Fuente: Noticias Voz e Imagen
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), presentó ayer la publicación «El derecho a la consulta de los pueblos indígenas: la importancia de su implementación en el contexto de los proyectos de desarrollo a gran escala».
En la biblioteca Francisco de Burgoa, que se localiza en el ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, los participantes señalaron que en las últimas décadas los proyectos de desarrollo a gran escala han afectado, gravemente, las condiciones de vida de los pueblos indígenas. «Proyectos como presas hidroeléctricas, minas, carreteras o plantaciones de monocultivo tienen un gran impacto entre los territorios de los pueblos indígenas, privándolos de su sustento material y del disfrute de lugares de enorme importancia cultural y espiritual. Por lo tanto, el desarrollo de proyectos conlleva a menudo graves violaciones a los derechos humanos».
Por su parte, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado en Naciones Unidas, Javier Hernández Valencia, comentó que ante esta situación la comunidad internacional, con el apoyo de la ONU, ha desarrollado varios instrumentos que protegen los derechos de los pueblos indígenas frente a la realización de grandes proyectos de desarrollo. «Los más importantes son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos documentos fueron activamente apoyados por el Estado mexicano y reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones que afectan a sus derechos e intereses». Ante el secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes; Cenobio Chávez, presidente de Pueblos Unidos en Defensa de Río Verde; y Ana María García, del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, subrayó que los pueblos indígenas deben ser actores claves en la toma de decisiones sobre los proyectos que los afecten: los gobiernos están obligados a proveer toda la información relativa a los proyectos desde sus primeras etapas, y a consultar a los pueblos indígenas, a ser parte activa en cualquier decisión que se tome.
«Por lo tanto, debe existir un diálogo con los y las representantes de los pueblos indígenas y una negociación que determine si el proyecto se realizará o no, y en qué términos. En tres casos, además su consentimiento es un requisito imprescindible para la legalidad del proyecto: cuando éste suponga un gran impacto en sus tierras, haga necesario el desplazamiento de la población, o implique el depósito de materiales peligrosos, el gobierno no puede seguir adelante con el proyecto si los pueblos indígenas no muestran libremente su apoyo inequívoco».