ, CRISPIN SALINAS LOPEZ, Y FERNANDO BALTAZAR GOMEZ, quienes son comuneros de nuestra comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca.
  2. Los comuneros LUIS PEREDA CRUZ, CRISPIN SALINAS LOPEZ, Y FERNANDO BALTAZAR GOMEZ, de manera ilegal fueron privados de su libertad a las 12:00 horas del día domingo diez de febrero de 2019 y liberados a las 22:00 horas del mismo día, con la mediación del Lic. Librado Villarreal Fuentes, de la Vicefiscalía Regional en la Mixteca, asimismo, las autoridades de nuestra comunidad como el Comisariado de Bienes Comunales y la Autoridad Municipal.
  3. Aclaramos que quienes ilegalmente privaron de su libertad a nuestros comuneros, fueron los policías municipales del Municipio de Villa Tejupan de la Unión, acompañados de un grupo de 50 personas del poblado de Tejupan, fueron trasladados a la Cárcel Municipal en donde permanecieron totalmente incomunicados y bajo constantes amenazas de muerte por los pobladores de Tejupan. Nuestros hermanos de Suchixtlahuaca, no estaban robando animales, ellos, se encontraban haciendo recorridos de vigilancia en el territorio propiedad de nuestra comunidad, precisamente en el paraje que denominamos “LAS CANTERAS”, actividades propias del cargo de GUARDAMONTES, el cual, tienen asignado por la Asamblea de nuestra comunidad. Los suscritos, tuvimos conocimiento de estos hechos por otros tres GUARDAMONTES que se encontraban en ese paraje y, de inmediato nos trasladamos al Municipio de Tejupan Villa de la Unión, para aclarar la situación y rescatar a nuestros comuneros. En dicho municipio no nos permitieron ver a nuestros comuneros y los pobladores se fueron reuniendo y amenazaban con rociarlos de gasolina y quemarlos; fue hasta entrada la noche cuando por la intermediación del personal de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, que se pudo establecer el diálogo. Tras la firma del pretendido acuerdo, liberaron a nuestros comuneros y los trasladamos a nuestra comunidad.
  4. Por lo anterior, aclaramos que los CC. LUIS PEREDA CRUZ, CRISPIN SALINAS LOPEZ, Y FERNANDO BALTAZAR GOMEZ, son comuneros de San Cristóbal Suchixtlahuaca, personas honradas y honorables con un modo honesto de vivir, no son delincuentes, ni roban ganados, como falsamente se les pretendió acusar, solo por proteger nuestro territorio comunal. Esto se puede corroborar atendiendo al contenido del convenio que bajo amenazas nos hicieron firmar las autoridades y pobladores de Villa Tejupan de la Unión, como condición para lograr la liberación de nuestros comuneros, mismo que evidentemente carece de validez y es nulo de pleno derecho, en el cual se puede leer:

“en cuanto se vea el ganado propiedad de la gente de villa Tejupam de la unión, Teposcolula, Oaxaca; se comunicaran con el comisariado de bienes comunales y con la presidencia municipal de villa Tejupam de la Unión, Teposcolula, Oaxaca, así como se abstendrán los guarda montes de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca de entrar y retener cualquier ganado que nade en dicha área en conflicto entre las dos comunidades Villa Tejupam de la Unión, Teposcolula, Oaxaca y de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca, hasta que no se resuelva ante las autoridades competentes”

 “…los ciudadanos LUIS PEREDA CRUZ, FERNANDO BALTAZAR GÓMEZ, CRISPÍN SALINAS LÓPEZ y que en este momento quedan en libertad para que se trasladen a su comunidad de origen, así mismo el síndico municipal hace entrega en este acto de un caballo color bayo con montura, tres machetes, tres celulares, y un gafete que dice guardamontes recibiéndolos en este acto por las partes requeridas”

Precisamos, que el área en conflicto que refieren, en la actualidad ya no existe, pues, tal conflicto ya fue resuelto por la autoridad competente, en donde nuestra comunidad obtuvo a su favor la sentencia emitida el día 12 de febrero de 2004, emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, en el expediente número 41/92, de su índice, misma que fue ejecutada el 26 de septiembre del año 2007.

Por todo ello:

  1. Desmentimos la falsa acusación en contra de nuestros comuneros CC. CC. LUIS PEREDA CRUZ, CRISPIN SALINAS LOPEZ Y FERNANDO BALTAZAR GOMEZ, ellos, son comuneros de San Cristóbal Suchixtlahucaca, con un modo honesto de vivir que actualmente cumplen el cargo de Guardamontes en nuestra comunidad.
  2. Nos deslindamos y desconocemos el convenio que pretendieron hacernos firmar los pobladores de Tejupan Villa de la Unión, bajo presión y amenazas, conforme se ha descrito, el conflicto de límites ya fue resuelto y, por lo anterior, seguiremos vigilando y protegiendo nuestro territorio comunal, como lo hemos hecho siempre, tal como lo ha determinado nuestra Asamblea General de Comuneros.
  3. Ratificamos nuestra postura de mantener la buena convivencia, paz y armonía con las comunidades circunvecinas, basada en el respeto pleno de nuestros derechos tanto individuales como colectivos.
  4. Exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca, que adopte las medidas pertinentes y necesarias para garantizar la integridad de nuestro territorio comunal y en especial la integridad de nuestros comuneros y comuneras, no es posible que se violen sus derechos humanos impunemente y se criminalice su encomienda de vigilar y proteger nuestro territorio comunal.

ATENTAMENTE

AUTORIDAD MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA

San José del Progreso, Oaxaca, en riesgo de confrontación

Por medio de este comunicado, hacemos visible el autoritarismo y abuso de poder de Servando Díaz Vásquez, con su terquedad de querer abrir el Palacio Municipal de manera violenta y que ha actuado con grupos paramilitares, ya que esa no es la solución verdadera a la problemática que se vive en San José del Progreso.

Desde el año 2008, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), ha exigido por todos los medios al gobierno poner atención a la problemática generada en nuestro municipio por el proyecto minero San José, desde la llegada de Fortuna Silver Mines ha aumentado la violencia en nuestra comunidad.

Hacemos responsable a la empresa minera, a la Secretaría General de Gobierno a Servando Díaz Vásquez y a todo su cabildo por cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de pobladores de San José del Progreso, de igual forma exigimos a las autoridades que intervengan de manera imparcial y que garanticen la seguridad e integridad de los miembros de la CPUVO.

¡No queremos más agresiones ni asesinatos!

Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán

“Oaxaca territorio prohibido para la minería”: exigencia de pueblos, comunidades y organizaciones frente al nuevo gobierno federal (Pronunciamiento e Informe)

informe mineria juicio-> Atención al dictamen final del Juicio Popular en contra del Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca.

– > Emisión de Moratoria que declare el territorio estatal: Prohibido para la Minería.

-> Cancelación de concesiones mineras y proyectos vigentes en el estado, impuestas sin el consentimiento de las comunidades.

-> Leyes y políticas públicas que respeten los derechos de los pueblos indígenas y equiparables.

Los días 11 y 12 de octubre del presente año se realizó en la Ciudad de Oaxaca el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras” con la participación de 52 comunidades, quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería de cinco regiones en la entidad (Valles Centrales, Sierra Sur-Costa, Sierra Norte, Mixteca-Cañada e Istmo).

Hoy 10 de diciembre, en el marco del Día internacional de los Derechos Humanos, venimos a manifestar nuestras exigencias frente al nuevo gobierno federal, a la luz del dictamen final emitido por el jurado del Juicio Popular, integrado por expertas y expertos internacionales. Dicho dictamen se emite a partir de la evidencia presentada sobre violaciones a derechos humanos de pueblos y comunidades de Oaxaca, que incluyen afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalizacion de autoridades comunitarias y de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad generalizada en las regiones donde operan estos proyectos mineros por parte de empresas mineras, grupos de choque instancias del Estado.

Exigimos:

Que se atienda a cabalidad el dictamen final del Juicio Popular en contra del Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca y en ese sentido que se cancelen las 322 concesiones y los 41 proyectos mineros vigentes en el estado, ya que estos se impusieron sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y en violación de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía a nuestra integridad cultural, a administrar y controlar nuestros territorios y a mantener la propiedad colectiva de nuestras tierras y bienes comunes naturales. Quedó evidenciado que existe una descalificación sistemática de las instancias tradicionales de toma de decisión comunitaria; en particular, se perpetua la práctica de las empresas de firmar acuerdos individuales, aun sabiendo que los órganos de toma de decisión en las comunidades son las asambleas. Los pueblos de Oaxaca hemos decidido: Sí a la Vida, No a la Minería.

Que se suspenda de forma inmediata la entrega títulos mineros hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución, la derogación de la actual ley minera y otras que guardan relación con esta industria. Asimismo, que se aprueben leyes y políticas públicas que protejan los derechos de los pueblos indígenas y equiparables que los reconozcan como sujetos de derecho público y incluyan mecanismos efectivos de reparación integral de daño ocasionado.

Que se garantice a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad. Asimismo, ratifique por parte del Senado de la República, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Que se detenga la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas. En el Juicio Popular, se produjo evidencia de hostigamiento, agresiones y asesinatos en perjuicio de integrantes de comunidades por parte de grupos de choque armados y del crimen organizado que han actuado para debilitar la oposición de las comunidades frente al ingreso de la minería en sus territorios. De la misma forma se han evidenciado violaciones al derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua y derecho a la salud, por la contaminación producto de las actividades de exploración y explotación minera.

Que se cree de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.

Que se cumpla con las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos al estado mexicano, en particular de las relatorías especiales de naciones unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos.

El extractivismo se coloca como una amenaza significativa para la reproducción de nuestra vida comunitaria y no como la opción de desarrollo que pregonan los gobiernos federal, estatal, y empresas privadas. En menos de treinta años, se ha profundizado la pobreza, la migración masiva, el deterioro del tejido social comunitario y ha habido una fuerte represión de quienes nos oponemos a este modelo económico. Todo esto al servicio de grandes corporaciones y caciques locales.

Por todo eso, y con la legitimidad que nos brindan las decisiones de nuestras asambleas comunitarias que declaran nuestros territorios libres de minería, decimos:

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

¡Oaxaca territorio prohibido para la minería!

Pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes en el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca

 

Desgarcar INFORME Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras

Informe Juicio Popular Comunitario contra del Estado y las Empresas Mineras

Organizaciones y comunidades participantes en el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras”, realizado en octubre del 2018, invitan a la conferencia de prensa para presentar el dictamen final y el informe del ‘Juicio Popular Comunitario contra del Estado y las Empresas Mineras’ que se llevó a cabo el 11 y 12 de octubre en Oaxaca.

Descargar  INFORME Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras

DECLARATORIA DEL SEGUNDO ENCUENTRO ESTATAL DE PUEBLOS, COMUNIDADES, Y ORGANIZACIONES, “AQUÍ DECIMOS SI A LA VIDA, NO A LA MINERIA”

encuentro teitipacMagdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, 23 de febrero del 2018.

Reunidos en la comunidad de Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, lugar donde llevamos el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí decimos Si a la Vida, No a la Minería”, en el Encuentro participamos 60 comunidades del estados de Oaxaca, 33 autoridades comunitarias, y 36 organizaciones quienes nos encontramos luchando por la defensa de la tierra y el territorio y la imposición del Modelo Extractivo de diferentes megaproyectos que violentan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas bajo el amparo de las leyes mexicanas.

Los pueblos, comunidades y organizaciones intercambiamos experiencias para continuar fortaleciendo nuestros procesos organizativos en las comunidades, ejidos, bienes comunales y municipios. Alzamos la voz para denunciar y detener estos proyectos extractivos que, con el falso discurso del progreso, desarrollo o generación de empleo están minando la vida. Los pocos empleos que se crean en el sector minero tienen pésimas condiciones laborales como ha ocurrido en la región carbonífera de Coahuila en el norte del país, dejando más de 3000 mineros muertos, generando el despojo del territorio y la destrucción de los bienes comunes naturales, y en consecuencia el desplazamiento forzado de miles de pobladores quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la tierra, la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales, los que en conjunto nos dan sentido de pertenencia.

Nos pronunciamos por la vida, en ese sentido denunciamos el hostigamiento, la persecución y el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, así como las estrategias de violencia que las empresas y el gobierno han utilizado para generar un clima de terror y miedo para mermar la lucha de las comunidades y querer controlar el territorio donde existen yacimientos mineros a través del crimen organizado. La militarización y presencia de la gendarmería, son estrategias que se han legalizado con la reciente Ley de Seguridad Interior que a todas luces busca criminalizar la protesta social para controlar el territorio.

Nos hermanamos como pueblos para seguir de manera organizada defendiendo nuestra madre tierra desde nuestras comunidades y en las regiones, ya que la tierra la reconocemos como nuestra madre que nos da vida y después nos recoge con su manto para guardarnos en su seno. Reconocemos a las mujeres como guardianas de la tierra y una pieza fundamental en los procesos de resistencia en esta lucha por la vida ante los proyectos de muerte que han significado los megaproyectos en el corazón de nuestros territorios.

Rechazamos los programas del Gobierno Federal como PROCEDE-FANAR-RRAJA, que pretenden privatizar la tierra e individualizar a los ejidos y comunidades, condenamos el hostigamiento de la Procuraduría Agraria a través de los Visitadores Agrarios que pretenden imponer el programa de privatización a través de una serie de condicionamientos a los pueblos.

Desde las comunidades, pueblos indígenas y campesinos en resistencia le decimos al gobierno federal, estatal, a las empresas extractivas, y diferentes grupos con los que actúa en contubernio, que NO aceptaremos el despojo de nuestras tierras que nos fueron heredadas por nuestros ancestros, NO aceptaremos la implementación de ningún trabajo de: prospección, exploración, explotación de los minerales que se encuentran dentro de nuestros territorios o cualquier programa o proyecto que altere o atente contra las comunidades y nuestra forma de organización interna. El agua, los bosques, las semillas entre ellas el maíz, así como los demás bienes naturales presentes en el territorio son nuestros, nos significan identidad, soberanía y los defenderemos ante los proyectos extractivos.

Nos solidarizamos con las diferentes comunidades y movimientos que se encuentran en resistencia como: Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oax, San José del Progreso, Pasta de Conchos, Coahuila, Chicomuselo, Chiapas, Coordinadora de Pueblos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), Comunidades del Istmo de Tehuantepec, y las diferentes resistencias que se encuentran en las regiones del Estado presentes en este foro.

encuentroteiticonfprensaNos sumamos a la exigencia para la cancelación inmediata de los proyectos mineros y las concesiones mineras: Enriqueta y El Doctor, otorgadas en Magdalena Teitipac; Tlacolula en San Juan Guelavia; Progreso II, II (bis), III, en San José del Progreso; Los Ocotes II, III, IV (fracción 1 y 2), V (fracción 1 y 2), VI (fracción 1) en Ejutla de Crespo; Los ocotes 1, Reducción Taviche oeste, Unificación Cuzcatlán en San Jerónimo Taviche; Lute dos, Lutito, en San Miguel Ejutla; La Raquelita I, del municipio de San Juan Tepeuxila, Cuicatlán; El Roble y Reducción El Roble en los municipios de Ixtlán de Juárez y San Pedro Yaneri; Lachatao, en Santa Catarina Lachatao; Zapotitlán 1 en municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec y Asunción Tlacolulita, entre otras, otorgados por el Gobierno Federal, sin la consulta ni el consentimiento de los pueblos. Exigimos el respeto irrestricto del derecho a la libre determinación y autonomía para que respeten nuestra forma de vida y nuestras aspiraciones que mejor nos convenga como pueblos y comunidades.

 

SI A LA VIDA NO A LA MINERIA

NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA

DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO

NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER

 

60 comunidades:

Magdalena Teitipac; San Juan Guelavía; La Barda Paso de Piedra, Zimatlán; San Matías Chilazoa; Monte del Toro; San Juan Teponaxtla; Maguey Largo; Río Anona, San Simón Almologas, Miahuatlán; San Francisco Lachigoló; Tlacolula de Matamoros; San Martín de Los Cansecos; Santa Catarina Lachatao; Santa Cruz Yagila; Asunción Lachixila; Santiago Teotlaxco; San Pedro Martir; El Porvenir; San Juan Tabaa; San Antonino Castillo de Velasco; San Baltazar Chichicapam; Hidalgo Santiago Nundichi; Santa Ana del Valle

San Sebastian Atoyaquillo; San Juan Achiutla; San Bartolomé Yukuañe; San Antonio Huitepec; Santiago Apostol; San Mateo del Mar; Independencia; San José Chiltepec; Santa María Zapotitlán; San Miguel Chongos; Tlaxiaco; Oaxaca de Juárez; Santa Crux Itundujia;

San Carlos Yautepec; San Dionisio del Mar; Ixhuatán; Jaltepec de Candayoc; Santa María Zoogochí; El Vergel Ejutla; Los Cocos Ejutla; San Juan Juquila Vijanos; San Pedro Yareni; Los Ocotes, Ejutla; Santa Rosa Buenavista; Guelatao de Juárez; San Gaspar Yagalaxi; San José del Progreso; Tejas de Morelos; San Isidro Huayapam; San Juan Tepanzacoalco; Panixtlahuaca; Zapotitlán; San José Chiltepec; Santa Rosa Buenavista; Santa María Guelacé; Santo Domingo Tepuxtepec; Santa María Huitepec; San Miguel Tiltepec

Cloete, Coahuila; San Miguel El Progreso, Guerrero; San Agustin Chicomuselo, Chiapas; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Tehuacán, Puebla; La Colorada, Zacatecas; Michigan, EU

36 organizaciones:

Capulli AC; Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; Centro de Estudios de la Región Cuicateca; CECI A.C.; CODEDI; CODEP; Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; CEREC; CODIGO DH; COLMENA OAXACA; Comité Samuel Ruíz; COPUDA; EDUCA A.C.; COPUVO; Enlace Comunicación y Capacitación; FLOR Y CANTO; FOCAP; INSO Oaxaca; OIDHO; Organización Familia Pasta de Conchos; MACO; MAIZ Mixteca; Mungier Ndyuck Guardianes del Mar AC; Oxfam México; REDECOM; Servicios del Pueblo Mixe; SIPAZ; SURCO AC; Tequio Jurídico; UAM Xochimilco; Uken ke uken Centro Cultural Zapoteco; UNAMA; Unitierra Oaxaca; UNOSJO SC; Yunhiz Espacio Alternativo

16 comunidades zapotecas proponen una zona reglamentada comunitaria e indígena en Consulta Indígena a la CONAGUA.

El pasado 24 de enero del presente año, se dieron cita las 16 comunidades de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en la comunidad de San Pedro Mártir, para reiniciar las mesas de diálogo para la modificación del decreto de veda que limita y condiciona el uso del agua para la agricultura. A la reunión asistieron autoridades agrarias y municipales de los pueblos que integran la COPUDA; y las instituciones públicas responsables de estar en la consulta indígena, siendo la Comisión Federal de Electricidad la gran ausente. El objetivo de la mesa de diálogo fue “avanzar en la construcción de acuerdos entre la COPUDA y la autoridad responsable CONAGUA”.

 

La reunión tuvo como objetivo reiniciar el proceso de diálogo de la cuarta etapa de la consulta indígena, donde las 16 comunidades y la CONAGUA están tomando decisiones de suma importancia para la reglamentación del acuífero en la micro región Xnizaa.

Después de 12 años de lucha de las 16 comunidades campesinas y zapotecas de los valles centrales de Oaxaca, el 24 de enero entregaron a la CONAGUA la propuesta de una “Zona reglamentada comunitaria e indígena”, “esta propuesta que entregamos sale desde nuestros pueblos, nuestras asambleas, desde nuestro sistema normativo” compartió Ángel Ruiz Méndez presidente del consejo directivo de la COPUDA. Abriendo de esta manera, una luz que ilumine la defensa de los territorios a los demás pueblos que están defendiéndola.

La propuesta de la zona reglamentada comunitaria e indígena tiene como base las siguientes exigencias: 1. La zona reglamentada será para las 16 comunidades de la micro región Xnizaa y no para el acuífero de Valles Centrales; 2. Que no haya concesión “porque la concesión no garantiza el agua”, la COPUDA propone un plan de manejo integral comunitario; 3. Que sea una reglamentación de acuerdo a los sistemas normativos de cada comunidad; 4. Que el órgano rector de la zona reglamentada sean nuestras autoridades comunitarias.

La CONAGUA por su parte manifestó, en voz del ingeniero Francisco Nuñez “Siento que se requiere revisar y analizar, para esto el compromiso que estamos asumiendo es construir en conjunto la propuesta”. Uno de los acuerdos a los que llegaron al final de la reunión, fue que el día 7 de febrero ambas partes se reunirán para seguir construyendo la propuesta de zona reglamentada comunitaria e indígena.

Pronunciamiento del Encuentro Regional por la Defensa de Nuestros Territorios

encuentro regionalEl día seis de diciembre del presente año, nos hemos reunido en la Comunidad de Morro Mazatan, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Autoridades Agrarias y representantes de las Comunidades de: San Miguel Chongos, Guadalupe Victoria, Santa María Zapotitlán, San José Chiltepec, Santa Lucía Mecaltepec, Santa María Candelaria, San Pedro Sosoltepec y San Pedro Tepalcatepec integrantes de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa del Territorio, Morro Mazatan, Santa Gertrudis Miramar, Tilzapote, San Pablo Mitla, Tlacolula de Matamoros, Rincón Bamba, Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Colectivo Matzá de la Comunidad de San Miguel Chimalapa y Tequio Jurídico A.C., para desarrollar el “Encuentro Regional por la Defensa de Nuestros Territorios”, con el objetivo de informarnos y articularnos para nuestra defensa frente a megaproyectos de despojo y proyectos extractivos, entre ellos, minería y Zonas Económicas Especiales.

Analizamos que nuestros territorios se encuentran en riesgo por un sistema capitalista, que en nuestro país se empezó a profundizar en los años 90´s, con la reconfiguración del marco jurídico del estado, reformando el artículo 27 constitucional, la ley minera, la ley de inversión extranjera y la entrada de Tratado de Libre Comercio con América del Norte TLC-AN, generando condiciones legales a favor de empresas nacionales e internacionales que pretenden imponer proyectos neoextractivistas, como minería, Proyectos de generación de energía eólica, hidroeléctricas torres de alta tensión, Zonas Económicas Especiales, proyectos turísticos y como consecuencia la militarización y paramilitarización de los territorios.

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