Mineras responsables de 22 casos de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas. Exigen comunidades cancelación de concesiones y derogación de la Ley Minera

Comunidades indígenas de Oaxaca denuncian asesinatos de personas defensoras, contaminación de los bienes comunes y fractura de las instancias de organización comunitaria como resultado de la actividad minera en el estado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 12 de octubre de 2018.- Veintidós casos de violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas fueron presentados en el ‘Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y las Empresas Mineras’ que se llevó a cabo el 11 y 12 de octubre en Oaxaca.

El Juicio Popular hizo posible que los pueblos y comunidades ejercieran su derecho a la protesta, la libre determinación y autonomía en un espacio seguro, lo que les permitió denunciar abusos y violaciones a derechos fundamentales, ante la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones e impartir justicia.

Estuvieron presentes autoridades y miembros de los pueblos Chatino, Chontal, Cuicateco Ikoots, Mixe, Mixteco, Zapoteco y mestizo, en representación de 52 comunidades de regiones de Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca. Las y los representantes de los pueblos presentaron evidencias para denunciar proyectos mineros que se implementan con engaños o condicionamientos -incluyendo la criminalización y la represión- violentando el derecho a la vida de las personas y el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

Las denuncias fueron presentadas a un jurado integrado por expertas y expertos internacionales, dando cuenta de la forma en que los proyectos mineros debilitan las instancias de organización como las asambleas comunitarias, atacan e incluso desaparecen o asesinan a personas defensoras, contaminan el agua y destruyen las zonas de siembra, ante la omisión o complicidad del estado. Actualmente se encuentran activos en Oaxaca, 41 proyectos mineros que pertenecen empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La Secretaría de Economía ha otorgado 322 concesiones mineras de 2002 a 2016 en el estado de Oaxaca. Estas concesiones abarcan una superficie total de 462 mil 974 hectáreas.

Además, los proyectos mineros han violado derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas como: el derecho al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, derecho al desarrollo propio, derecho a la identidad cultural y derecho a la información técnica y culturalmente adecuada.

Uno de los testimonios de mayores afectaciones al tejido comunitario fue presentado por habitantes de San José del Progreso, comunidad donde la mina Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines trabaja en la explotación de oro y plata desde 2011.

“Nos han dañado las parcelas en las que sembramos cerca de la empresa, nos han encarcelado y han asesinado a Bernardo Vázquez Sánchez y a Bernardo Méndez. Exigimos la cancelación de la minera Cuzcatlán y de todas las empresas en el estado de Oaxaca y castigo a los culpables por los asesinatos”, exigió Ignacio Francisco Vázquez Sánchez, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO).

Habitantes del municipio de Magdalena Ocotlán, por su parte, denunciaron el reciente desbordamiento de la presa de jales de la empresa Fortuna Silver Mines, que contaminó el Río del Coyote. “La gente está alarmada porque el Río del Coyote se pintó de blanco. A escasos 10 metros del río está el pozo de agua que abastece a mi pueblo, a mi gente; y la autoridad municipal ya avisó a la gente que no consuma el agua del pozo, ¡pero dicen los mineros que no contaminan!”, reclamó uno de los representantes de esa comunidad.

Los casos fueron presentados ante un jurado conformado por Blanca Chancosa, Vicepresidenta de la Ecuarunari de Ecuador; Jakeline Romero Epiayu, integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu y Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia; Daniel Cerqueira, abogado brasileño experto en Derechos Indígenas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Ignacio Henriquez, maestro en administración pública con experiencia en cooperación de Oxfam en El Salvador; Miguel Álvarez, presidente de SERAPAZ y Premio Nacional de Derechos Humanos de México; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de México; Beatriz Gutiérrez, defensora comunitaria del Pueblo Ikoots de San Mateo del Mar, Oaxaca; Carmen Herrera García, de Abogados y Abogadas por la Justicia de los Derechos Humanos A.C; Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, experto en derechos indígenas.

El jurado contó con el apoyo de los peritos, Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (CECCAM); Saul Rosado Zaidi del Colectivo Multidisciplinario por las Alternativas Locales (COMAL) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) y Saúl Aquino, ciudadano de Capulálpam de Méndez.

Las consideraciones del veredicto final del jurado, fueron:

  1. Adoptar medidas y políticas que garanticen de manera plena y efectiva el ejercicio de la libre determinación, autonomía, formas de gobierno y relación con sus territorios, lagunas, ríos, montañas y mares; así como estricto respeto de sus Sistemas normativos.
  2. Declarar el estado de Oaxaca como un territorio libre de proyectos mineros.
  3. Cancelar las concesiones y asignaciones mineras vigentes por haberse otorgado en completa violación de los derechos de los Pueblos indígenas y campesinos;
  4. Suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas;
  5. Derogación de la actual Ley Minera y otras que guardan relación con esta industria; y la aprobación de una nueva ley en el marco de respeto de los derechos de los Pueblos indígenas y campesinos, protectora y tendiente a reparar integralmente las violaciones a derechos humanos hasta hoy ocasionadas.
  6. Garantizar a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad. Asimismo, se lleve a cabo la ratificación por parte del Senado de la República, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
  7. Detener la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas.
  8. Creación de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los Pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.
  9. Cumplir con las recomendaciones formuladas al Estado mexicano por los mecanismos internacionales de Derechos Humanos, en particular de las Relatorías Especiales de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos.El veredicto se entregará a autoridades comunitarias, estatales, nacionales e instancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

 

Comunidades y organizaciones participantes

Comunidades

Sierra Sur: San Pedro Tepalcatepec, San José Chiltepec, San Miguel Chongos, Santa Lucía Mecaltepec, Santa María Zapotitlán, Santa Ana Tavela, Miahuatlán, Santo Domingo Teojomulco, San Pedro Quiatoni, San Miguel Panixtlahuaca, Santos Reyes Nopala.

Valles Centrales: San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, San Juan Guelavía, Magdalena Teitipac, Tlacolula de Matamoros, Maguey Largo, Villa Díaz Ordáz, Ejutla de Crespo, Los Ocotes Ejutla, Sebastián Tutla, San Juan Chilateca, Santa Catarina Minas, San Felipe Apostol, Xaaga-Mitla, San Martín de los Cansecos, Oaxaca de Juárez, Reyes Etla, Villa de Etla.

Sierra Norte: San Miguel Cajonos, Tanetze de Zaragoza, Santa Catarina Lachatao, Santa Catarina Yahuio, Santiago Teotlaxco, San Pedro Yaneri, Capulálpam de Méndez, San Pedro Cajonos, San Juan Tepanzacoalco, San Juan Chicomezuchil, San Juan Juquila Vijanos, Villa Hidalgo Yalalag.

Istmo: Santo Domingo Zanatepec, La Ventosa, Niltepec, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar.

Mixteca: Tejocotes, agencia de San Juan Mixtepec, Tlaxiaco.

Cañada: San Juan Tepeuxila

Organizaciones

Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO),Tequio Jurídico A.C., Oxfam México, CDI Flor y Canto A.C., SERvicios del Pueblo Mixe A.C, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO), Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca (SURCO) A.C., Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), Radio Aire Zapoteco, Geocomunes, UCIZONI A.C., Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA), Guardianes del Mar, CDH Tepeyac, PRAXIS, Sección XXII CNTE-SNTE, Comuna Oaxaca, Consorcio Oaxaca, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), EPOCA, FPR Miahuatlán, Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI), Enlace Comunicación A.C., Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Pobladores A.C., Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata (UCIO-EZ); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA – DH), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), American Jewish World Service (AJW), Fundacíón Appleton, Oxfam IBIS, Pan para el Mundo. Instituciones de Investigación: CIIDIR, BUAP, UABJO, FLACSO, UNAM.

Observadores: Brigadas por la Paz (PBI), Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Partner Südmexiko e.V., Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Convocatoria y materiales del Juicio:

http://endefensadelosterritorios.org/category/juicio-popular-vs-mineria/

Defensoras del Territorio: San Martín de los Cansecos

#OaxacaVsMineria Faltan 2 días para el Juicio Popular Comunitario Contra el Estado y las Empresas Mineras http://endefensadelosterritorios.org/

San Martín de los Cansecos es un municipio vecino de San José del Progreso, al igual que San José, Monte del Toro, Ocotes y el Vergel defienden su territorio frente a la expansión del proyecto minero denominado “Trinidad Norte”.

La comunidad fue uno de los primeros asentamientos humanos en la región, lucharon por la dotación de su ejido en años anteriores y actualmente se encuentran en la defensa de su territorio.

A mediados de 2016, impulsaron su Declaratoria de Territorio Prohibido para la Minería, la cual fue inscrita ante el Registro Agrario Nacional, en palabras de su Comisariado de Bienes Ejidales: “la comunidad se opone a la mina para no sufrir las mismas consecuencias por la contaminación ambiental y el rompimiento del tejido social que hubo en San José del Progreso”.

La principal preocupación de San Martín de los Cansecos representa un eventual derrame de la presa de jales del proyecto minero “San José” en San José del Progreso.

Defensoras del Territorio: San José del Progreso

#OaxacaVsMineria Faltan 3 días para el Juicio Popular Comunitario Contra el Estado y las Empresas Mineras http://endefensadelosterritorios.org/…

La comunidad de San José del Progreso ha estado en resistencia al proyecto minero “San José” desde hace una década, cuando en 2006 ciudadanas y ciudadanos recibieron la información de que una empresa minera quería reactivar un proyecto minero en la región.

Ante esta situación decidieron organizarse en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) para defender su territorio, su organización y vida comunitaria, además de su tejido social y medio ambiente. Sin embargo a partir de una serie de acciones de criminalización del movimiento, agresiones, detenciones arbitrarias y asesinatos, el proyecto minero se impuso en la comunidad.

Las y los pobladores han venido denunciando un creciente clima de hostigamiento y amenazas que culminó en los primeros meses del año 2012 en el asesinato de dos miembros de la COPUVO, Bernardo Vázquez Sánchez y Bernardo Méndez Vázquez, quienes habían participado del proceso de oposición a la presencia de la empresa minera.

Además de las agresiones hacia defensoras y defensores, dicho proyecto ha producido una serie de afectaciones al medio ambiente, entre las cuáles se encuentran: luminosidad por trabajo nocturno en las áreas de extracción y operación que afecta la fauna local; un consumo de agua es de 1, 500m3 por día (lo que equivale a 1 millón 500 mil litros , que a su vez corresponde a 150 pipas de agua de 10 000 litros por día) y la existencia de una presa de jales que almacenas substancias potencialmente tóxicas y que tendrá, al finalizar el proyecto, una capacidad de 2, 306, 752 m3 (lo que equivale a 2 mil 306 millones 752 mil litros de contaminantes).

A eso se suma el ruido y vibraciones en el suelo generadas por la detonación de explosivos para la extracción de minerales que se perciben hasta 8 km de distancia, principalmente en comunidades aledañas: Monte del Toro, Magdalena Ocotlán, San Matias Chilazoa y la Noria de Ortiz. Pese a la oposición de San José del Progreso, el proyecto anunció en 2014 la expansión del proyecto minero, denominada “Trinidad Norte”, dicha ampliación afectaría directamente las comunidades de: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, los Ocotes y el Vergel.

Afectaciones al Medio Ambiente por la Actividad Minera de Cuzcatlán-Fortuna Silver

Según información proporcionada por la propia empresa Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines, el proyecto minero ubicado a 40 km de la ciudad de Oaxaca  generará impactos permanentes al medio ambiente, como la alteración de la geoforma, en la profundidad del suelo, erosión y pérdida del suelo natural.

Las detonaciones provocan ruido y vibraciones que se perciben hasta 8 kilómetros de distancia, las principales comunidades afectadas son San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazo, La Noria de Ortiz, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos.

El presente vídeo advierte los impactos del proyecto “San José”, es parte de la campaña “Ni Oro Ni Plata, la Minería Mata” impulsada en la región por autoridades agrarias y municipales, además del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

EN OAXACA PERSISTEN VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS CONSULTADOS

  • Colectivo Oaxaqueño presenta informe de la etapa consultiva del proceso de Consulta Indígena en Valles Centrales.
  • Autoridades responsables: CONAGUA, CDI, SEMARNAT, SAI, CFE no asisten a la presentación de Informe.

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios[1] presenta su informe de la etapa consultiva dentro del Proceso de consulta indígena y consentimiento previo, libre e informado sobre la modificación del decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como valle de Oaxaca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1967.

En dicha presentación fueron invitadas las autoridades responsables (CONAGUA) y el órgano Técnico (CDI, SAGARPA, SEGOB, SEMARNAT, SAI y CFE), sin embargo, aunque recibieron invitación en tiempo y forma no se presentaron. Esto corrobora el patrón de violación a derechos por parte de las instituciones del gobierno federal y estatal que ha sido permanente durante todo el proceso de consulta indígena.

En lo que respecta a la etapa consultiva que inicio en febrero del 2017, como Observadores, nos hemos  constituimos en al menos 10 actividades (asambleas, mesas de trabajo y reuniones) en las que han estado presentes los sujetos de consulta[2], autoridad responsable (CONAGUA) así como el Órgano Garante  y Comité Técnico Asesor, respecto a estos últimos, las instituciones federales y estatales, desde el inicio de la consulta, han mostrado en su participación, irregularidades en su asistencia y cambios en el personas, que han dificultado los compromisos, y en general el desarrollo de las actividades y compromisos previstos.

De manera particular, en esta etapa Consultiva, vemos que se repiten los mismos patrones de violación sistemática a los derechos de los sujetos consultados, por mencionar algunos:

  • A nivel nacional, el marco jurídico en materia de derechos indígenas, la falta de armonización de leyes secundarias, las nuevas leyes derivadas de las reformas energéticas y las reformas en materia de derechos humanos, han provocado una dificultad en el momento de articular un instrumento jurídico que vincule y haga operativos los posibles acuerdos de modificación al decreto de veda y la reglamentación local.
  • El principio de buena fe al que incluso han aducido las instituciones federales se ha convertido en una excusa para disculpar la inoperancia e incumplimiento de acuerdos.
  • Se ha profundizado un patrón sistemático de violación a los derechos por parte de las instituciones federales y estatales involucradas en el proceso de consulta, lo cual obstaculiza y viola el derecho de consulta de los pueblos que participan en el proceso.
  • La violación del derecho a la no discriminación por parte de las instituciones federales y estatales a los pueblos consultado.
  • Las instituciones federales y estales adolecen de una institucionalidad que permita hacer efectivos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas: falta de presupuestos, comunicación interna, falta de coordinación entre autoridades locales y las instancias federales y estatales, falta de capacitación en materia indígena y respeto por la diversidad cultural e interculturalidad, falta de transparencia de la información pública entre otras.

Exigimos:

De la autoridad responsable (CONAGUA), Órgano Garante  y Comité Técnico Asesor del proceso de Consulta subsanar las violaciones a los derechos de las comunidades consultadas, identificadas desde la etapa informativa a la etapa consultiva, reiterando que no hacerlo pondría en riesgo todo el proceso de Consulta Indígena:

  • Se establezca una coordinación efectiva entre los órganos Responsable, Garante y el Comité Técnico Asesor.
  • Se haga entrega de convocatorias en el tiempo y la forma acordadas.
  • Se respete y reconozca la diversidad cultural de las comunidades participantes en el proceso, dicho reconocimiento debe traducirse en un trato digno e igualitario, en metodologías culturalmente adecuadas, puntualidad, asimismo debe traducirse en el Glosario de Términos y la propuesta de modificación del decreto de veda.
  • Hacer entrega de la información solicitada por las comunidades participantes desde el inicio del proceso de Consulta.
  • Que exista una metodología clara y consensada para el análisis de las propuestas de reglamentación del acuífero.
  • Que los funcionarios públicos de las dependencias federales y estatales que asistan a las actividades tengan capacidad para tomar decisiones y acuerdos.
  • Incorporar opiniones de expertos para aportar opinión sobre cada una de las propuestas presentadas, bajo el enfoque de la libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho humano al agua.

Hacemos un llamado para que en este proceso de Consulta Previa, Libre e Informada para la Revisión y Modificación del Decreto de Veda de 1967 sean respetados los derechos a la autonomía y libre determinación de los sujetos consultados, de la región Xidzaa, que este proceso y los resultados respeten también las propuestas y argumentos de los propios sujetos consultados.

En nuestro país hace falta reformas constitucionales que reconozcan plenamente los derechos territoriales, autonomía y libre determinación de los pueblos, comunidades indígenas y campesinas, para que las consultas no se conviertan en un instrumento de legitimación de proyectos y políticas públicas que benefician intereses particulares en nombre del “bien público”.

Atentamente

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), Tequio Jurídico A.C., Unión de Comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO), Servicios del Pueblo Mixe A.C. (Ser Mixe), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

[1] Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), Tequio Jurídico A.C., Unión de Comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO), Servicios del Pueblo Mixe A.C. (Ser Mixe), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

[2]  AsunciónOcotlán, San Martín Tilcajete, San Pedro Mártir, San Antonino Castillo Velasco,San Pedro Apóstol, Santa Ana Zegache, San Isidro Zegache, Santiago Apóstol, San Sebastián Ocotlán, La Barda Paso de Piedras, Tejas de Morelos, San Jacinto Ocotlán, San Felipe Apóstol, El Porvenir, Maguey Largo y San Matías Chilazoa.

Informe de la Observación de la Consulta en los Valles Centrales de Oaxaca-Etapa Consultiva

De acuerdo con nuestra función como observadores de la consulta realizada en los Valles Centrales de Oaxaca, desde febrero de 2017 hemos documentado y sistematizado las actividades realizadas durante la fase  consultiva del proceso.

El presente informe, sistematiza pues las principales violaciones a los derechos de pueblos y comunidades indígenas generadas durante la etapa consultiva. Consta de cinco apartados, los cuáles describimos a continuación:

Antecedentes: Consideraciones Previas al Inicio de la Etapa Consultiva. Resume las principales recomendaciones emitidas en las etapas anteriores por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

Observación de la Etapa Consultiva. Describe sistemáticamente el actuar de los órganos Responsable, Garante y el Comité Técnico Asesor de la Consulta durante las reuniones y actividades realizadas en esta etapa, principalmente hace hincapié en el incumplimiento de diversos acuerdos, los cuáles fueron constantes y permanentes durante dicha etapa.

Violaciones a los Derechos Humanos de Pueblos y Comunidades en el Marco de la Consulta Implementada en los Valles Centrales. En este apartado describimos las violaciones generadas durante la etapa Consultiva, que van desde la impuntualidad y ausencia de funcionarios públicos, hasta la falta de una armonización legislativa que reconozca efectivamente los derechos de pueblos y comunidades indígenas.

El Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada para la Revisión y Modificación del Decreto de Veda de 1967, a la Luz de otros Procesos de Consulta Indígena Realizados en México. Expone las diversas experiencias de consulta que se han dado en el país así como las irregularidades y violaciones denunciadas en las mismas.

Conclusiones y Recomendaciones. Finalmente en este apartado ubicamos las principales recomendaciones realizadas por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios a los órganos Responsable, Garante, Técnico Asesor y Sujetos de la Consulta.

Esperamos que dicho informe contribuya de manera significativa al reconocimiento y respeto de los derechos de las comunidades indígenas que conforman la región Xidzaa y que proporcione elementos para que las consultas llevadas a cabo en el país respeten y retomen verdaderamente las propuestas, argumentos y alternativas colocadas por pueblos y comunidades indígenas, campesinas y rurales; y no se conviertan en un instrumento de legitimación de proyectos y políticas públicas que benefician intereses particulares en nombre del “bien público”.

Descargar el Informe en PDF Aquí…

DENUNCIARÁN A EMPRESAS MINERAS Y AUTORIDADES EN JUICIO POPULAR

Comunidades y organizaciones de Oaxaca anuncian juicio popular comunitario contra las empresas mineras y el estado.

Este importante trabajo se realizará durante los días 11 y 12 de octubre del presente año en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces y juezas internacionales y peritos expertos en minería.

El juicio popular comunitario pretende articular las resistencias y llevar a juicio a las empresas mineras y al estado. El juicio popular recibirá las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto.

Recordamos que estos proyectos mineros han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria. Aun así, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.

En el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros (3 en etapa de explotación comercial: San José, El Águila y Alta Gracia). Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente.

Por otro lado, se encuentran una diversidad de experiencias comunitarias, de organización social y creación de alternativas frente a la minería. Los pueblos y comunidades están impulsando acciones de reapropiación y reivindicación de sus territorios, pese a estos trabajos que dignifican la vida comunitaria, el Estado y las empresas se encuentran criminalizando dichas acciones.

Debido a todas las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras), es momento de articularnos entre los pueblos. Exijamos el respeto a nuestros derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales.

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

CONVOCAN

Comunidades y Organizaciones asistentes al Segundo Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”

Comité Organizador:

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC);  Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Comisión de Seguimiento de la Asamblea Chontal; Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI); Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac; Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA); Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA); ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.; Grupo de Investigación-Acción Autónoma; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO); Oxfam México A.C.; Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER); Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Tequio Jurídico A.C., Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata (UCIO-EZ); Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca  S.C. (UNOSJO).

 

Para más información consultar: http://endefensadelosterritorios.org/category/juicio-popular-vs-mineria/

 

O escribir a: colectivoaxaca@yahoo.com.mx

CONVOCATORIA: Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca

 ¿Cómo surge el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca?

Esta iniciativa surge a partir de los acuerdos generados en el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” realizado en la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, los días 23 y 24 de febrero de 2018. En dicho encuentro participamos alrededor de 60 comunidades y 36 organizaciones que actualmente están enfrentando los embates del modelo extractivista. En dicho encuentro analizamos que es importante empezar a articularnos para fortalecer nuestra defensa, además de enjuiciar al Estado y las empresas mineras por sus acciones.

¿Por qué realizar un juicio popular comunitario?

En las últimas dos décadas el proyecto neoliberal-extractivista se ha profundizado en México, impulsando diversos proyectos de muerte, amparados en tratados y acuerdos comerciales internacionales y una legislación que permite una violación sistemática a los derechos de pueblos y comunidades. Dentro de estos proyectos se encuentra la minería como uno de los ejes principales del modelo, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.

Estos proyectos han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria. En el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros. Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios  ancestralmente.

Los gobiernos federal, estatal y municipal, conjuntamente con las empresas han desarrollado una serie de estrategias para presionar a los pueblos y sus autoridades municipales, agrarias y comunitarias para que acepten los trabajos de prospección, exploración y explotación minera. Dentro de estas estrategias se encuentran los programas RRAJA (antes-Fanar-Procede), Proagro (antes Procampo), programas de conservación, además de coaccionar económicamente o bajo amenazas a las autoridades locales que están en oposición.

El actual gobierno estatal ha definido como una política de “desarrollo” económico impulsar con mayor fuerza los proyectos mineros, anunciando una inversión de 87.5 millones de dólares. Esta inversión no se traduce en un ingreso directo al presupuesto del Estado, y tampoco en  mejorar el nivel y calidad de vida de las comunidades donde la minería se pretende desarrollar. Por el contrario profundiza la brecha de desigualdad y pobreza, ya que en la práctica las empresas únicamente entregan el 1% de sus ganancias totales repartidas entre el gobierno federal, estatal y municipales, por lo que este contexto violenta los derechos al territorio, a la libre determinación, a un medio ambiente sano, a la paz comunitaria, entre los más importantes.

Por otro lado, se encuentran una diversidad de experiencias comunitarias, de organización social y creación de alternativas frente a dicho modelo, los pueblos y comunidades están impulsando acciones de reapropiación y reivindicación de sus territorios, pese a estos trabajos que dignifican la vida comunitaria, el Estado y las empresas se encuentran criminalizando dichas acciones.

Debido a todas las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras), es momento de articularnos, que los pueblos den su palabra y exijan el respeto a sus derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Por tal motivo convocamos al  Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca.

Objetivo: Visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros, para hacer frente al modelo extractivo, exigir el respeto de los derechos de los pueblos y fortalecer la articulación de las luchas.

¿Quiénes pueden participar? Convocamos a pueblos, comunidades, organizaciones, autoridades municipales, agrarias y comunitarias  que tienen alguna problemática y/o violación a sus derechos, derivada de la implementación de proyectos mineros, por la asignación de concesiones mineras,  así como actividades de prospección, exploración o explotación minera.

¿Cómo puedes participar? Hay dos modalidades de participación, la primera de ellas es presentando el caso de tu comunidad, pueblo u organización durante el Juicio, para esto se ha elaborado una ficha de demanda popular que puedes encontrar en el enlace siguiente de esta convocatoria. Para registrar tu caso puedes enviarlo al correo: colectivoaxaca@yahoo.com.mx, o registrarla directamente dando click AQUÍ. Una vez que tu caso sea recibido, la Oficialía Popular se pondrá en contacto contigo para requerir mayor información y comunicar el procedimiento a seguir para el Juicio.

La segunda modalidad de participación es asistiendo y participando en el desarrollo del Juicio, para esto es importante confirmar tu asistencia al correo mencionado anteriormente.

Cabe mencionar que el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca será una actividad pública.

Finalmente el jurado estará integrado por experiencias y expert@s  estatales, nacionales e internacionales; en el transcurso de estos meses daremos más información sobre el procedimiento del Juicio, sede y formato. Les iremos informando.

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

CONVOCAN

Comunidades y Organizaciones asistentes al Segundo Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”

Comité Organizador: Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC);  Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Comisión de Seguimiento de la Asamblea Chontal; Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI); Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac; Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA); Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA); ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.; Grupo de Investigación-Acción Autónoma; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO); Oxfam México A.C.; Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER); Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Tequio Jurídico A.C., Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata (UCIO-EZ); Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca  S.C. (UNOSJO).

AUDIOS: Juicio Popular contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca

Hemos preparado 3 spots de audio para difundir el Juicio Popular, para escuchar los spots, por favor da click en los siguientes enlaces:

Spot 1:

Spot 2:

Spot 3:

Spot 4: