“Oaxaca territorio prohibido para la minería”: exigencia de pueblos, comunidades y organizaciones frente al nuevo gobierno federal (Pronunciamiento e Informe)

informe mineria juicio-> Atención al dictamen final del Juicio Popular en contra del Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca.

– > Emisión de Moratoria que declare el territorio estatal: Prohibido para la Minería.

-> Cancelación de concesiones mineras y proyectos vigentes en el estado, impuestas sin el consentimiento de las comunidades.

-> Leyes y políticas públicas que respeten los derechos de los pueblos indígenas y equiparables.

Los días 11 y 12 de octubre del presente año se realizó en la Ciudad de Oaxaca el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras” con la participación de 52 comunidades, quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería de cinco regiones en la entidad (Valles Centrales, Sierra Sur-Costa, Sierra Norte, Mixteca-Cañada e Istmo).

Hoy 10 de diciembre, en el marco del Día internacional de los Derechos Humanos, venimos a manifestar nuestras exigencias frente al nuevo gobierno federal, a la luz del dictamen final emitido por el jurado del Juicio Popular, integrado por expertas y expertos internacionales. Dicho dictamen se emite a partir de la evidencia presentada sobre violaciones a derechos humanos de pueblos y comunidades de Oaxaca, que incluyen afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalizacion de autoridades comunitarias y de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad generalizada en las regiones donde operan estos proyectos mineros por parte de empresas mineras, grupos de choque instancias del Estado.

Exigimos:

Que se atienda a cabalidad el dictamen final del Juicio Popular en contra del Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca y en ese sentido que se cancelen las 322 concesiones y los 41 proyectos mineros vigentes en el estado, ya que estos se impusieron sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y en violación de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía a nuestra integridad cultural, a administrar y controlar nuestros territorios y a mantener la propiedad colectiva de nuestras tierras y bienes comunes naturales. Quedó evidenciado que existe una descalificación sistemática de las instancias tradicionales de toma de decisión comunitaria; en particular, se perpetua la práctica de las empresas de firmar acuerdos individuales, aun sabiendo que los órganos de toma de decisión en las comunidades son las asambleas. Los pueblos de Oaxaca hemos decidido: Sí a la Vida, No a la Minería.

Que se suspenda de forma inmediata la entrega títulos mineros hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución, la derogación de la actual ley minera y otras que guardan relación con esta industria. Asimismo, que se aprueben leyes y políticas públicas que protejan los derechos de los pueblos indígenas y equiparables que los reconozcan como sujetos de derecho público y incluyan mecanismos efectivos de reparación integral de daño ocasionado.

Que se garantice a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad. Asimismo, ratifique por parte del Senado de la República, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Que se detenga la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas. En el Juicio Popular, se produjo evidencia de hostigamiento, agresiones y asesinatos en perjuicio de integrantes de comunidades por parte de grupos de choque armados y del crimen organizado que han actuado para debilitar la oposición de las comunidades frente al ingreso de la minería en sus territorios. De la misma forma se han evidenciado violaciones al derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua y derecho a la salud, por la contaminación producto de las actividades de exploración y explotación minera.

Que se cree de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.

Que se cumpla con las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos al estado mexicano, en particular de las relatorías especiales de naciones unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos.

El extractivismo se coloca como una amenaza significativa para la reproducción de nuestra vida comunitaria y no como la opción de desarrollo que pregonan los gobiernos federal, estatal, y empresas privadas. En menos de treinta años, se ha profundizado la pobreza, la migración masiva, el deterioro del tejido social comunitario y ha habido una fuerte represión de quienes nos oponemos a este modelo económico. Todo esto al servicio de grandes corporaciones y caciques locales.

Por todo eso, y con la legitimidad que nos brindan las decisiones de nuestras asambleas comunitarias que declaran nuestros territorios libres de minería, decimos:

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

¡Oaxaca territorio prohibido para la minería!

Pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes en el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca

 

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Informe Juicio Popular Comunitario contra del Estado y las Empresas Mineras

Organizaciones y comunidades participantes en el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras”, realizado en octubre del 2018, invitan a la conferencia de prensa para presentar el dictamen final y el informe del ‘Juicio Popular Comunitario contra del Estado y las Empresas Mineras’ que se llevó a cabo el 11 y 12 de octubre en Oaxaca.

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Comunidades y organizaciones en Oaxaca darán mensaje al nuevo Gobierno Federal y presentarán informe

Organizaciones y comunidades participantes en el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras”, realizado en octubre del 2018, invitan a la conferencia de prensa para presentar el dictamen final y el informe del juicio. Se contará con la presencia de comunidades afectadas por proyectos mineros.

Fecha: Lunes 10 de diciembre a las 11 horas

Lugar: Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, frente al Palacio de Gobierno.

LAS CONSULTAS IMPULSADAS POR AMLO, VIOLAN DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y CONTRAVIENEN TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR MÉXICO

– LAS CONSULTAS CIUDADANAS LEGITIMAN EL DESPOJO DE TERRITORIOS INDIGENAS POR ACCIONES DEL GOBIERNO Y EMPRESAS

Boletín de prensa del Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la realización de una consulta popular a realizarse los próximos días 24 y 25 de noviembre para para preguntar al pueblo de México si está de acuerdo en la construcción del “Tren Maya”, el tren del Istmo de Tehuantepec y la reforestación de un millón de hectáreas, entre otros proyectos.

Reconocemos la disposición del próximo gobierno de implementar mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas, como de la consulta popular; sin embargo, consideramos que el próximo gobernante se ha precipitado en consultar, ya que por un lado no está respetando los protocolos internacionales para la realización de la consulta indígena y por otro no se ha proporcionado la información suficiente y necesaria para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tomar sus decisiones.

Estamos fuertemente preocupados de que en la próxima consulta que se pretende realizar, sobre el “Tren Maya”, el “Tren del Istmo” y la reforestación de un millón de hectáreas, entre otros proyectos, vaya a utilizar el mismo procedimiento que se utilizó para la consulta sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, toda vez que en estas regiones se encuentran presentes pueblos y comunidades indígenas; por un lado comunidades mayas y por el otro lado comunidades zapotecas. Realizar la consulta del modo planteado ocasionará violaciones sus Derechos Humanos, y llevará en retroceso los mínimos avances de nuestro país en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmado y ratificado por el gobierno mexicano y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno mexicano está obligado a celebrar consultas hacia los pueblos indígenas, de buena fe, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Con la reforma Constitucional del 10 de junio del 2011, con en materia de derechos humanos quedo establecido que todas las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, así como los Convenios y Tratados Internaciones y las jurisprudencias de la Corte Interamericana, entre otros.

En consecuencia, se vuelve indispensable que la consulta a pueblos indígenas deba ser previa a la realización del proyecto; libre, por lo que no debe estar condicionada a algún tipo de apoyo o realizarse bajo algún tipo de presión; culturalmente adecuado; y para realizarla se debe proporcionar información de las posibles afectaciones al menos en los ámbitos económicos, sociales, culturales y ambientales; a fin de alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento.

La consulta que se ha anunciado por el Presidente electo no cumple con los procedimientos que se han mencionado anteriormente y es totalmente violatorio a los Derechos Humanos, adicionalmente quien está consultando es un gobierno que aún no entra en funciones, por lo que aún no cuenta con la autoridad para realizarla.

La implementación de la consulta popular en los territorios indígenas, abonaría más a la grave discriminación, e invisibilizaciòn a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y seria contrario lo que se ha escuchado en los medios de comunicación respecto al reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Manifestamos que las organizaciones y los pueblos indígenas NO permitiremos que se sigan violando nuestros derechos humanos, y nos sigan despojando de nuestros territorios bajo el amparo del interés público, a través de consultas que no cumplen con los mínimos estándares internacionales.

Hacemos un llamado a los pueblos y sus organizaciones a defender por todos los medios posibles los derechos colectivos de nuestros pueblos y no permitir acciones para legitimar el despojo a nuestros territorios.

Al pueblo de México le pedimos que no se preste a simular una acción de participación ciudadana que pasará sobre los derechos de los pueblos que hemos dado sustento a esta nación.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 23 de noviembre del 2018.

Organizaciones Integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio.

Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez S.C., Tequio Jurídico A.C., Servicios para una Educación Alternativa, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

 

Mineras responsables de 22 casos de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas. Exigen comunidades cancelación de concesiones y derogación de la Ley Minera

Comunidades indígenas de Oaxaca denuncian asesinatos de personas defensoras, contaminación de los bienes comunes y fractura de las instancias de organización comunitaria como resultado de la actividad minera en el estado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 12 de octubre de 2018.- Veintidós casos de violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas fueron presentados en el ‘Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y las Empresas Mineras’ que se llevó a cabo el 11 y 12 de octubre en Oaxaca.

El Juicio Popular hizo posible que los pueblos y comunidades ejercieran su derecho a la protesta, la libre determinación y autonomía en un espacio seguro, lo que les permitió denunciar abusos y violaciones a derechos fundamentales, ante la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones e impartir justicia.

Estuvieron presentes autoridades y miembros de los pueblos Chatino, Chontal, Cuicateco Ikoots, Mixe, Mixteco, Zapoteco y mestizo, en representación de 52 comunidades de regiones de Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca. Las y los representantes de los pueblos presentaron evidencias para denunciar proyectos mineros que se implementan con engaños o condicionamientos -incluyendo la criminalización y la represión- violentando el derecho a la vida de las personas y el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

Las denuncias fueron presentadas a un jurado integrado por expertas y expertos internacionales, dando cuenta de la forma en que los proyectos mineros debilitan las instancias de organización como las asambleas comunitarias, atacan e incluso desaparecen o asesinan a personas defensoras, contaminan el agua y destruyen las zonas de siembra, ante la omisión o complicidad del estado. Actualmente se encuentran activos en Oaxaca, 41 proyectos mineros que pertenecen empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La Secretaría de Economía ha otorgado 322 concesiones mineras de 2002 a 2016 en el estado de Oaxaca. Estas concesiones abarcan una superficie total de 462 mil 974 hectáreas.

Además, los proyectos mineros han violado derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas como: el derecho al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, derecho al desarrollo propio, derecho a la identidad cultural y derecho a la información técnica y culturalmente adecuada.

Uno de los testimonios de mayores afectaciones al tejido comunitario fue presentado por habitantes de San José del Progreso, comunidad donde la mina Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines trabaja en la explotación de oro y plata desde 2011.

“Nos han dañado las parcelas en las que sembramos cerca de la empresa, nos han encarcelado y han asesinado a Bernardo Vázquez Sánchez y a Bernardo Méndez. Exigimos la cancelación de la minera Cuzcatlán y de todas las empresas en el estado de Oaxaca y castigo a los culpables por los asesinatos”, exigió Ignacio Francisco Vázquez Sánchez, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO).

Habitantes del municipio de Magdalena Ocotlán, por su parte, denunciaron el reciente desbordamiento de la presa de jales de la empresa Fortuna Silver Mines, que contaminó el Río del Coyote. “La gente está alarmada porque el Río del Coyote se pintó de blanco. A escasos 10 metros del río está el pozo de agua que abastece a mi pueblo, a mi gente; y la autoridad municipal ya avisó a la gente que no consuma el agua del pozo, ¡pero dicen los mineros que no contaminan!”, reclamó uno de los representantes de esa comunidad.

Los casos fueron presentados ante un jurado conformado por Blanca Chancosa, Vicepresidenta de la Ecuarunari de Ecuador; Jakeline Romero Epiayu, integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu y Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia; Daniel Cerqueira, abogado brasileño experto en Derechos Indígenas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Ignacio Henriquez, maestro en administración pública con experiencia en cooperación de Oxfam en El Salvador; Miguel Álvarez, presidente de SERAPAZ y Premio Nacional de Derechos Humanos de México; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de México; Beatriz Gutiérrez, defensora comunitaria del Pueblo Ikoots de San Mateo del Mar, Oaxaca; Carmen Herrera García, de Abogados y Abogadas por la Justicia de los Derechos Humanos A.C; Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, experto en derechos indígenas.

El jurado contó con el apoyo de los peritos, Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (CECCAM); Saul Rosado Zaidi del Colectivo Multidisciplinario por las Alternativas Locales (COMAL) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) y Saúl Aquino, ciudadano de Capulálpam de Méndez.

Las consideraciones del veredicto final del jurado, fueron:

  1. Adoptar medidas y políticas que garanticen de manera plena y efectiva el ejercicio de la libre determinación, autonomía, formas de gobierno y relación con sus territorios, lagunas, ríos, montañas y mares; así como estricto respeto de sus Sistemas normativos.
  2. Declarar el estado de Oaxaca como un territorio libre de proyectos mineros.
  3. Cancelar las concesiones y asignaciones mineras vigentes por haberse otorgado en completa violación de los derechos de los Pueblos indígenas y campesinos;
  4. Suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas;
  5. Derogación de la actual Ley Minera y otras que guardan relación con esta industria; y la aprobación de una nueva ley en el marco de respeto de los derechos de los Pueblos indígenas y campesinos, protectora y tendiente a reparar integralmente las violaciones a derechos humanos hasta hoy ocasionadas.
  6. Garantizar a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad. Asimismo, se lleve a cabo la ratificación por parte del Senado de la República, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
  7. Detener la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas.
  8. Creación de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los Pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.
  9. Cumplir con las recomendaciones formuladas al Estado mexicano por los mecanismos internacionales de Derechos Humanos, en particular de las Relatorías Especiales de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos.El veredicto se entregará a autoridades comunitarias, estatales, nacionales e instancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

 

Comunidades y organizaciones participantes

Comunidades

Sierra Sur: San Pedro Tepalcatepec, San José Chiltepec, San Miguel Chongos, Santa Lucía Mecaltepec, Santa María Zapotitlán, Santa Ana Tavela, Miahuatlán, Santo Domingo Teojomulco, San Pedro Quiatoni, San Miguel Panixtlahuaca, Santos Reyes Nopala.

Valles Centrales: San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, San Juan Guelavía, Magdalena Teitipac, Tlacolula de Matamoros, Maguey Largo, Villa Díaz Ordáz, Ejutla de Crespo, Los Ocotes Ejutla, Sebastián Tutla, San Juan Chilateca, Santa Catarina Minas, San Felipe Apostol, Xaaga-Mitla, San Martín de los Cansecos, Oaxaca de Juárez, Reyes Etla, Villa de Etla.

Sierra Norte: San Miguel Cajonos, Tanetze de Zaragoza, Santa Catarina Lachatao, Santa Catarina Yahuio, Santiago Teotlaxco, San Pedro Yaneri, Capulálpam de Méndez, San Pedro Cajonos, San Juan Tepanzacoalco, San Juan Chicomezuchil, San Juan Juquila Vijanos, Villa Hidalgo Yalalag.

Istmo: Santo Domingo Zanatepec, La Ventosa, Niltepec, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar.

Mixteca: Tejocotes, agencia de San Juan Mixtepec, Tlaxiaco.

Cañada: San Juan Tepeuxila

Organizaciones

Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO),Tequio Jurídico A.C., Oxfam México, CDI Flor y Canto A.C., SERvicios del Pueblo Mixe A.C, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO), Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca (SURCO) A.C., Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), Radio Aire Zapoteco, Geocomunes, UCIZONI A.C., Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA), Guardianes del Mar, CDH Tepeyac, PRAXIS, Sección XXII CNTE-SNTE, Comuna Oaxaca, Consorcio Oaxaca, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), EPOCA, FPR Miahuatlán, Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI), Enlace Comunicación A.C., Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Pobladores A.C., Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata (UCIO-EZ); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA – DH), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), American Jewish World Service (AJW), Fundacíón Appleton, Oxfam IBIS, Pan para el Mundo. Instituciones de Investigación: CIIDIR, BUAP, UABJO, FLACSO, UNAM.

Observadores: Brigadas por la Paz (PBI), Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Partner Südmexiko e.V., Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Convocatoria y materiales del Juicio:

http://endefensadelosterritorios.org/category/juicio-popular-vs-mineria/

Defensoras del Territorio: San Martín de los Cansecos

#OaxacaVsMineria Faltan 2 días para el Juicio Popular Comunitario Contra el Estado y las Empresas Mineras http://endefensadelosterritorios.org/

San Martín de los Cansecos es un municipio vecino de San José del Progreso, al igual que San José, Monte del Toro, Ocotes y el Vergel defienden su territorio frente a la expansión del proyecto minero denominado “Trinidad Norte”.

La comunidad fue uno de los primeros asentamientos humanos en la región, lucharon por la dotación de su ejido en años anteriores y actualmente se encuentran en la defensa de su territorio.

A mediados de 2016, impulsaron su Declaratoria de Territorio Prohibido para la Minería, la cual fue inscrita ante el Registro Agrario Nacional, en palabras de su Comisariado de Bienes Ejidales: “la comunidad se opone a la mina para no sufrir las mismas consecuencias por la contaminación ambiental y el rompimiento del tejido social que hubo en San José del Progreso”.

La principal preocupación de San Martín de los Cansecos representa un eventual derrame de la presa de jales del proyecto minero “San José” en San José del Progreso.

Defensoras del Territorio: San José del Progreso

#OaxacaVsMineria Faltan 3 días para el Juicio Popular Comunitario Contra el Estado y las Empresas Mineras http://endefensadelosterritorios.org/…

La comunidad de San José del Progreso ha estado en resistencia al proyecto minero “San José” desde hace una década, cuando en 2006 ciudadanas y ciudadanos recibieron la información de que una empresa minera quería reactivar un proyecto minero en la región.

Ante esta situación decidieron organizarse en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) para defender su territorio, su organización y vida comunitaria, además de su tejido social y medio ambiente. Sin embargo a partir de una serie de acciones de criminalización del movimiento, agresiones, detenciones arbitrarias y asesinatos, el proyecto minero se impuso en la comunidad.

Las y los pobladores han venido denunciando un creciente clima de hostigamiento y amenazas que culminó en los primeros meses del año 2012 en el asesinato de dos miembros de la COPUVO, Bernardo Vázquez Sánchez y Bernardo Méndez Vázquez, quienes habían participado del proceso de oposición a la presencia de la empresa minera.

Además de las agresiones hacia defensoras y defensores, dicho proyecto ha producido una serie de afectaciones al medio ambiente, entre las cuáles se encuentran: luminosidad por trabajo nocturno en las áreas de extracción y operación que afecta la fauna local; un consumo de agua es de 1, 500m3 por día (lo que equivale a 1 millón 500 mil litros , que a su vez corresponde a 150 pipas de agua de 10 000 litros por día) y la existencia de una presa de jales que almacenas substancias potencialmente tóxicas y que tendrá, al finalizar el proyecto, una capacidad de 2, 306, 752 m3 (lo que equivale a 2 mil 306 millones 752 mil litros de contaminantes).

A eso se suma el ruido y vibraciones en el suelo generadas por la detonación de explosivos para la extracción de minerales que se perciben hasta 8 km de distancia, principalmente en comunidades aledañas: Monte del Toro, Magdalena Ocotlán, San Matias Chilazoa y la Noria de Ortiz. Pese a la oposición de San José del Progreso, el proyecto anunció en 2014 la expansión del proyecto minero, denominada “Trinidad Norte”, dicha ampliación afectaría directamente las comunidades de: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, los Ocotes y el Vergel.

Afectaciones al Medio Ambiente por la Actividad Minera de Cuzcatlán-Fortuna Silver

Según información proporcionada por la propia empresa Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines, el proyecto minero ubicado a 40 km de la ciudad de Oaxaca  generará impactos permanentes al medio ambiente, como la alteración de la geoforma, en la profundidad del suelo, erosión y pérdida del suelo natural.

Las detonaciones provocan ruido y vibraciones que se perciben hasta 8 kilómetros de distancia, las principales comunidades afectadas son San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazo, La Noria de Ortiz, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos.

El presente vídeo advierte los impactos del proyecto “San José”, es parte de la campaña “Ni Oro Ni Plata, la Minería Mata” impulsada en la región por autoridades agrarias y municipales, además del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

EN OAXACA PERSISTEN VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS CONSULTADOS

  • Colectivo Oaxaqueño presenta informe de la etapa consultiva del proceso de Consulta Indígena en Valles Centrales.
  • Autoridades responsables: CONAGUA, CDI, SEMARNAT, SAI, CFE no asisten a la presentación de Informe.

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios[1] presenta su informe de la etapa consultiva dentro del Proceso de consulta indígena y consentimiento previo, libre e informado sobre la modificación del decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como valle de Oaxaca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1967.

En dicha presentación fueron invitadas las autoridades responsables (CONAGUA) y el órgano Técnico (CDI, SAGARPA, SEGOB, SEMARNAT, SAI y CFE), sin embargo, aunque recibieron invitación en tiempo y forma no se presentaron. Esto corrobora el patrón de violación a derechos por parte de las instituciones del gobierno federal y estatal que ha sido permanente durante todo el proceso de consulta indígena.

En lo que respecta a la etapa consultiva que inicio en febrero del 2017, como Observadores, nos hemos  constituimos en al menos 10 actividades (asambleas, mesas de trabajo y reuniones) en las que han estado presentes los sujetos de consulta[2], autoridad responsable (CONAGUA) así como el Órgano Garante  y Comité Técnico Asesor, respecto a estos últimos, las instituciones federales y estatales, desde el inicio de la consulta, han mostrado en su participación, irregularidades en su asistencia y cambios en el personas, que han dificultado los compromisos, y en general el desarrollo de las actividades y compromisos previstos.

De manera particular, en esta etapa Consultiva, vemos que se repiten los mismos patrones de violación sistemática a los derechos de los sujetos consultados, por mencionar algunos:

  • A nivel nacional, el marco jurídico en materia de derechos indígenas, la falta de armonización de leyes secundarias, las nuevas leyes derivadas de las reformas energéticas y las reformas en materia de derechos humanos, han provocado una dificultad en el momento de articular un instrumento jurídico que vincule y haga operativos los posibles acuerdos de modificación al decreto de veda y la reglamentación local.
  • El principio de buena fe al que incluso han aducido las instituciones federales se ha convertido en una excusa para disculpar la inoperancia e incumplimiento de acuerdos.
  • Se ha profundizado un patrón sistemático de violación a los derechos por parte de las instituciones federales y estatales involucradas en el proceso de consulta, lo cual obstaculiza y viola el derecho de consulta de los pueblos que participan en el proceso.
  • La violación del derecho a la no discriminación por parte de las instituciones federales y estatales a los pueblos consultado.
  • Las instituciones federales y estales adolecen de una institucionalidad que permita hacer efectivos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas: falta de presupuestos, comunicación interna, falta de coordinación entre autoridades locales y las instancias federales y estatales, falta de capacitación en materia indígena y respeto por la diversidad cultural e interculturalidad, falta de transparencia de la información pública entre otras.

Exigimos:

De la autoridad responsable (CONAGUA), Órgano Garante  y Comité Técnico Asesor del proceso de Consulta subsanar las violaciones a los derechos de las comunidades consultadas, identificadas desde la etapa informativa a la etapa consultiva, reiterando que no hacerlo pondría en riesgo todo el proceso de Consulta Indígena:

  • Se establezca una coordinación efectiva entre los órganos Responsable, Garante y el Comité Técnico Asesor.
  • Se haga entrega de convocatorias en el tiempo y la forma acordadas.
  • Se respete y reconozca la diversidad cultural de las comunidades participantes en el proceso, dicho reconocimiento debe traducirse en un trato digno e igualitario, en metodologías culturalmente adecuadas, puntualidad, asimismo debe traducirse en el Glosario de Términos y la propuesta de modificación del decreto de veda.
  • Hacer entrega de la información solicitada por las comunidades participantes desde el inicio del proceso de Consulta.
  • Que exista una metodología clara y consensada para el análisis de las propuestas de reglamentación del acuífero.
  • Que los funcionarios públicos de las dependencias federales y estatales que asistan a las actividades tengan capacidad para tomar decisiones y acuerdos.
  • Incorporar opiniones de expertos para aportar opinión sobre cada una de las propuestas presentadas, bajo el enfoque de la libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho humano al agua.

Hacemos un llamado para que en este proceso de Consulta Previa, Libre e Informada para la Revisión y Modificación del Decreto de Veda de 1967 sean respetados los derechos a la autonomía y libre determinación de los sujetos consultados, de la región Xidzaa, que este proceso y los resultados respeten también las propuestas y argumentos de los propios sujetos consultados.

En nuestro país hace falta reformas constitucionales que reconozcan plenamente los derechos territoriales, autonomía y libre determinación de los pueblos, comunidades indígenas y campesinas, para que las consultas no se conviertan en un instrumento de legitimación de proyectos y políticas públicas que benefician intereses particulares en nombre del “bien público”.

Atentamente

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), Tequio Jurídico A.C., Unión de Comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO), Servicios del Pueblo Mixe A.C. (Ser Mixe), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

[1] Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), Tequio Jurídico A.C., Unión de Comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO), Servicios del Pueblo Mixe A.C. (Ser Mixe), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

[2]  AsunciónOcotlán, San Martín Tilcajete, San Pedro Mártir, San Antonino Castillo Velasco,San Pedro Apóstol, Santa Ana Zegache, San Isidro Zegache, Santiago Apóstol, San Sebastián Ocotlán, La Barda Paso de Piedras, Tejas de Morelos, San Jacinto Ocotlán, San Felipe Apóstol, El Porvenir, Maguey Largo y San Matías Chilazoa.