MINERÍA EN OAXACA: RAÍZ DE LA VIOLENCIA

La historia de la minería en México y en especial en Oaxaca, es antigua, sin embargo el modelo de saqueo y explotación se implementó con más fuerza en la colonia. A finales del siglo XIX en la época de Porfirio Díaz empresas extranjeras tomaron posesión de las principales minas en el país. Esta situación continúa con empresas de Canadá, Estados Unidos, Australia y Europa.

En el estado de Oaxaca existe una gran diversidad de minerales, como son: plata, oro, plomo, zinc, hierro, titanio y uranio, principalmente. Según datos de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, para el año 2008, las concesiones para la exploración y explotación, cubrían el 12.5% del territorio del estado, lo que equivale a más de un millón de hectáreas.

 

Se han otorgado 20 proyectos a 15 empresas, las principales concesiones en Oaxaca: Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp, Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources, Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius Gold, Compañía Minera Plata Real, NewCoast Silver Mines LTD, Aura Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd.

Por el estudio de varios casos en Oaxaca se comprobó que la llegada de las empresas mineras a las comunidades y municipios ha generado varias afectaciones y ha creado las condiciones propicias para conflictos, que muchas veces terminan en violencia.

En el caso del municipio de San José del Progreso la empresa canadiense Continuum Resources, obtuvo la concesión del proyecto San José, anteriormente denominada Trinidad, con lo cual empezó a tomar muestras del suelo y otras actividades de exploración. Además empezaron una campaña para convencer a los ejidatarios para la firma de contratos de usufructo para treinta años y así logro tomar posesión de 200 hectáreas, este proceso continua. Está en duda la legalidad de este proceso debido a que la asamblea ejidal nunca finalizó el proceso de privatización de sus tierras, por eso todavía son propiedad colectiva.

En 2008 la mina fue comprada por la empresa minera canadiense Fortuna Silver, a través de la filial mexicana con el nombre de Minera Cuzcatlán, bajo una estrategia de protección legal del capital extranjero. Ahora están impulsando de una manera agresiva el reinicio de la explotación que está prevista en mediados de 2011.

Entre las principales afectaciones ambientales, sociales, económicas y culturales están:

– Contaminación del agua.

– Uso de la fuerza pública para desalojar a los habitantes de sus actividades de manifestación, violando derechos humanos.

– Detención y encarcelamiento de activistas de la comunidad.

– Corrupción de autoridades municipales y agrarias.

– División de la comunidad, mediante la entrega de diversos proyectos a parte de la ciudadanía y contratando a algunas personas de la comunidad pagándole 600 pesos semanales, sin contratos de seguridad ni garantía de continuidad.

Podemos concluir entonces que las prácticas utilizadas por las empresas y respaldadas por los gobiernos estatal y federal son el caldo de cultivo para los conflictos. Mientras se sigan favoreciendo intereses del capital extranjero, de empresarios mexicanos con prácticas corruptas desde el proceso de otorgamiento de las concesiones, hasta la imposición de estos proyectos se seguirán violentando los derechos humanos básicos, a la vida, a la seguridad, a la alimentación, a un medio ambiente sano y en el caso de pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la consulta y la información previa libre e informada.

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *