PRONUNCIAMIENTO: Justicia para San Jose del Progreso

A dos años del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, quien perdió la vida en un ataque perpetrado por  su oposición al proyecto minero “San José”, impuesto en la comunidad de San José del Progreso desde 2006 por la empresa minera “Fortuna Silver Mines” con sede en Vancouver Canadá, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, manifiesta lo siguiente:

Denunciamos  que el proyecto minero “San José”  ha violentado el derecho a la vida y a la paz comunitaria. En la comunidad  han  habido detenciones arbitrarias, tortura, amenazas de muerte, lesiones, homicidios, uso indiscriminado de la fuerza pública, portación ilegal de armas, intimidaciones, persecuciones, abuso de autoridad, uso indebido de recursos públicos, negación de los servicios de salud, aunado a la denuncia sobre contaminación en el aire por la emisión de polvo y ruidos, contaminación del agua y afectaciones a las viviendas, todo esto representa una grave irresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, mismos que están obligados por la legislación en el país y comprometidos internacionalmente para proteger, promover y respetar los derechos humanos, máxime cuando se trata de violaciones a los derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas.

Reafirmamos que San José del Progreso no se ha caracterizado por ser una comunidad violenta, como lo han asegurado  las autoridades del estado de Oaxaca y los representantes de la empresa minera, por el contrario, el clima de inseguridad, temor, fuerte división interna, confrontación y el grave rompimiento del tejido social-comunitario ha sido un proceso generado y acelerado por la llegada de la empresa minera, que no respetó en ningún momento las prácticas y sistemas de toma de decisión internos en la comunidad.

Hasta el momento la empresa minera se encuentra rebasando las responsabilidades que le corresponden al Estado por disposición legal en materia de salud, educación y vivienda. Las instituciones gubernamentales responsables de monitorear el uso no partidario y equitativo de los fondos públicos, permiten la instrumentalización a favor de los intereses de la empresa, por lo cual los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad perciben a las instituciones del estado como son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Desarrollo Social, por mencionar las más importantes como “El brazo derecho de la empresa minera”.

Aunado al conjunto de agresiones descritas anteriormente, nos encontramos con una legislación completamente desfavorable e inequitativa para el buen vivir de los pueblos y comunidades del país y específicamente del estado de Oaxaca. Donde actualmente se encuentra concesionado el 8% del territorio estatal, con 26 proyectos de capital trasnacional en puerta. En este tema es alarmante que ninguna comunidad haya sido consultada al momento de entregar dichas concesiones, así como la falta de información y comunicación oficial sobre el estado o impactos  de dichos proyectos que se encuentran distribuidos prácticamente por todo el territorio estatal. Dicha situación viola los derechos a la libre determinación y al territorio internacionalmente reconocidos y firmados por el gobierno mexicano. En este sentido el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, exige:

Al gobierno estatal y Federal le exigimos la cancelación inmediata del proyecto minero “San José” ubicado en los Valles Centrales de Oaxaca, ya que a raíz de su imposición se han violentado sistemáticamente los derechos colectivos de la comunidad indígena zapoteca ubicada en esta región.

A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca le exigimos castigo para los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, asimismo exigimos castigo para los responsables de las amenazas, intimidaciones y agresiones contra miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del valle de Ocotlán. A siete años, dichos delitos continúan en impunidad.

A la Secretaría de Economía le exigimos la cancelación inmediata de las concesiones mineras: Progreso, Progreso II, Progreso II bis y Progreso III, mismas que fueron otorgadas sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los habitantes de San José del Progreso.

La actividad minera no es una opción de desarrollo para los pueblos y comunidades de Oaxaca, de ahí que comunidades como San José del Progreso, Magdalena Teitipac, Silacayoapilla, Capulálpam de Méndez, entre otras se hayan opuesto rotundamente a la instalación de dichos proyectos. Por el contrario la minería es una actividad eminentemente despojadora del territorio,  impulsada por intereses privados que ha vulnerado de manera sistemática los derechos humanos de pueblos y comunidades a nivel nacional e internacional.

Finalmente hacemos un reconocimiento a la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán por su compromiso para la defensa de la autonomía y los territorios de los pueblos indígenas de Oaxaca. 

Justicia para San José del Progreso

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C.; Tequio Jurídico A.C.; Servicios del Pueblo Mixe (Ser Mixe) A.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) A.C.; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) S.C.

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